Subsidios para negociar

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes

Es muy sabido que las finanzas públicas de Mendoza atraviesan por una instancia compleja. Ya el año pasado fue muy difícil conseguir préstamos y no se sabe lo que ocurrirá este año, pero es muy probable que se repita el mismo escenario del año pasado.

El Presupuesto de 2015 tiene los mismos problemas que el del año pasado, que sólo pudo ser destrabado a fin de julio y fue publicado el 11 de agosto. Hasta ahora no se ha podido solucionar el problema derivado de la incorporación en Diputados de una partida para financiar a los partidos políticos, tal cual fuera sancionada la ley respectiva el año pasado.

Por ahora el Presupuesto está trabado en el Senado mientras el Poder Ejecutivo espera que la Suprema Corte de Justicia resuelva una serie de acciones presentadas por la oposición para tratar de revertir el decreto por el cual el gobernador decidió no financiar las PASO provinciales.

El argumento es la falta de recursos, lo cual es verdad, aunque en los cálculos previos se han repetido previsiones del Presupuesto nacional poco realistas, como una tasa de crecimiento positiva o una inflación del 16%. La caída del precio del petróleo y su impacto en las regalías ha sido otro elemento no previsto que puede complicar más las finanzas provinciales.

Por todo esto resulta extraño que el Gobierno, en sus negociaciones salariales con el sector docente, incorpore la propuesta de “boleto gratuito” para los trabajadores del sector. Cuando fue anunciado, una periodista, con buen criterio, consultó a los funcionarios qué pasaría si los enfermeros pidieran lo mismo, a lo que el funcionario consideró que era posible y debían considerarlo.

Nunca antes se habían utilizado subsidios como herramienta de negociación toda vez que los mismos son sufragados por toda la sociedad para que el Estado negocie con sus empleados. La alternativa es grave porque, además, el gobierno ya dedica 600 millones de pesos anuales en subsidiar el boleto de colectivo por no animarse a aumentar el mismo a niveles más lógicos.

La concepción de que el Estado es para los estatales es, en definitiva, un triunfo de las posturas sindicales que quisieran que el 80% de los recursos del Estado fueran para los empleados públicos que, además, gozan de estabilidad de por vida en sus cargos. También les ofrecen viviendas, que no otorgan a otros mendocinos.

Estamos frente a una situación compleja. El gobierno toma fondos que no son de su propiedad sino de toda la sociedad para otorgar mejoras salariales a un sector de sus empleados con lo cual abre la puerta para que otros trabajadores estatales pidan lo mismo. ¿Por qué es más digno el trabajo del docente que el de un enfermero?

Pero lo grave es que con estas herramientas se está violando el principio de igualdad ante la ley, ya que los trabajadores privados que contribuyen con sus impuestos no pueden acceder a estos beneficios y mucho menos a la estabilidad.

Más allá de que el Gobierno dibuja adicionales no contributivos para pagar menos jubilaciones y obra social, también los sindicatos lo ven bien en la medida que pueden evitar el impuesto a las Ganancias. Pero el problema es cuando comienzan a repartirse subsidios estatales como si el Gobierno fuera el dueño de los recursos públicos cuando sólo es el administrador y, por lo que se ve, un mal administrador.