Hace 20 años, el 2 de octubre de 1997, una noticia enviada de la Unidad Regional II de San Rafael indicaba que un joven "con problemas mentales" había golpeado a un cabo en el destacamento de El Nihuil y que se hallaba desaparecido. Diez días más tarde, el cuerpo de Sebastián Bordón, un chico de 18 años oriundo de Moreno (Buenos Aires) que estaba de viaje de egresados, aparecía muerto al pie de un risco en el Cañón del Atuel. Con la aparición del cadáver -no muchos lo podían presagiar- comenzaba un cambio histórico en la Policía de Mendoza -responsable de tres desapariciones de civiles en siete años: Guardati (1992) y Garrido-Baigorria (1990)-. Y en menos de dos años (la Policía) empezaría a ser manejada por civiles, pasando los comisarios generales a las segundas líneas.
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Desde la desaparición de Bordón hasta el hallazgo de su cadáver, hubo muchas versiones acerca de su paradero que retrotraen hoy al caso Maldonado: que el chico había sido visto en otro lado (para ello la Policía usó a civiles que declararon falsamente), que Bordón estaba vinculado con el narcotráfico y demás maniobras para desviar la pesquisa.
Pero el 12 de octubre, dos vecinos de Moreno que se habían sumado a la búsqueda, dieron con el cuerpo en un sitio que ya se había rastrillado, a unos 12 kilómetros de donde había desaparecido. El juez de instrucción Horacio Yacante, que se encontraba en Moreno tomando declaración a los compañeros de Sebastián, regresó a San Rafael. Al día siguiente renunció Ángel Cirasino, ministro de Gobierno del gobernador Arturo Lafalla.
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"En 1999 el aparato policial de Mendoza se rebeló contra el poder civil y lo intentó extorsionar para recuperar espacios de poder que perdía. Fue la llamada "rebelión policial", que tuvo su punto máximo en una manifestación en la Legislatura. A partir de esa crisis, comenzó a gestionarse y luego se plasmó la llamada Reforma Policial, "que en realidad era de todo el Sistema de Seguridad Pública", según dice Alejandro Cazabán. La decisión de Arturo Lafalla, y de los líderes de la oposición, UCR y PD ( José Genoud, Roberto Iglesias y Carlos Balter), hizo que el poder civil asumiera el mando por primera vez en la historia de la Policía de Mendoza.
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Con la aparición del cadáver de Bordón, Lafalla puso al frente de la investigación a un joven Alejandro Cazabán de 31 años, quien por entonces se desempeñaba como inspector de la Gobernación. Fue él quien impulsó la pesquisa contra los policías sospechados y quien decidió que la investigación quedara en manos de Gendarmería, para evitar que los propios policías investigaran a sus pares. Dos años más tarde, Cazabán asumía en un cargo que por entonces no existía: ministro de Justicia y Seguridad.
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Con el paso de los meses, los papeles de los sospechosos comenzaron a quedar en blanco sobre negro: se acusó al comisario titular de la seccional 38 de San Rafael, Ramón Trentini, del delito de homicidio; junto con él estaban los efectivos Roberto Gualpa, Daniel Gómez y Abelardo Castillo (los tres iban en el famoso móvil 839 donde detuvieron a Bordón el mismo día en que escapó) y el cabo Esteban Merello, quien estaba en el destacamento de El Nihuil el mediodía en que el chico desapareció. En calidad de encubridores fueron acusados el camionero Humberto Vega, la parapsicóloga Amanda Ledesma (ambos habían declarado que llevaron a Sebastián cuando estaba desaparecido; Ledesma, por otra parte, ayudaba a la Policía con sus dotes "parapsicológicas"). A la lista de imputados la completaban los comisarios Juan de Dios Atencio y Carlos Plácido Escobar.
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Desde que la seguridad pasó a ser un tema de estado, la provincia tuvo 12 ministros: Alejandro Cazabán (gobierno de Lafalla), Leopoldo Orquín (de Iglesias), Roberto Grillo, Alfredo Cornejo (dos veces), Osvaldo Tello y Miguel Bondino (de Cobos), Juan Carlos Aguinaga, Carlos Ciurca (de Jaque), Carlos Aranda, Leonardo Comperatore (de Pérez) y Gianni Vennier (de Cornejo). Si bien los números de la inseguridad oscilaron entre mantenerse o crecer, al menos no hubo más desaparecidos en democracia por parte de la Policía. Los más de los ministros -salvo excepciones- no tenían conocimientos técnicos en seguridad.
