La Corte Suprema resolvió ayer que la Justicia de la provincia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold, por lo que separó al juez federal Sebastián Casanello, quien solamente podrá investigar a los funcionarios nacionales.
A raíz de ese episodio se originaron dos procesos penales, uno en la Justicia provincial y otro en la federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, será la Justicia de Jáchal la encargada de determinar la responsabilidad de los directivos de la Barrick Gold y los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos.
También determinó que el juez federal deberá investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y Ambiente de la Nación, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso, respectivamente, reportó el Centro de Información Judicial (CIJ) en su página web.
La Corte también exhortó a los jueces a "adoptar las medidas necesarias para asegurar una rápida y buena administración de justicia" y enfatizó la importancia de "resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales, dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía".
