Todavía es incierto el destino del edificio del Próvolo

Cerradas preventivamente desde el 13 de febrero, las instalaciones del Instituto Antonio Próvolo hoy lucen silenciosas y prácticamente abandonadas. Sus puertas de acceso se encuentran cerradas y en su interior solamente se puede ver a la persona que custodia a través de las rejas que protegen los casi 200 metros de frente que dan a calle Boedo de Luján de Cuyo. Cuesta creer que allí ocurrieron los reiterados abusos sexuales contra menores, que salieron a la luz en noviembre del año pasado.

Mientras avanza la investigación contra los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y los tres empleados: Armando Gómez, Jorge Bordón y José Luis Ojeda, así como de otros posibles implicados, van surgiendo algunas ideas de lo que sucederá a futuro con el edificio.

En febrero de este año la vicegobernadora Laura Montero habló de una posible expropiación. "Sería bueno rehabilitar estas instalaciones que son muy buenas y por ejemplo ubicar una escuela modelo de inclusión. Esto es un mensaje alentador. Allí donde estuvo el horror crear una escuela inclusiva donde vayan chicos sordos y oyentes y que se enseñe lengua de señas como segunda lengua", dijo en ese momento.

Además remarcó contar con el aval de la Secretaría de Culto de la Nación. Sin embargo, todavía no hay algún avance o proyecto concreto que puedan adelantar sus colaboradores, ya que Montero se encuentra de licencia.

Para Juan Carlos González, titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, la congregación a cargo debería hacer entrega del inmueble al Estado. "Desde la Defensoría sostenemos que por los aberrantes hechos ocurridos, la congregación debería retirarse de Mendoza y entregar el edificio a modo de donación o de cualquier otro método", expuso.

Detalló que no promueve la expropiación porque conlleva una contraprestación por parte del Estado. “El Estado no debería pagar por el edificio. La congregación tiene la obligación moral de retirarse”, aseguró.

Con respecto al futuro destino del predio, señaló que deberá ser la Dirección General de Escuelas (DGE) la encargada de decidir qué tipo de educación podría brindarse allí. "Lo que sí debería respetarse es la demanda de rehabilitación de personas sordas o con discapacidad que hay en la provincia", aclaró.

Por su parte, el abogado Sergio Salinas, parte de la querella e integrante de la organización Xumek, se mostró en contra de una expropiación. "Si bien se pretende expropiar para beneficiar a las víctimas, si se lleva a cabo va a terminar siendo una afectación para ellas porque les quita el único respaldo económico que tienen los responsables para solventar el daño", aseguró.

Para él, antes de lleva adelante alguna acción se debería consultar a las víctimas. “Ellos deberían decir. Habría que ver si quieren volver a ese lugar donde sufrieron tanto, aunque sea manejado por otras personas”, deslizó.

Con respecto a la propiedad del ese inmueble, desde la Municipalidad de Luján de Cuyo informaron que está registrada a nombre de Asociación Obra San José.

Vecinos del horror

Mientras barría la vereda en su casa ubicada a pocos metros del Próvolo, Miriam recordó que cuando funcionaba el instituto solía ver a los papás que esperaban para buscar a sus chicos. “Había otro movimiento. Ahora está todo cerrado, abandonado”, describió la mujer.

En ese entonces ella atendía un quiosco en su vivienda, por lo que asegura haber visto en varias oportunidades a Horacio Corbacho, aunque no recordaba su nombre. “Era un rubio alto muy amable. La verdad es que nos sorprendió mucho cuando nos enteramos”, reconoció.

Celina, otra vecina, incluso rememoró haber tenido buena relación con las monjas del instituto. “Todo el barrio las quería”, precisó. Ella incluso les compraba a los chicos la producción que elaboraban en su talleres de panadería. “Todos los fines de semana salían a vender y uno no se imaginaba por lo que estaban pasando”, expuso.

Con respecto a la situación actual del edificio, ella contó que hasta hace 15 días vieron a un jardinero que llegaba hasta el sitio para cortar el pasto. “Ya no se ve más, no sé qué habrá pasado. Hasta los perros que andaban por acá se fueron”, comentó.

Para ella es un desperdicio que se desaprovechen las instalaciones del Próvolo. “Es una pena. No sabés lo que es por dentro. Tres edificios que se comunicaban entre sí”, detalló.

Por su parte Sergio, quien trabaja en las inmediaciones, hizo hincapié en el destino de los chicos que allí solían asistir. “Ahora están todos separados, lo que les debe haber generado un doble trauma, además de todo lo que vivieron”, se lamentó.

Nuevos investigados

El caso Próvolo podría sumar nuevos responsables, además de los cinco ya procesados. Tal como adelantó el abogado Sergio Salinas, parte de la querella e integrante de la organización Xumek, se investigará a otro grupo de personas.

"Hay responsabilidad de muchos empleados que la Cámara de Apelaciones dijo que hay que investigar", aseguró el letrado, quien adelantó que hoy podría darse a conocer la imputación de más de 7 personas entre directivos, empleados y profesores. 

Además destacó que se investigará a los funcionarios de la Fiscalía de Maipú-Luján que en 2008 recibieron una denuncia por los abusos. "La Cámara ordenó que se investigara el accionar de la fiscalía en 2008 porque no trabajó como debía ser", remarcó.