Opinión Martes, 5 de diciembre de 2017 | Edición impresa

"Un fallo de la Justicia con poco sentido común" por Alfredo Aciar

Por Alfredo Aciar - Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía

La Corte provincial, en reunión plenaria del día 30 de octubre pasado, realizó una nueva revisión de la Ley Provincial nro. 7.198: “Aplicación de Tasas Anuales del Banco Nación Argentina para Convenios entre Partes”, modificando las bases ya sentadas en materia de intereses moratorios, en una clara dirección hacia fomentar la industria del juicio, aumentando los costos laborales contingentes de las empresas y desincentivando la inversión y la generación de empleo.

De esta forma, con el reciente "Fallo Lencinas c/Citibank", que sustituye al anteriormente vigente "Plenario Aguirre", la Corte provincial sube abruptamente la tasa de interés de referencia para juicios laborales, incrementándola alrededor de 15 puntos porcentuales anuales.

Indudablemente, el fallo incentiva en contra de la generación de empleo, ya que la litigiosidad laboral está incluida en las proyecciones de costos de las empresas. Esta situación va a generar una retracción en la tasa de empleo y, probablemente, un aumento en la tasa de desocupación en la provincia.

La tasa de referencia del Plenario Aguirre (actualmente TNA 26%), que se pretende dejar de usar, hoy resulta superior a la inflación (IPC INDEC 23% anual), por lo que cumpliría relativamente con la finalidad resarcitoria de la misma, haciendo innecesario el cambio planteado. 

Se supone que la tasa de interés de referencia debería servir para actualizar el poder adquisitivo del resarcimiento judicial a recibir, lo que está en relación directa a la inflación. 

Si esta última viene en baja, no tiene lógica subir la tasa de referencia para actualizar. 

Adicionalmente, utilizar la tasa libre del "Fallo Lencinas", en vez de la tasa del "Fallo Aguirre", lleva a la generación de un negocio financiero de litigar, ya que se genera un beneficio rentístico por el solo hecho de alargar el proceso judicial, lo que alienta a la "industria del juicio" con fines de negocio financiero, al crear un instrumento de inversión con rentabilidad inclusive superior a las LEBAC, lo que en estos tiempos ya es mucho decir.

No tiene ningún sentido aducir -como hicieron los jueces que votaron positivamente el nuevo fallo plenario- que el litigante, durante el tiempo de espera a cobrar su juicio, debe financiar sus consumos a tasas de interés de tarjeta de crédito o de préstamos personales. 

Utilizar esta lógica es inválida por la sencilla razón de que si tenemos un mercado financiero caro para la banca de individuos, también lo es igual de caro para la banca de empresas, cuyos clientes son a la postre los que pagan los juicios laborales.

En síntesis, estamos ante un fallo que, no hace otra cosa que propiciar a una mayor sensación de inseguridad jurídica, aumenta el costo laboral contingente empresario, desalienta la inversión y tiende a reducir la tasa de empleo. 

Es decir que, sencillamente, es una posición que va en contra del bien común que perseguiría cualquier Gobierno, de cualquier lugar del mundo, fuera el que sea su color político, su ideología y su plan de acción. 

Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.