Si pudiéramos trasladar lo que está ocurriendo actualmente en la industria vitivinícola al ámbito del sindicalismo laboral, podríamos decir que el sector se encuentra en estado de asamblea permanente.
Porque las reuniones entre los sectores entre sí y entre los privados y el Gobierno, tanto provincial como nacional, se multiplican y el objetivo es uno solo: elevar el precio del vino de traslado, a los efectos de lograr que el productor pueda recibir valores que le permitan continuar en la actividad.
El problema se acrecienta porque las perspectivas económicas del país en un futuro inmediato no son las más adecuadas como para pensar en un crecimiento del consumo que permita descomprimir la actual situación.
Más aún cuando, en el primer semestre, los números oficiales determinan que la caída en el consumo de este año ha sido de casi 5 por ciento respecto del mismo período del año anterior.
Los sectores, en su gran mayoría -porque hay una entidad que tiene su propia opinión- han encarado el problema a través de dos vertientes.
En la Provincia, en reuniones con el Gobernador, quien lanzó la posibilidad de establecer un bono o Título Vitivinícola (TIVI) para sacar del mercado tres o cuatro meses de despacho y en la Nación, con cónclaves mantenidos con legisladores nacionales, el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Carlos Casamiquela y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de las que participa directamente la Corporación Vitivinícola Argentina y que tiene tres objetivos claros y precisos: impulsar la ley que otorga ventajas para las gaseosas que edulcoren con jugos naturales (entre los que se encuentra el mosto); la fijación, por ley del impuesto a los espumantes, ya que a fin de año vence la prórroga otorgada por la Presidenta y no hay posibilidades de una nueva y la posibilidad de discutir algún tipo de impuestos a otras bebidas, especialmente en las góndolas de los supermercados.
Un importante empresario señalaba días pasados en una mesa de café que es necesario intentar bajar el stock de blancos escurridos acudiendo a la exportación, para lo cual debería surgir algún tipo de apoyo de parte del Gobierno nacional.
Por de pronto, se supo que hubo ya una reunión con representantes de la embajada de Rusia en la Argentina a los efectos de buscar alguna salida para aumentar las ventas hacia ese país. También -dijo la fuente- es necesario que se aceleren los reintegros y la devolución del IVA.
Para la fuente, el mayor inconveniente que se plantea es el de los excedentes y hace falta dinero para alcanzar ese objetivo, con un escenario complicado, ya que la Provincia no cuenta con fondos suficientes y en el caso de la Nación difícilmente pueda lograrse, más aún conociendo lo que sucedió con la prórroga del desendeudamiento, de la que Mendoza quedó afuera.
En el caso de los títulos, gran parte de la industria considera que podría resultar una salida interesante, aunque advierten que no están dispuestos a pagar sobre tasas para el rescate de los bonos (cosa que sí ocurría con los Tidavidem), a lo que debe sumarse que la industria actual ha cambiado respecto de dos décadas atrás, en razón de que hay bodegas que no cuentan con un solo litro de blanco escurrido.
A todo ello debe sumarse la enorme brecha que existe entre el producto que sale de la bodega y el precio final que se vende en góndola, situación que no afecta a las otras bebidas en razón de que tanto en las cervezas, como en los jugos y hasta el agua mineral existe una mayor concentración en la oferta.
Se trata de cuestiones que no son sencillas, en un marco en el que urge su implementación. “Si nos atenemos a los hechos, la situación no sería tan grave, porque no es grande el sobrestock, pero son los litros suficientes para rebasar el vaso”, dijo un dirigente gremial empresario, quien agregó que puede llegar a producirse una fuerte disminución en la inversión en viñedos y muchos productores tradicionales pueden quedar muy cerca del abandono de sus viñas, al menos por el momento, entre otros aspectos.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este tiene su propia posición respecto de la actual situación por la que atraviesa la industria.
Dice -y así se lo ha hecho saber en una nota dirigida el Gobernador- que si es el sobrestock de vinos el que está presionando sobre los precios en el mercado de traslado, “se proceda entonces al bloqueo inmediato y obligatorio del 30 por ciento de las existencias de vino de todo tipo, calculadas al 1 de junio de 2014, tanto en la provincia de Mendoza como en San Juan”, agregando que no existe una situación excedentaria que justifique los actuales niveles de precios.
Destaca entonces que “atento al consenso de que hay que sacar 400 millones de litros del mercado para tonificar los precios y que ello debe ser rápido y contundente, la única posibilidad es el bloqueo inmediato y obligatorio”.
Dice que de ese modo, alrededor de 600 millones de litros, genéricos y varietales, quedarían en condiciones de ser adquiridos por medio de la emisión de un título y cuyo destino final podría ser la desnaturalización o los destinos más convenientes y que el bono podría utilizarse para el pago de tributos provinciales y, con los convenios pertinentes, al pago de algunas obligaciones nacionales.
Luego de plantear la posibilidad de revisar el acuerdo Mendoza-San Juan, la entidad del Este considera que habría que estimular la exportación de vinos a granel con un subsidio de 10 centavos de dólar por litro, buscando una posición más competitiva en el mercado internacional. De esa manera se podrían sacar -dice- 100 millones de litros con una inversión de 80 millones de pesos.
En el párrafo final, debemos señalar lo que está sucediendo en España, con el sobrestock de vinos que también influye sobre los precios. Sucede que, como consecuencia de la crisis económica, el consumo per cápita se derrumbó y el vino sobrante está siendo derivado a la exportación.
De todos modos, el Ministerio de Agricultura español decidió derivar un máximo de 4 millones de hectólitros de vinos a la destilación para uso industrial o energético, aunque estableció una condición: la medida se dejará sin efecto si, al mes de setiembre, la buena marcha de las ventas y las previsiones de campaña indican que no habrá grandes excedentes.
La decisión ha sido bien recibida por parte de los productores e industriales, quienes han decidido constituir una Interprofesional del Vino, que será un foro de encuentros del que podrían surgir medidas de auto regulación a favor de la calidad y de la diversificación de las producciones.
