La satisfacción que mostraron la noche del viernes pasado los negociadores justicialistas y radicales al firmar el acuerdo que comenzó a dar por terminada la dura y extensa discusión sobre el endeudamiento provincial tuvo varios motivos, entre los que se cuenta, sin dudas, el éxito de las conversaciones. Pero también motivaron ese regocijo el hecho de que finalizaba una etapa que significó desgastes crecientes en ambas partes, tras ocho meses de peleas; que se lograba una paz política sin que la sangre de las instituciones llegara al río y que se despejaba el horizonte para afrontar una nueva etapa de diálogo de cara a un Presupuesto consensuado y a leyes que buscarán ordenar la temática y disipar futuros conflictos.
Eso fue lo que transmitieron los que asistieron a aquella reunión definitoria en la que se convino que el Gobierno de Francisco Pérez pueda acceder a deudas por $ 800 millones, dejando atrás el requerimiento radical de “endeudamiento cero”, pero derogando la actual reconducción presupuestaria 2013, limitando el ingreso de empleados estatales y aceptando buena parte de las recomendaciones que le acercó el principal partido opositor.
Se trató de un acuerdo que debió atravesar numerosos escollos y que, para muchos, la pelea “hasta puso en riesgo la institucionalidad”. Por eso es que si bien algunos, por lo bajo hablaban de “cesiones” que unos u otros hicieron para habilitar el acercamiento, nadie se atrevió a declamar ganadores o perdedores y prefirieron resaltar que la ganancia “fue para todos” y en otorgar al “diálogo político”, los laureles del consenso.
Al borde del peligro
Algunos intentaron otorgar aspectos positivos a la discordia. “Hubo gente que se involucró en el tema, cuando antes a este tipo de leyes nadie le prestaba atención” se le escuchó decir a un dirigente radical, en referencia a que empresarios, proveedores, dirigentes sociales y distintas personalidades se hicieron eco de la pelea.
Pero para otros, el hecho de que el problema trascendiera las fronteras políticas no se debió al creciente interés social en el tema sino que había comenzado a generar cierto escozor el problema institucional, es decir que lisa y llanamente “se estaba poniendo en peligro a las instituciones”.
En tal sentido, las acusaciones del Gobierno a la Sala 1 de la Suprema Corte, a la que le achacó haber emitido un “fallo militante”, ligando a los jueces al radicalismo, y el haber insinuado un pedido de juicio político a los magistrados, demostraron hasta dónde estaba jugado el oficialismo con la toma de deuda que, para no pocos, significó “poner en riesgo” la armonía entre los poderes del Estado.
La decisión de la UCR de poner como garantía su edificio del Comité Provincia, por valor de $ 2 millones, mostraba hasta dónde se disponía a llegar la oposición. “Nunca se pidió una caución por semejante monto” se quejó un dirigente, convencido de que más allá de la reivindicación de la política que hizo el oficialismo, “la judicialización fue determinante”.
Así las cosas, que los magistrados aceptaran la medida cautelar interpuesta por la UCR y se dispusieran a analizar la constitucionalidad o no de la reconducción, comenzó a torcer la suerte del Gobierno, que de a poco iba dándose cuenta de que se estaba quedando sin cartas por jugar.
Fue por eso que alertó sobre las serias deficiencias para avanzar en la obra pública. Fue por eso que prácticamente armó una campaña militante en contra del fallo. Fue por eso que el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, los convocara para lograr la solución definitiva.
Reconducción inconstitucional
Desde el gabinete de Pérez no se reconoce abiertamente pero se sabe que el hecho de que la Suprema Corte hiciera lugar al reclamo radical marcó el principio del final de la discusión. “Ellos siempre supieron que lo que hicieron -al sancionar la ley de reconducción presupuestaria- era ilegal” dijo un diputado radical el viernes por la noche.
Si bien el vicegobernador Carlos Ciurca y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, reafirmaron que fue “la política” el factor fundamental para resolver el problema, el PJ terminó aceptando la derogación de la polémica ley, principalmente en los puntos que habilitaban la toma de deuda, haciendo reconocimiento implícito de la inconstitucionalidad.
Pero saldar el estado legal de la reconducción no era el punto final. Lo que hace ocho meses se venía discutiendo era que el Gobierno quería endeudarse y la UCR le negaba esa posibilidad con el poder de sus votos en la Legislatura. En eso hubo una clara cesión de los radicales. “Sigo planteando el endeudamiento cero, pero era necesario llegar a un acuerdo”, destacó el radical más reacio a aceptar la deuda, Alfredo Cornejo.
En el Gobierno también se mostraron satisfechos. “Con $ 800 millones nos alcanza”, resaltó el ministro de Hacienda, Marcelo Costa. Pero tanto él como el gobernador Pérez, hasta apenas dos días antes del acuerdo, insistían en que querían $ 1.400 millones. “En años anteriores también pedimos una cantidad y nos terminaron autorizando mucho menos”, añadió Costa, en un intento de justificar la “estrategia” de pedir más para obtener lo justo, aunque es dable recordar que originariamente, para el presupuesto 2014 pedían $ 1.700 millones.
Así las cosas, el acuerdo firmado el viernes permite mostrar la satisfacción de las partes, pero está claro que hubo cesiones y resignaciones en ambos lados y que, más que satisfacción, con el acuerdo se logró un más que ansiado “alivio”, por haber dado fin a la pelea.
