Policiales Martes, 17 de abril de 2018 | Edición impresa

Condenan al Estado mendocino a pagar $1,5 millón por la prisión de un policía

La Provincia deberá indemnizar a Felipe Gil Fernández, acusado en la “mafia” de la Fuerza hace 18 años.

Por Oscar Guillén - oguillen@losandes.com.ar

La Corte provincial ordenó al Estado provincial que indemnice con la suma de 1 millón 500 mil pesos  al policía Felipe Gil Fernández, quien  permaneció detenidos durante 4 años y luego fue juzgado y absuelto por dos emblemáticos homicidios  -los de José Zambrano y Pablo Rodríguez- muertes que precipitaron la caída de la  recordada “mafia policial”.

Con la firma de los jueces Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Mario Adaro, la  Sala Primera de la Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario planteado por el Estado y confirmó la sentencia que  la Segunda Cámara Civil que condenó a la Provincia de Mendoza a pagar 1.500.000 pesos -más intereses- en concepto de daño moral.

“Se trata de una persona (el cabo Gil)  que estuvo privada de su libertad por 1.465 días en virtud de seis causas, de las cuales en ninguna resultó condenado. Así, en una de las causas fue sobreseído y en las cinco restantes la Fiscal de Cámara no procede a formular acusación. En sólo una de ellas -y teniendo presente que los querellantes mantienen la acusación- la Séptima Cámara del Crimen lo absuelve por el beneficio de la duda”, advierte el fallo de la Corte.

Luego sostiene que no es arbitrario el fallo de la cámara civil “ya que existió dilación indebida de los procesos y arbitrariedad del auto de procesamiento y que ambas encontraba su causa en el irregular procedimiento de la instrucción”.

También observa que “si bien la persecución del delito y la imposición de penas hacen a la función de administrar justicia, propia del Estado, ello no significa que no deba reparar los daños ocasionados a una persona que luego de ser privada de libertad, fue absuelta”.

En otro momento, el fallo sostiene que  aun cuando se considere que no hubo funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial en el dictado del auto de prisión preventiva, ni tampoco dilación indebida en el proceso, igualmente existe la obligación del Estado de responder por el daño causado en el ejercicio de su actividad lícita, al privar de la libertad a una persona que luego no resulta declarada culpable.

 

Una larga serie de delitos

En el año 2000, el cabo Gil fue detenido e investigado por:

1) Extorsión  de la familia Zambrano, según lo denunció la madre de Zambrano, quien era un informante de la policía

2) Daño agravado por la rotura de un móvil policial 

3) Robo agravado por un atraco supermercado Metro de calle Suipacha protagonizado por una banda de policías 

4) Vejaciones y apremios ilegales, por golpear a un detenido 

5) Doble homicidio calificado con alevosía, por la muerte de Zambrano y Rodríguez, quienes fueron secuestrados en marzo de 2000 y luego encontrados sin vida en un zanjón, en Godoy Cruz  

6) Asociación ilícita, al formar parte de una organización criminal conformada por un grupo de uniformados que también fueron acusados de los mismos delitos.

De inmediato, la Inspección General de Seguridad, resolvió su pase a pasiva y terminó siendo cesanteado en enero de 2003.

Gil fue encerrado en  Caballería (donde se alojaba al personal policial), para luego continuar en el penal de Boulogne Sur Mer hasta que quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Federal, donde sumó 1.465 días de encierro.

 

Cuatro años detenido

Cuatro años después, en juicio oral y público, la Séptima Cámara del Crimen, lo absolvió de todas las causas, ante la falta de acusación de la fiscal de cámara, quien objetó la investigación realizada por el juez Rafael Escot.

Cronología

Mayo de 2000. Se anuncia el procedimiento conocido como "mafia de la policía".

Junio de 2000.  Los restos de José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez, fueron encontrado entre los cerros. Ambos eran informantes de la policía y habrían sido los que aportaron los datos iniciales de la investigación.

Mayo de 2004. Felipe Gil Fernández y Mario Díaz terminaron absueltos porque las pruebas resultaron insuficientes y poco creíbles. En cambio, el Tribunal pidió que investiguen al juez Rafael Escot.

Junio de 2006. El 22 Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, rechazó totalmente el reclamo contra el Estado por lucro cesante, daño moral y pérdida de chance. Sentencia que fue apelada.

Mayo 2017. La Cámara de Apelaciones revocó aquel fallo y condenó a la Provincia al pago de un millón quinientos mil pesos.

Abril 2018. La Corte ratificó la condena contra la Provincia.