Política Domingo, 15 de abril de 2018 | Edición impresa

Jugada para mantener a Pérez en el banquillo de los acusados

Con la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario a punto de caer, el denunciante esgrime la figura de fraude al Estado.

Por Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

El caso penal que tiene al ex gobernador Francisco Pérez como protagonista tendrá otro capítulo. El destino de la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público parece estar echado, dado que fue el propio fiscal Juan Manuel Bancalari el que pidió el sobreseimiento de Pérez.

Pero se pergeña una nueva imputación por fraude a la administración del Estado. Esa nueva jugada judicial implicaría que la investigación del caso deje de estar en manos de Bancalari y vaya a parar a la fiscalía de Delitos Económicos.

Buena parte de la jugada está vinculada al empecinamiento del denunciante de esa causa, el abogado José Rubio, quien hace 15 años era legislador del PD y hoy está lejos de la militancia, pero se ha transformado en un conocido litigante en causas vinculadas a la industria petrolera.

La causa que tiene a Pérez y a un puñado de ex funcionarios de su gobierno imputados es justamente por un problema petrolero. Durante el gobierno de Celso Jaque, el entonces ministro de Infraestructura Pérez y su entonces subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, prorrogaron por 10 años la concesión del área petrolera Chañares Herrados a la empresa Chañares Herrados Sociedad Anónima (Chasa), sin darse cuenta que la firma no tenía la capacidad financiera para hacer las inversiones que prometía hacer por esa prórroga.

Luego, cuando Pérez ya era gobernador, Vázquez siguió siendo subsecretario por un par de años y fue reemplazado por Pedro Sánchez, mientras que el ministro de Energía era Marcos Zandomeni; a todos se los acusa de no haber controlado el cumplimiento de las inversiones comprometidas por Chasa.

La denuncia del abogado Rubio fue presentada en noviembre de 2014. En esa presentación el letrado también apuntaba al perjuicio al Estado que implicaba la falta de compromiso de los funcionarios en el control de las inversiones; el daño al erario público se produce por la caída de regalías. En la misma denuncia, también se acusa a Chasa de no haber pagado el impuesto a los Sellos por la venta del paquete accionario que concretó en 2013 a la empresa petrolera Medanito SA.

Todos esos perjuicios al Estado no estaban contemplados en la imputación de Bancalari; ahí aparece la figura de fraude a la administración del Estado, que nunca fue contemplada. 

En los últimos días el denunciante Rubio agotó pasillos judiciales para detener el sobreseimiento pedido por Bancalari. La audiencia para que el juez de garantías David Mangiafico analizara el pedido de dejar fuera de la investigación a Pérez ya estaba citada para el viernes 13 de abril.

Rubio tocó las puertas adecuadas, porque justamente antes de que se produjera la audiencia, la idea de la “ampliación del avoque”, es decir de imputar por otro delito a Pérez, ya estaba en marcha. Mangiafico pasó la audiencia a cuarto intermedio: ¿fue para esperar la nueva imputación?

Al cambiar el foco de la investigación a fraude al Estado, también debería cambiar el fiscal que investiga; hoy las fiscalías están organizadas por la especialización de los delitos. Así le sacarían la causa a Bancalari e iría a parar a la fiscalía de Delitos Económicos.

No es el mejor momento del fiscal. En los recovecos del poder se susurra la palabra desidia y otras de tono barrial que aluden a un supuesto comportamiento poco proactivo de Bancalari; es que no faltan quienes se ofusquen diciendo que la causa está a punto de la prescripción, si es que no estaría ya prescripta.