Opinión Fincas Sábado, 2 de diciembre de 2017 | Edición impresa

El impuesto que no fue y el desmontaje de un discurso

Por Mauro Sosa - Gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este

La disputa con el gobierno nacional sobre el tema impuesto interno al vino parece un asunto terminado. El accionar del aparente pero monolítico frente común del sector privado vitivinícola para impugnar la amenaza del gravamen, nos invita a reflexionar sobre un aspecto insoslayable.

Es que los argumentos utilizados para contrarrestar las razones de un impuesto al vino aplican con la misma energía y contundencia para desaprobar y revelar los perjuicios del comportamiento comercial de las empresas que concentran la actividad, particularmente las que ejercen una posición dominante.

En efecto, las razones esgrimidas para rechazar la imposición y que fueron expresadas frente a los medios de comunicación, autoridades provinciales, nacionales y compartidas por todos, incluidas aquellas empresas decían que “el impuesto interno atentaría contra el productor por la rebaja del precio de la uva y el vino al no poder trasladarlo al consumidor; que el sector más afectado sería el de la producción; que van a destruir a los productores de vino; que no hay turismo del vino sin productores; que la industria del vino va a desaparecer; que lesiona la economía de la región; que van a quedar miles de familias en la calle y esto va a representar más problemas para el Estado; que la vitivinicultura es una economía regional incomparable; que el vino es la Bebida Nacional; que el impuesto era una ofensa y una aberración”. 

Hagamos ahora el ejercicio de recordar lo ocurrido hasta hace muy poco en el mercado de uvas y traslado de vinos. Podríamos precisarlo así: fijación de precios por debajo de los costos a pagar en plazos y condiciones inadmisibles por no decir indignas. Parecía que la situación no podía ser peor.

Sin embargo, comenzaron las importaciones de vinos desde Chile. El trato que el oligopsonio propina a los pequeños y medianos productores, elaboradores y fraccionadoras confirma de modo irrefutable similares resultados que la aplicación de un impuesto interno al vino siendo tan inconveniente y perjudicial como una política de precios bajos y condiciones de pago arbitrarias.

Más aún, la declamada convicción de que la vitivinicultura es una economía regional única e incomparable y por lo cual reclama ser tratada diferencialmente -con razón- debería demostrarse en una sana y comprometida vinculación de las grandes empresas con el vital sector de la producción y elaboración; lo contrario es su negación. 

Este doble rasero, según lo ameriten las circunstancias, es un acto perverso en tanto conducta hipócrita y se agrava por cuanto el destinatario de sus consecuencias es el mismo sujeto económico; el mismo que acompaña en todas las coyunturas “malas” y debe conformarse con los exiguos beneficios de las coyunturas “buenas”.

Nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevimiento y, a riesgo de confirmarlo, resulta lícito y pertinente reclamar una convivencia comercial justa y sustentable para con los productores y elaboradores; no debe repetirse la triste experiencia de los últimos años ni aceptar la naturalización de un proceso de concentración sostenido en un mecanismo discrecional de formación de precios. 

En vista de este desatino es condición de un Estado fuerte y moderno superar sus puntos ciegos e interceder justo allí donde se cruza el interés propio con el interés colectivo, donde el eslabón más fuerte de la cadena somete al más débil. Mientras tanto, a nivel nacional se ha definido como la ley más importante del año la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia. La esperanza es lo último que se pierde.

Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.