Tarifas eléctricas en Mendoza: ¿Aprendimos de nuestra propia historia?

El último martes 23 de mayo se realizó una audiencia pública a efectos de escuchar la posición de los diferentes estratos sociales de la provincia respecto del reajuste de las tarifas eléctricas en el componente que remunera el servicio de las distribuidoras de electricidad -denominado Valor Agregado de Distribución- VAD (que representa aproximadamente 1/3 de la tarifa total; los componentes restantes están dados por el costo de abastecimiento y por los impuestos).

Lo expuesto en la audiencia a lo largo de 27 presentaciones por los distintos estamentos de la sociedad resultó acorde a lo esperado: los prestadores del servicio expusieron la necesidad de reajustar sus tarifas para afrontar tanto el avance de la inflación sobre sus costos como las futuras inversiones requeridas para mantener el servicio mientras que las agrupaciones que representaban a consumidores manifestaron su descontento. Naturalmente, el aumento tarifario es una mala noticia para los consumidores pero buena para los prestatarios del servicio.

La causa del presente aumento tarifario está dada exclusivamente por el avance de la inflación que ha reducido la tarifa del servicio tanto en términos del promedio de los bienes y servicios de la economía como de los costos de prestación del mismo.

Los números

Entre diciembre de 2001 y 2016, el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) permitió un total de 16 ajustes del VAD de la principal distribuidora de energía eléctrica de la provincia. Estos 16 aumentos llevaron al VAD promedio a registrar un incremento del 1.027% en este largo período de tiempo. Esta cifra por sí sola no dice demasiado. Para evaluarla correctamente debe ser confrontada con la variación que registró el promedio de precios y de los salarios de la economía. La inflación en dicho período alcanzó el 1.910% mientras que los salarios registrados en el sector privado de Mendoza aumentaron un 2.632%. Si arbitrariamente igualáramos en 1 para diciembre de 2001 al cociente del VAD respecto de los salarios y al promedio de precios de la economía y, calculáramos la evolución de dichos cocientes hasta diciembre de 2016, encontraríamos que el precio relativo del VAD respecto del promedio de precios se redujo de 1 a 0.56 en dicho período mientras que en el caso de los salarios, el VAD cayó al 0,41.

Claramente los precios relativos del VAD, a pesar de los 16 aumentos otorgados, disminuyeron considerablemente entre fines de 2001 y 2016 tanto respecto al promedio de precios de la economía como al promedio de los salarios registrados del sector privado de la provincia.

Experiencia histórica

En nuestro país, la mayoría de los problemas económicos han sido recurrentes a lo largo de la historia y el de las tarifas de servicios públicos no es la excepción. El antecedente más cercano de atraso tarifario se produjo en la década de los 80; primero, con el congelamiento de precios dispuesto por el programa anti-inflacionario de mitad de 1985 (Plan Austral) y, unos años más tarde con el denominado Plan Primavera en 1988. El atraso en las tarifas durante estos años derivó en una enorme crisis energética en el verano 1988/89 cuando tuvieron que implementarse medidas drásticas como cortes diarios de energía (comenzaron con un turno diario de 5 horas y luego se extendieron a 2 turnos diarios con cortes de 3 horas), asuetos en la administración pública para ahorrar electricidad, restricciones en los horarios de TV (se podía mirar televisión solamente 4 horas por día - de 19 a 23 horas), etc.

Los efectos de los atrasos tarifarios

La economía nos enseña que gran parte de las decisiones económicas que se toman se basan en los precios relativos (precio de un bien en relación a otros). Esto es válido tanto para las familias como para las empresas.

Por el lado de las familias, sus decisiones afectan lógicamente la demanda de los bienes y servicios. Mientras más baja es la tarifa respecto del resto de los bienes, menos se restringe el consumo del servicio (es muy barato). De esta forma, la caída del precio relativo de las tarifas se traduce en un importante subsidio a los consumidores del servicio que sobre-estimula el uso del mismo y termina generando, en algunos casos, derroches en el uso del servicio.

Un claro ejemplo de esta fuerte sobre-estimulación del consumo de energía eléctrica está dado por la evolución de la venta de aires acondicionados. El crecimiento promedio anual de ventas (netas de inflación) durante 2011/15 alcanzó el 20% mientras que las mismas ventas para autos 0 Km fue cercana al 1%, la de centros comerciales 1,6% y para la economía como un todo 2,9%. A nivel agregado, la sobre-estimulación también puede observarse claramente. En términos históricos, la demanda energética siempre tuvo una evolución muy similar al promedio de la economía, pero a partir de 2003 (con el atraso tarifario), dicha demanda creció muy por encima de la evolución de la actividad económica en la provincia.

Por el lado de las empresas, sus decisiones afectan lógicamente la calidad y expansión del servicio. Mientras más baja es la tarifa respecto del precio de sus insumos y de la mano de obra (salarios), menor es el estímulo de inversiones y expansiones del servicio.

De esta forma, el atraso tarifario mostrado anteriormente, al incentivar por un lado el consumo excesivo del servicio (demanda) y por otro lado, desestimular la expansión del servicio (oferta), tarde o temprano genera problemas en la prestación del servicio como sucedió en la crisis del verano de 1988/89.

La iniciativa de ajustar las tarifas para compensar el desfasaje inflacionario apunta a mejorar estos problemas y muestra que, de a poco, empezamos a aprender de nuestras propias experiencias sin llegar a casos tan extremos como el del verano de 1988/89.