Un intervencionismo arbitrario que llega muy tarde

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desafió a la oposición a debatir el rol del Estado en la economía. El convite, realizado la semana pasada desde el Senado, no fue inocente. Una vez más el kirchnerismo buscó poner a sus rivales contra las cuerdas de la ideología para llevar agua para su molino.

Esta vez, la batalla de marras es por la nueva Ley de Abastecimiento que el Congreso se apresta aprobar con los votos del oficialismo y de algunos pocos aliados. Denominada pomposamente como "Nueva Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción", la norma es un lifting a la vieja ley 20.680 de 1974 que intentó sin éxito impedir la falta de productos básicos en las góndolas (terminó ocasionando aquello que buscaba conjurar ya que fue la antesala del "Rodrigazo").

En rigor, el kirchnernismo retoma con esta nueva normativa buena parte de las herramientas dispuestas hace 40 años por el Congreso pero no ya para evitar el "desabastecimiento", sino para intervenir en el proceso de apropiación de la renta en las distintas cadenas de producción de bienes y servicios. En este sentido, con la ley en ciernes el Gobierno pretende enfrentar aquello que no ha podido ni sabido combatir en los últimos siete años: la inflación. ¿Pero le será suficiente?

Nada indica hoy que esta tardía intención de intervenir en la economía para evitar que los grandes grupos concentrados se apoderen de la rentabilidad y perjudiquen tanto a los productores de materia prima como a los consumidores (los dos extremos de la cadena; unos reciben poco por lo que producen y los otros pagan precios exorbitantes por lo que compran) pueda servirle al Gobierno como plan antiinflacionario.

Sencillamente, porque el remedio llega tarde y hoy la inflación no sólo tiene que ver con un problema de desequilibrio entre la oferta -escasa- de bienes y la demanda -mayor- de consumo, como decían los economistas K hasta no hace mucho tiempo. En la raíz de este proceso inflacionario está el desmadre del gasto público y convive con los problemas de la balanza externa (el agujero negro que genera la importación de energía), la falta de inversión y el no acceso al crédito. Ya no hay inflación "positiva" o "aceptable" porque el país está creciendo y la gente se vuelca al consumo, sino que por el contrario hay una suba de precios sostenida cuando el país dejó de crecer y se agudizan los problemas de empleo.

Frente a una economía en crisis, la Casa Rosada parece haber optado por exacerbar su mirada ideológica en pos de retomar soluciones que ya fueron puestas en práctica con anterioridad sin grandes logros. Quienes resisten airadamente la nueva ley de Abastecimiento hacen hincapié en que ni el crédito ni la inversión estarán interesados en un país cuyo Estado puede intervenir discrecionalmente en los precios. Le marcan, al kirchnerismo, que la vieja ley se aprobó en el turbulento 1974 y que "no vaya a ser cosa que la historia se repita".

Si es cierto que el Estado debe intervenir activamente para que un grupo relativamente chico de empresarios no definan los precios de todos lo que los argentinos consumimos, cabe entonces preguntarse por qué el kirchnerismo se abrió a esta verdad luego de once años en el poder. El miércoles, desde el Senado, el secretario de Comercio, Augusto Costa, leyó una lista de los sectores más concentrados de la economía que sirvió a la oposición para enrostrarle al Gobierno su responsabilidad sobre tal situación.

"Una empresa controla toda la producción de polietileno; otra empresa la de chapas; cuatro la de cemento; una sola el 80% de la venta de panificado; dos el 82% de la oferta de leche y cinco cadenas de supermercados concentran la venta minorista", señaló el joven alfil de Axel Kicillof. "Para eso el Estado necesita que todo el universo de actores que orbita alrededor de estos grandes jugadores pueda desarrollarse sin ser avasallados", fundamentó Costa.

La pregunta que le hizo la oposición al oficialismo se puede reformular: ¿Por qué el Gobierno consintió que esto pasara durante la "década ganada", si tenía en sus manos la Ley de Abastecimiento, que le daba las mismas herramientas que la nueva ley en debate busca institucionalizar?

Si -como dijo Capitanich en el Senado- el debate central debe ser en torno al rol del Estado en la economía y por lo tanto se debe tomar una posición filosófica, este cronista está a favor de la intervención para que se regulen las relaciones de fuerza, se combatan los oligopolios, las posiciones dominantes, la cartelización y cualquier tipo de "avivada" de los más poderosos que perjudique a consumidores y a los eslabones más débiles de las diferentes cadenas de producción. Para todas estas situaciones hay leyes en vigencia como las de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia que el kirchnerismo mantiene olvidadas.

La nueva ley de Abastecimiento que la semana entrante contaría con media sanción está llena de herramientas para que la Secretaría de Comercio actúe policíacamente sobre los grandes empresarios. De ahí que éstos hayan avisado que la norma espantará las inversiones, se producirán menos bienes y servicios, subirán los precios y habrá despidos. Conceptualmente, los grandes capitales no aceptan que se discuta su rentabilidad. De ahí que las principales asociaciones de empresas estén dispuestas a pedir la inconstitucionalidad de la ley, de llegar a aprobarse.

Los grandes empresarios, fieles a su filosofía, refractan la intervención del Estado, más aún de parte del kirchnerismo que tiene malos antecedentes a la hora de regular la economía ya que desde 2006 la Secretaría de Comercio tomó una serie de medidas desacertadas que destruyeron los sectores cárnico, lácteo y molinero, sin poder lograr el objetivo de cuidar los precios internos ya que el pan, los cortes vacunos y la leche no han parado de subir porque los productores dejaron de producir, desalentados por estas medidas.

La tentación del control siempre ha estado presente para el kirchnerismo, como para cualquier gobierno populista. Algunas veces ha sabido moderarse y en otras oportunidades ha cometido errores garrafales. Valga como ejemplo de lo segundo lo que pasó hace pocos días con la "Ley Antiterrorista" pensada por los cerebros legales del Gobierno para que cualquier accionar tendiente a generar "terror" en la sociedad pueda ser penalizado.

Como sabemos, toda la izquierda y la centro-izquierda denunciaron  desde su sanción -en 2011- a esta norma como un intento K de criminalizar la protesta social. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se vanaglorió hace diez días por cadena nacional de tener razón -nada le gusta más- y dijo que la norma no tenía como fin perseguir a trabajadores; por el contrario, anunció que se aplicaría para ir contra el capital concentrado trasnacional. Aseguró que la quiebra de la imprenta Donnelley había tenido como fin provocar desazón en la población, ya que la firma tenía vinculación directa con los fondos buitre que litigan contra la Argentina. "Fue una confusión", dijo Alejandro Vanoli, de la CNV, cuatro días después. Y la Presidenta hizo mutis por el foro.