Sup. Economía Domingo, 24 de septiembre de 2017 | Edición impresa

El plan del gobierno para 2018

El Presupuesto para el año próximo comenzó a tratarse en el Congreso y aparecen serios debates y cuestionamientos que podrían complicarlo, sobre todo en lo referido a los nuevos endeudamientos.

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes

El Gobierno nacional mandó al Congreso el proyecto de Presupuesto para el año próximo. La importancia de este proyecto es porque en el mismo el gobierno dice lo que piensa hacer y lo que piensa gastar para hacerlo. Es la ley más importante de cada año y los debates acerca de los planes y previsiones siempre sacan a relucir convicciones y contradicciones tanto del oficialismo como de la oposición.

Esta semana se presentaron en el Congreso, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la cámara de Diputados, los ministros de Hacienda (Nicolás Dujovne) y de Finanzas (Luis Caputo), quienes explicaron detalles de la propuesta y debatieron con los legisladores.

De las previsiones hay varios puntos que preocupan y otras previsiones que no son compartidas ni por los legisladores ni por los economistas privados. Entre las preocupaciones aparece el volumen del déficit fiscal, del 3,2%. Frente a un déficit de 4,3% de este año, y una proyección de crecimiento de 3,5% no parece muy posible esa reducción del déficit que, además, sigue siendo excesivamente elevado. Los que objetan el déficit, insólitamente atacan al gobierno de querer hacer nuevos ajustes al anunciar nuevos aumentos de tarifas.

El problema que surge rápidamente es que ese déficit debe ser financiado con nueva emisión de deuda externa, y los que se oponen vuelven a poner el grito en el cielo. La ecuación es simple. La forma de bajar el déficit es eliminar sus subsidios y aumentar las tarifas y así no habrá que emitir deuda. Pero si quieren seguir con subsidios, no hay más alternativas que emitir deuda o emitir moneda falsa.

El problema es que el gobierno tomó un camino intermedio, el del gradualismo, y por lo tanto, prevé reducir un 20% los subsidios a la energía (electricidad y gas) y 5% al transporte, pero como no le alcanza mantiene déficit y tiene que emitir nueva deuda. Un dato que escandaliza por el crecimiento pero no por su incidencia de corto plazo es el crecimiento de los intereses de la deuda de un 28%, esto es, 12 puntos más que la inflación.

Es aquí donde aparecen las dudas. Es que aunque baja un poco el déficit primario, sube casi hasta el 6% el déficit financiero. Éste es el costo del gradualismo. Lo que se mantiene en subsidios hay que financiarlo con más deuda y las ventajas dejan de serlo para transformarse en una ecuación de suma cero. Hasta agosto de este año, los ahorros en subsidios fueron de $ 20.000 millones y los intereses de la deuda $ 56.000 millones. Si bien no todo corresponde al financiamiento del déficit, hay una gran parte que prácticamente se equipara.

Otra duda se presenta con el cálculo de la inflación, ya que el gobierno fijó una estimación de 15,7%, frente a una meta del 12% del Banco Central. Pensando que 2017 terminará en 22% aproximadamente, y teniendo en cuenta los aumentos de tarifas previstos para el próximo, el cálculo parece excesivamente optimista.

Otra duda se cierne sobre la recuperación del empleo, ya que el gobierno calcula una tasa de crecimiento del 3,5%, pero con una tasa de inversión de 17%. Para obtener esa mejora del PBI la inversión debería estar más cerca del 22%. Como fuere, la posibilidad de creación de empleo es muy baja y puede centrarse en la construcción, aunque siempre es bueno recordar que son empleos a plazo fijo, por el tiempo que dure la obra.

El gobierno proyecta obras por   $ 21.000 millones, pero además lo hará por el sistema de participación público-privada, lo que implica que el sector privado aportará otros 20.000 millones de pesos. Se trata de 52 proyectos que se ya se han subido a la página del Ministerio de Finanzas. Casi todas estas obras llevan financiamiento internacional a largo plazo, lo que resulta razonable.

El proyecto deja claro que habrá aumentos tarifarios. El más importante será en la electricidad, un poco menos en el gas y la gran duda es el impacto sobre el transporte. El proyecto prevé disminuir sólo un 5% los subsidios a esta actividad, tomado sobre la base de este año en el cual no bajaron sino que subieron. Como siempre, en todos los subsidios, el impacto mayor será en el área de la Capital y el conurbano, que tienen los mayores atrasos.

El proyecto también estima déficit en la balanza comercial, dado que se calculan los ingresos de viene de capital que ya anticiparon diversos sectores que importarán. El déficit calculado supera los 6.000 millones de dólares porque, además, se estiman menos ingresos del campo ya que hay casi 10 millones de hectáreas inundadas, la mayoría de las cuales no podrán producir en la actual campaña agrícola.

 

Los interrogantes del Central

Para que el plan del gobierno cierre debería haber una coordinación con la política monetaria del Banco Central que, como sabemos, es autónomo. Las dudas vuelven a surgir por las herramientas de la autoridad monetaria para cumplir los objetivos de inflación.

El año pasado, el BCRA fijó como metas entre el 15% y 17% para 2017 y entre el 10% y 12% para 2018. Como ya hemos dicho, las metas de este año no se cumplirán, más aún con aumentos tarifarios previstos para  noviembre y la posibilidad de un incremento del 3% en el precio de los combustibles. 

Más difícil será cumplir las del próximo año con los aumentos tarifarios que pueden surgir de la eliminación parcial de subsidios. Es aquí donde toman cuerpo las objeciones más grandes que se hacen a la estrategia del Banco Central de controlar la inflación usando solamente la tasa de interés. Hoy el nivel de tasa no frena la inflación pero le pone un tope al nivel de actividad.

Hasta ahora el uso de las tasas de referencia ha demostrado no ser una herramienta eficaz, ni siquiera en Estados Unidos, ya sea para controlar la inflación o para estimular la economía. Hace unos días, el economista Guillermo Calvo señalaba que es muy difícil para los países emergentes controlar la variable inflacionaria sólo con la tasa ya que tenía dos fuentes de costos con distintas monedas. 

Mientras se ajustan salarios en pesos, los precios internacionales  se manejan en dólares, lo que implica, señaló Calvo, que no se puede tener un mercado cambiario sin reglas claras. “El BCRA debería tener una regla más explícita para que el mercado sepa sobre cómo y cuándo interviene para ser más previsible” afirmó.

Calvo fue explícito al afirmar que la tasa de interés por sí misma no es un ancla para la inflación y que esto ya quedó muy demostrado en los países desarrollados y también en los emergentes, como Brasil, en la década de los ´80. “Hay que tener dos anclas: una cambiaria, para entrar y salir del mercado en condiciones explícitas, y la tasa de interés, como indicador” remarcó. 

También señaló muy claro que “la tasa de interés sola para controlar la inflación no sirve, cuando el gobierno le cree al gobierno”. Con esto, quiso señalar que en la medida que se mantenga este gradualismo, el mercado seguirá buscando apuestas porque las reglas de juego de Argentina no son claras y los inversores no creen a las autoridades.

Como se ve, lo que el gobierno quiere hacer está expuesto en el Presupuesto y no parece muy convincente. No obstante, es probable que si la oposición se hace muy grande, deberán ser muy claros en cuanto a objetivos y tiempos para conseguir que el Congreso apoye nuevos endeudamientos.