Opinión Lunes, 4 de diciembre de 2017 | Edición impresa

De la obligación y la extorsión, al decreto - Por Sebastián Henríquez

Por Sebastián Henríquez - Secretario general del SUTE

Esta columna de opinión se enmarca entre dos términos que extraigo del diccionario. El primero, es el significado de deuda: “Obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero./ Obligación moral contraída con alguien”.

La segunda definición es la de extorsión: “Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenaza para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”.

Con anuncios en los medios de comunicación, y durante la campaña electoral, el propio Gobernador anunció que el Estado pagaría la deuda por el adicional zona, oportunamente reconocido, pero que no cobraban.

Sin embargo, se despachó con una novedad: “Si quieren cobrar la deuda, el sindicato nos tiene que firmar nuevos criterios para categorizar las escuelas”. 

Resulta, a su vez, que esos nuevos “criterios” son un cheque en blanco por el cual las escuelas pierden todo poder de decisión y toda participación, que ya tenían garantizadas por el Estatuto del Docente y los acuerdos paritarios.

Ya explicamos varias veces cómo ese proyecto abre el camino para que baje el salario de los docentes y celadores en cualquier momento de su carrera. Salarios que están entre los más bajos de la administración pública y del país.

Uno creería que un gobierno que tiene a todos los cargos docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza, debería tener como prioridad saldar esa situación.

Sobre todo por las consecuencias que tiene que los celadores necesiten hasta tres trabajos y los docentes tengan que estar todo el día frente a alumnos, corriendo de una escuela a la otra, para poder sobrevivir.

Las consecuencias son el desgaste emocional y físico acelerado que repercuten en la”calidad” educativa. En cambio, las propuestas del Gobierno siguen girando sobre alguna nueva opción para degradar aún más ese salario.

Por cierto, no nos limitamos a rechazar. Llevamos una contrapropuesta: paguen la deuda, que es su obligación, y avancemos en un proceso serio y responsable, de recategorización de las escuelas. El Gobierno fue, finalmente, el que rechazó.  

Por otra parte, la lógica de la extorsión convierte a la paritaria, y al “diálogo” sobre el que tanto se monologa en una farsa. Porque si el diálogo no llega a donde quiere el Gobierno, se transforma rápidamente en decreto.

En este caso, se transforma en proyecto de modificación del Estatuto del Docente para que la Legislatura, devenida en escribanía del nuevo oficialismo, le dé la venia que no obtuvo de las escuelas.

 Así las cosas, el Gobierno de la Provincia puede seguir jugando la carta de la extorsión y del decreto hasta que se gaste. Más tarde o más temprano, el miedo y la impotencia se transforman en su contrario. De nosotros puede esperar diálogo, pero no sumisión ni claudicaciones.