Economía Jueves, 11 de enero de 2018 | Edición impresa

En febrero, el boleto de colectivo costará entre 10 y 11 pesos

Se realizó la audiencia pública en la que se estimó entre 22 y 25% la suba de los costos durante el año pasado.

Por Verónica De Vita - vdevita@losandes.com.ar

El Gobierno espera aumentar en febrero el boleto del transporte público de Mendoza. Así lo manifestó a Los Andes Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos quien además anticipó que el valor final de la tarifa plana (la más baja) sería de entre 10 y 11 pesos.

La decisión final se sabrá en unos 20 días, luego de que ayer se realizara la audiencia pública en la que las diferentes partes implicadas presentaron sus argumentos.

Esto incluyó una evaluación de los costos del servicio en la actualidad que se compara con los presentados hace poco más de un año cuando se hizo la audiencia anterior. 

Para el Gobierno, la diferencia es de 24,8%; mientras que para Autam (asociación de los propietarios de las empresas de transporte) es de 22,2%.

Raúl Mercau, de la organización, explicó que el costo del transporte público es más caro y de allí surge la diferencia en los cálculos.

Esto contempla los diversos componentes que hacen a los costos como salarios, combustible, seguro y mantenimiento, entre otros. 

Tanto Autam como la secretaría hacen su propio relevamiento y presentan sus propios números. Aunque la audiencia no es vinculante, Mema explicó que se utiliza para exponer la información mientras que los interesados pueden plantear su propio punto de vista. 

La visión del Gobierno

“La tarifa técnica (lo que debería costar sin subsidios) es 32 pesos”, señaló el funcionario. Aclaró que hay que tener en cuenta la gratuidad del boleto para algunos pasajeros y los descuentos a los que acceden otros. Por ende, detalló que lo que hoy se recibe en promedio por pasaje es 5,10 y no 8,50 pesos.

Una vez que se llega al costo por kilómetro hay que evaluar cómo se financia. En términos generales, un tercio se cubre con un subsidio nacional; otro tercio con un subsidio provincial, mientras que la tercera parte es la que cubre el usuario con el pago del pasaje. A partir de un cálculo inicial es que se contempla que el aumento necesario para cubrir el servicio elevaría el valor del pasaje de los 8,50 actuales a entre 10 y 11 pesos. 

La última audiencia se había realizado en diciembre de 2016. Por aquel entonces el boleto más económico costaba 6 pesos, allí se decidió llevarlo a 8 pesos en febrero de 2017 y luego a 8,50 en julio.

El Ejecutivo busca dar cierta equidad al sistema de manera tal que quienes viven más lejos y deben trasladarse grandes distancias no deban pagar tanto más.

Por ello estudian aplicar unos centavos más a la tarifa plana para atenuar el impacto del aumento en las tres restantes que hay en la provincia. 

Lógica empresaria

“La mecánica de ajustes es con una fórmula establecida en el contrato donde figuran los ítems que lo conforman”, explicó Mercau, quien expuso en la audiencia. “El empresario privado no pide un ajuste de tarifas sino una actualización de costos para la prestación del servicio que implica actualización de los precios de los insumos”, agregó. 

El cálculo del costo por kilómetro recorrido es un dato fundamental que según dijo estima en la actualidad en 0,41 litro de combustible, es decir que se insumen 41 litros por cada 100 kilómetros.

Refirió que en el sistema urbano hay prestadores públicos y concesionarios (Grupos 1 al 10), en ese tramo el promedio del costo por kilómetro da 40,07 pesos e implica una actualización del 22,2% ya que en febrero de 2017 era de 32,80 pesos. 

Por otra parte mencionó que el promedio de tarifas en el país es de 11,43 pesos. 

Además, advirtió que ven cierta inseguridad a futuro a partir de la política del gobierno nacional de reducir el déficit primario por lo que temen una reducción de los subsidios como ya ocurrió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Usuarios a la defensiva

Gisela Lamberti fue una de las participantes en representación de los consumidores, en este caso por la Asociación Consumidores Mendocinos. 
Dijo que con el mecanismo de aumento se está vulnerando el derecho a la movilidad que está contemplado a nivel internacional. 

“Entendemos que el aumento resulta confiscatorio” porque sin considerar los otros servicios básicos no se está asegurando el acceso. Hace referencia a lo señalado por la Corte Suprema que advierte que los aumentos deben ser razonables y no confiscatorios. Por eso, señalan que deben evaluarse incrementos conjuntos de todos los servicios públicos para determinar qué proporción del salario insumen y asegurar el acceso a un recurso que no puede resignarse porque es parte de los derechos de las personas. 

Cuestionó la convocatoria por no habérsele dado la publicidad necesaria que favoreciera la participación (Ver aparte).”En realidad era un mero trámite porque esta mañana (por ayer) los diarios ya decían de cuánto podía ser el aumento. Lo que se hace es cumplir con el acto administrativo pero el Gobierno arregla con las empresas”, advirtió. 

Por otra parte consideró que “los cálculos de costos son dudosos” y el aumento se traslada directamente al usuario. 

Audiencia express 

La audiencia pública para discutir el aumento del boleto del transporte público se realizó ayer por la mañana en el espacio Julio Le Parc. Se trató de una reunión cuestionada por los defensores de los derechos de los consumidores por no haber tenido la publicidad adecuada de manera tal de favorecer la participación.

De hecho fue muy escueta para la magnitud del tema tratado: comenzó a las 9 y a las 10.30 ya había terminado, tuvo poca asistencia de público y tan sólo 8 expositores, lo que incluyó uno de Autam y uno por el Gobierno. 

¿Me prestás una factura?

Otro de los cuestionamientos de las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores es que las empresas que deben presentar individualmente comprobantes de los costos de los diferentes insumos, usaron en algunos casos facturas compartidas. Es decir que una determinada empresa presentó facturas que estaban a nombre de otra. 

“Esto muestra una cartelización y podría suponer una estafa al Estado; el año pasado sucedió lo mismo. Solicitamos a la Secretaría de Servicios Públicos que presentara una compulsa penal pero no sabemos en qué quedó eso”, dijo Gisela Lamberti.

Raúl Mercau de Autam dijo que no hay ninguna irregularidad en ello ya que no se trata de una auditoría para demostrar costos sino simplemente calcularlos. Señaló que puede ocurrir que una empresa no tenga una compra reciente de un determinado insumo y pida un comprobante a otra.