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"Yo siempre tuve la certeza de que estaba frente a los asesinos de mi hijo por más que ellos nunca confesaran. Años después, Trentini fue condenado por delitos de lesa humanidad: es decir que Sebastián estuvo en manos de un genocida, como siempre digo".
"Si de algo sirvió la muerte de mi hijo fue que al menos en Mendoza se desmanteló la cúpula policial acostumbrada a desaparecer jóvenes. Y también que en Moreno creamos 'La casita de Sebastián', donde ayudamos a mucha gente desde 2002. Transformamos el dolor en vida, como decimos", dice Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón.
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El juicio por el homicidio de Sebastián comenzó en agosto de 2000 y culminó en diciembre: hasta entonces era el juicio más largo de la historia del departamento -superado después por el de lesa humanidad- con un total de 195 testigos en doble jornada.
La Cámara del Crimen de San Rafael compuesta por Domingo Mauricio, Mario Giambastiani y Jorge Germanó, dictaminó que no hubo accidente, ni narcotráfico. Según los jueces, a Bordón lo interceptó el móvil 739 en la siesta del 2 de octubre de 1997, después de que abandonara el destacamento de El Nihuil, donde estuvo la noche anterior con el cabo Esteban Merelo.
Al auto lo tripulaban los policías Daniel Gómez, Abelardo Cubillos y Roberto Gualpa. Lo golpearon y lo escondieron con la anuencia de su jefe, el entonces titular de la 38, Hugo Trentini.
A Gualpa y Cubillos les dieron 10 años y los acusaron de lesiones graves y abandono de persona seguido de muerte. A Gómez igual, sólo que por tener un cargo más alto su pena fue de 12 años. A Trentini lo condenaron a 15 años por homicidio.
A Merelo lo acusaron de encubrimiento y su condena fue de 2 años y 6 meses.
Los ex comisarios Carlos Escobar y Juan Atencio fueron absueltos. Junto con el camionero Humberto Vega Giménez, conforman el trío que no tuvo nada que ver con el asesinato de Bordón. La parapsicóloga Amanda Ledesma recibió la pena de dos años por encubrimiento.
Trentini, con perpetua
En junio de este año, en el marco de los juicios por lesa humanidad, el ex comisario Hugo Trentini fue condenado a perpetua. El antiguo jefe policial había cumplido la pena por el caso Bordón, pero en esta ocasión resultó sentenciado por sus tareas en la Oficina de Sumarios de la Comisaría 32ª de San Rafael en los años del Proceso.
De acuerdo con información extraoficial, trascendió que el cabo Merelo se había ido a vivir al extranjero; Gualpa a la localidad de Rincón de Los Sauces (Neuquén) y que Gómez se dedica a la plomería. No se consiguieron datos de Cubillos. Amanda Ledesma murió de cáncer el 30 de agosto de 2001. Su familia no tenía para el féretro y el municipio de Guaymallén lo donó.
Punto de inflexión - por Alejandro Cazabán. Ex ministro de Seguirdad
La muerte de Sebastián Bordón, ejecutada y encubierta por miembros de la Policía de Mendoza, hace 20 años, fue un punto de inflexión política y cultural en la provincia que permitió iniciar el ejercicio de nuevas formas de políticas públicas.
Este hecho conmovió los cimientos de las instituciones democráticas: antes del hallazgo del cuerpo de Sebastián, el Poder Ejecutivo dependía de la información que le brindaba la misma Policía; la
Justicia bailaba al ritmo de las maniobras de ocultamiento policial y la Legislatura estaba adormecida (cualquier semejanza con la realidad actual no es pura coincidencia, es la reiteración de un histórico y repudiable método).
Veinte años después, podemos observar con gratitud que Mendoza, con avances y retrocesos, continuó el camino iniciado. Hoy, en buena hora, es natural que exista el control civil de los policías (Inspección General de Seguridad), que haya un ministro y equipo de gobierno civil conduciendo a la Policía y administrando sus recursos.
Merece un reconocimiento la decisión del gobernador Lafalla de avanzar con la reforma. Tuvo la posibilidad de mirar para otro lado y seguir con viejas estructuras; sin embargo, optó por profundizar y ampliar la responsabilidad de los gobernantes. También a la oposición de ese momento, que sin especulaciones contribuyó con ideas, personas y consenso político.
A los actuales gobernantes y a las nuevas generaciones de dirigentes políticos y sociales una sugerencia: desde las experiencias vividas debemos ampliar consensos en esta materia y profundizar la conducción y control civil, así se evita que ocurran muertes como la de Sebastián.
