Tupac: ratifican la prisión preventiva para Nélida Rojas

La líder local de la agrupación seguirá detenida pero en su domicilio. La fiscal Chaves anticipó que apelará la decisión judicial pues entiende que puede entorpecer la causa.

La causa de la Tupac Amaru cerró un primer capítulo, aunque quedan varios desenlaces posibles en lo que viene. Ayer terminó la etapa de audiencias públicas de prisión preventiva, en la que se confirmó que Nélida Rojas, líder de la organización, seguirá detenida pero en su casa. Esta modalidad se la otorgó la jueza de Garantías, Cristina Pietrasanta.

El mismo beneficio lo obtuvieron su esposo, Ramón Martínez, su nuera, Fanny Villegas y sus dos hijas: Carla y Leonela Martínez. Los cinco están detenidos preventivamente, a la espera de que termine la investigación y se eleve la causa a juicio, pero en sus domicilios, uno de los pedidos que ganó la defensa.

“Ellos están señalados como jefes de asociación ilícita, cuya sede es su casa en Maipú 185 (de Lavalle). Que vuelvan a la sede en donde funciona la asociación ilícita a vivir, parece un chiste... A su vez, es injusto para el resto de los ciudadanos, porque no hay una patología acreditada”, cuestionó la decisión de Pietrasanta, Gabriela Chaves, la fiscal que encabeza la acusación. En este sentido, dijo que va a apelar la modalidad.

Pero entre la detención preventiva y el juicio, que tiene como fecha límite setiembre del 2018 y para el que se están “produciendo las pruebas”, queda una instancia intermedia que podría cambiar todo lo que sucedió hasta ahora: las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público, que encabeza la acusación, como las de la defensa.

En concreto, en agosto, una vez pasada la feria judicial, la Cámara de Apelaciones volverá a repetir todo lo sucedido hasta acá, pero para revisar las decisiones de Pietrasanta. Esto, porque la defensa encabezada por Alfredo Guevara recurrió las cinco prisiones preventivas, y volverá a insistir para que los acusados recuperen su libertad.

En este sentido, Guevara logró que Rojas y Martínez tengan el beneficio de la detención en su casa. En cambio, las dos hijas del matrimonio y Villegas (esposa de Federico Torrengo, hijo de Nélida), ya contaban con esta alternativa a la detención en un penal, que se otorga excepcionalmente.

En contrapartida, el beneficio que concedió Pietrasanta, es el que cuestionó Chaves y sobre el que tendrá que decidir la Cámara de Apelaciones. “De nuevo, vamos a tener que dar la pulseada”, asumió la fiscal.

Con final abierto

En este sentido, los escenarios posibles son varios. La 8a Cámara del Crimen deberá revisar la decisión de Pietrasanta y decidir si queda todo igual o hay variaciones.

A favor de los acusados, el órgano superior puede decir que hubo asociación ilícita pero no hay riesgo procesal, por lo que puede dejar en libertad a los cinco detenidos, o directamente “tirar abajo el caso”. La otra posibilidad es que tenga lugar el pedido de Chaves,  por lo que Martínez y Rojas tengan que volver a la cárcel. Hay que tener en cuenta que en esta etapa se decide en qué condición esperan el juicio, si en libertad o en prisión.

En este camino, el Ministerio Público está abocado a la “producción de pruebas”: de más de 100 causas, llevan procesadas sólo 30. Desde la imputación del 7 de abril, tienen 1 año y medio para elevar la causa a juicio, aunque esperan hacerlo en menos tiempo.

En cuanto a las imputaciones, los mencionados están investigados por asociación ilícita, estafa, usurpación y coacción.

“De las 25 causas en las que se imputan a Nélida Rojas, 23 suponen la criminalización de prácticas propias de Tupac Amaru, que no son ilegales, y sobre las que se pueden tener objeciones, pero que se encuentran todas amparadas por el artículo 14 de la Constitución Nacional”, defendió Guevara.

Por su parte, en la audiencia del lunes, Rojas tomó la palabra e hizo su descargo, en el que repasó su historia, y la “elección  política” como referente, por parte de sus propios compañeros. “Cuando detuvieron a Milagro (Sala), yo también sabía que venían por mí, porque es la misma metodología”, acusó la referente local de la Tupac.

Malestar y suspicacias de la acusación

Ayer, Pietrasanta retomó el cuarto intermedio del lunes y resolvió lo ya explicado. Al salir de la audiencia, la fiscal Chaves ratificó que apelará el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque hizo su propia interpretación:

“No hay una razón para que les den la detención domiciliaria. Entiendo que como ellos tienen una implicancia pública y son personas que tienen cierta influencia política, por eso tienen este beneficio. Si fueran personas comunes y corrientes, estarían en el penal”, afirmó y dijo que es la decisión es injusta para el resto de los ciudadanos, que no están en la misma condición ante la Justicia.

“Resulta que, por un lado, dicen que mi hipótesis fiscal es adecuada, que hay asociación ilícita y que ellos son jefes (por Rojas y Martínez), pero los envían a sus casas”, cuestionó la fiscal.

En efecto, Chaves dijo que la decisión de permitir que Rojas y Martínez estén en sus casas tiene dos contras. Por un lado, no  hay informes del Cuerpo Médico Forense que avalan lo que sostuvo el Ministerio Público.

“Concretamente, Rojas ha tenido una operación de columna, por hernias de discos, y esa operación le generó una parestesia, que le adormece una de las pierna, mientras que en la otra pierna, en la rodilla, tiene una artrosis. Esas patologías, que son tratamientos del dolor porque no tenés otro tratamiento, se puede suministrar tanto en la casa como en el penal. De hecho, se lo estaban suministrando, ellos decían que no pero no era cierto, porque yo pedí las entregas y están las firmas de ella. El lunes que le dieron la domiciliaria, iba a empezar fisioterapia”, contó Chaves.

Pero por otra parte, en cuanto al riesgo procesal, Chaves consideró: “Volver al domicilio les permite a ellos seguir borrando rastros o huellas, además de modificar pruebas. Tienen más posibilidades de presionar a testigos. En cambio, en el penal no tienen acceso a las redes sociales ni al teléfono de una manera libre”.

Por su parte, Guevara defendió: “No hay ningún argumento que permita sostener que Nélida podría entorpecer la investigación o intentar fugarse, que son los únicos dos supuestos que pueden sostener una resolución de tal naturaleza”.

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