Reelección ¿sí o no?

Bajo el pretexto de reformar la constitución mendocina, para adecuarla a las nuevas realidades económicas, sociales y políticas, se esconde- a viva voz- el interés de lograr la reelección del Gobernador y Vicegobernador, impedidos en virtud de las disposiciones de la misma Constitución provincial.

La reelección en el Poder Ejecutivo impide el reemplazo generacional y la incorporación de nuevas ideas, facilitándose la corrupción al generarse una relación de intereses mercantiles entre el poder económico y el político. Al mismo tiempo es caldo de cultivo para la personalización del poder, en detrimento del gobierno de las leyes y la destrucción del sistema republicano.

El impedimento que surge del art.15 de la Constitución ha permitido en Mendoza una verdadera alternancia en el Ejecutivo, vigorizándolo como un verdadero poder republicano y aventando toda posibilidad de que personas o familias se eternicen en el poder, ejerciendo un liderazgo personalista y hegemónico, con riesgo de que, frente a un Legislativo complaciente, se produzca una verdadera concentración de poderes, típico del caudillismo al que hemos sido muy propensos en nuestro país.

Ya en su momento advertía Julián Barraquero los peligros que entraña la reelección de funcionarios electivos: “El mal crónico ha sido en todas la provincias la omnipotencia del Poder Ejecutivo, y cuando éste ha caído en círculos personales o familiares o en caudillos con vanidades de dictador, han provocado las revoluciones, las conspiraciones, los asesinatos políticos, las intervenciones federales, cortejo de males que muchas veces nos han hecho dudar de la bondad del sistema federal y nuestra capacidad para practicarlo” (H. Conv. Constituyente – 1915, Mza. 1941, Best Impr., TºI, pág.13/14).

En nota de Editorial, el Diario La Nación bajo el título “La sabia Constitución mendocina”, al tiempo que pondera el límite a la reelección del gobernador y vicegobernador dispuesto por nuestra Norma Suprema, señala: “No es casual que las provincias más atrasadas y pobres sean gobernadas por oligarquías que las convierten en feudos personales, como son los casos de Santa Cruz, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja. En algunas de ellas, como son las dos primeras, existe la reelección indefinida; las otras, como Santiago del Estero, el gobierno es un bien conyugal, como sucedió con el matrimonio Juárez y ahora con el matrimonio Zamora” (Diario La Nación, 13-08-16).

Quienes reclaman la reelección del Gobernador y Vicegobernador argumentan que un solo mandato de cuatro años, como establece la Constitución, es insuficiente para llevar adelante las políticas que instrumente el gobernante de turno.

Este argumento no resiste el menor análisis. Sostener la posibilidad de reelección fundado en la necesidad de concretar en un tiempo prolongado un  proyecto político, es disfrazar la mezquina pretensión de asegurarse la posibilidad de perpetuarse en un cargo. Lo que en realidad ocurre  es que las políticas que se impulsan en un período son sólo de gobierno y no de Estado. Las políticas de gobierno nacen y mueren dentro del período del mandato del gobernador en ejercicio; en cambio, cuando se trata de políticas de Estado su ejecución trasciende esos plazos, siendo comunes a sucesivos gobiernos, porque están pensadas para ejecutarse en el tiempo  y en beneficio de la comunidad toda y no al servicio de un gobierno o sector político.

Un aspecto que sí amerita ser  objeto de revisión es la reelección indefinida de senadores, diputados, intendentes y concejales, cuya permanencia en esos cargos, más allá que se alternen de diputados a senadores o intendentes o concejales o a la inversa, han convertido a estos funcionarios en verdaderos profesionales de la gestión pública, abandonando sus actividades particulares para vivir de los cargos que en el tiempo detentan.

Esta situación genera una élite aburguesada de funcionarios dentro de las esferas del poder, que han cambiado la agitada vida que impone la función pública por una más cómoda y desinteresada de la cuestión política, lo que impide la actualización de ideas y la eficacia de las medidas de gobierno que se adopten y que, necesariamente, requiere el Estado para el cumplimiento de sus fines.

La reelección indefinida en los cargos electivos, además, hiere gravemente al principio republicano de la periodicidad en las funciones, al mismo tiempo que avasalla con el derecho a la igualdad entre los habitantes, al poner en situación privilegiada a aquellos que ostentan esos cargos y, por ende, con la posibilidad de obtener el apoyo de las fuerzas políticas que representan, frente al común de los ciudadanos, aún afiliados a un  partido político, pero lejos de la tecno burocracia que conduce al partido, por lo que difícilmente puedan obtener apoyo para alcanzar una nominación.

Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.