En medio de problemas de raíz macroeconómica que le reclama insistentemente atender al Gobierno nacional para lograr una reactivación, cuando mañana a las 19 sus representantes firmen en Casa Rosada un acuerdo marco con la presidente Cristina Fernández la industria vitivinícola se convertirá en una de las 36 cadenas de valor que buscan aferrarse a algún compromiso del Ejecutivo en favor de un cambio para la principal economía regional.
A cambio de fijarle a la vitivinicultura una meta de mayor productividad (llegar a 29 millones de quintales de uva), de ventas (crecer un 34% en vino a granel y 18,4% en mosto) y, paradójicamente, de empleo (incrementar 26% el empleo formal temporario), y con algunos temas para “seguir trabajando”, el compromiso oficial según el borrador del convenio es al menos cumplimentar 4 puntos: subsidiar tasa para proyectos de inversión y capital de trabajo; una “mejora de la mecánica de reintegros de exportaciones y devolución del IVA de exportación”, que incluye apurar liquidaciones vía crédito fiscal contra inversiones, y la conformación de una Mesa Interministerial para instrumentar lo acordado y monitorear el resto de las prioridades de la industria.
Dicha Mesa debe, en corto plazo, retomar aspectos clave como la competitividad desde la distribución del ingreso en la cadena de valor (productor- industria-venta-consumidor) y acelerar la llegada de U$S 80 millones ya asignados vía préstamo BID para el programa Proviar II, además de más fondos para combatir la Polilla de la Vid (Capitanich aseguró $ 300 millones a Senasa).
Pero sobre todo, cuestiones que desvelan a la industria: agilizar las DJAI (atado a un avance de la sustitución local de insumos) y apoyo para promover ventas en los mercados. El Fondo Estabilizador de Stocks y la rebaja de aportes, pendiente. “Es el acuerdo posible. Hay temas para seguir consensuando y discutiendo”, anticipó la presidente de Coviar, Hilda Wilhelm de Vaieretti.
