Opinión Miércoles, 6 de diciembre de 2017 | Edición impresa

"Proveedores de internet, un proyecto de ley" - Por Federico Polak

Por Federico Polak - Presidente de Cadra (Centro de Administración de Derechos Reprográficos).

Por estos días se ha puesto en discusión un proyecto de ley sobre "Regulación a los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet" (Expte. Nº 0112-S-2016), impulsado por el senador Federico Pinedo y la senadora Liliana Fellner.

Dicho proyecto establece entre otras cosas que, cuando un material escrito, audiovisual, musical, etcétera, circule en Internet en condiciones que violen la propiedad intelectual de sus autores, los titulares de derecho deberemos interponer -por cada infracción que se detecte- una acción judicial.

Hasta ahora, podíamos denunciarlos con mecanismos establecidos dentro de la web, y eso era suficiente para que tuvieran que quitarlo de circulación.

Lo que quiero señalar es que, con esta nueva modalidad, los proveedores de servicios de enlace y búsqueda estarían exentos de responsabilidad por violar los derechos de autor, aun después de haber sido notificados por su legítimo titular de que el material que alojan infringe la ley.

Entonces no se verían obligados a retirarlos de sus sitios hasta que un juez lo dictaminara -ténganse en cuenta los tiempos que la Justicia se toma para actuar-.

La necesidad de interponer una acción judicial por cada una de las infracciones que se cometan en Internet, relacionadas con subir y/o poner a circular obras protegidas por el derecho de autor, impide garantizar una eficaz protección a los titulares del derecho, porque hará más difícil y caro el procedimiento, generando un excesivo dispendio jurisdiccional, e imposibilitando eliminar los contenidos ilegales con la misma velocidad con la que se agregan.

Esto, no sólo equivale a poner a los autores en el lugar de gendarmes de sus propios derechos sino también a aumentar    -de forma exorbitante- el costo y la litigiosidad.

Es importante remarcar que la propiedad intelectual tiene su raíz en el Artículo 17 de la Constitución Nacional, y debe leerse juntamente con la Cláusula Progreso (Inc. 18 Art. 75 CN.) y el art. 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, al establecer al derecho de autor como un derecho humano.

Asimismo, nuestro país -como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- asume las obligaciones de acuerdos de propiedad intelectual.

Es decir, nuestra legislación no sólo debe incluir derechos sustantivos sobre el tema sino también normas de "observancia" de la misma, a fin de que los derechos de autor sean efectivos y no una simple entelequia jurídica. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea para el país disputas y sanciones comerciales.

Por último, no escapa a la actual dinámica del mercado de proveedores de internet que una misma empresa sea, a su vez, titular de derechos de propiedad intelectual, y prefiera no ejercer la "defensa" de los mismos por considerar esta pérdida "menor", al contrastarla con las ganancias por la suscripción al servicio de Internet que se genera a partir de la circulación sin permiso de material como películas, música, libros, entre otros.

Pero aquí, los autores nos vemos totalmente perjudicados porque somos no sólo víctimas de piratería o reproducción ilegal sino que dejamos de percibir la remuneración básica por nuestro esfuerzo y trabajo de creación.

Por todo lo expuesto, habría que tener presente que la normativa a votar en su texto no permita el avasallamiento de derechos constitucionales, no contraríe obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en favor de sus creadores y, sí, tenga presente a todos los actores que componen nuestras preciadas industrias culturales que se explotan en internet.