Recursos fiscales sin federalismo

En la edición del domingo pasado en nuestras páginas se reseña un importante informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que destaca la arbitrariedad con que el gobierno nacional ha venido asignando los recursos fiscales, que no entran en la distribución automática de la coparticipación general de impuestos.

El documento de la AGN abarca el período que va desde 2003 a 2012; el título de la nota, “Un santacruceño vale 20 mendocinos”, es muy elocuente.

Esa ha sido la relación entre los recursos asignados por el poder central a los comprovincianos de los Kirchner, veinte veces más que a los mendocinos.

El fenómeno revela un problema mucho más profundo y grave que una de por sí repugnante relación aritmética; revela hasta qué punto se han destruido las reglas institucionales de la asignación de los recursos económicos que aportan los contribuyentes, que al fin al cabo son todos los habitantes de la Nación.

Como hemos dicho repetidamente en esta columna, el instrumento esencial para la distribución arbitraria de los recursos ha sido la Ley 25.561 de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002, que le permite al PEN modificar el presupuesto como quiere, aumentando o disminuyendo partidas y especialmente cambiar su asignación.

En función de una amañada manera de calcular los recursos y gastos presupuestarios, y por efecto de la inflación creciente, los recursos recaudados han sido siempre muy superiores a los estimados y aprobados por el Congreso. De ese modo el excedente quedó a disposición del poder central para que los asigne a su gusto y conveniencia política.

El informe de la AGN revela con claridad cuáles han sido las preferencias, que no son las de conveniencia económica para el país sino las electorales y acumulación de poder político del kirchnerismo.

El trabajo de referencia establece el monto absoluto de recursos recibidos por cada provincia en la década analizada y la cifra por habitante, la realmente ilustrativa, como decía la nota de nuestro diario el monto que determina cuánto “vale” cada argentino, según dónde vive y cómo vota.

Basta ver que las 12 primeras jurisdicciones por monto por habitante son las que proveyeron legisladores nacionales, especialmente senadores de obsecuente lealtad al PEN.

En orden de “mérito”: Santa Cruz, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.

El criterio “político” de asignación se confirma cuando analizamos las cuatro jurisdicciones menos favorecidas, en orden decreciente: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y San Luis.

En este último caso, la menos favorecida, haciendo la misma relación que para nuestra provincia, digamos que un santacruceño “vale” 38 veces más que un puntano. Queda la duda en el caso de nuestra provincia de por qué, habiendo tenido dos gobiernos (Jaque y Pérez) decididamente alineados con los Kirchner, no ha recibido los favores de una mayor distribución.

Quizá una respuesta haya que buscarla por el lado de que los gobernadores fueron (y es, el actual) fervorosos kirchneristas, pero sin duda los mendocinos no lo son, como ha quedado reflejado en cada una de las elecciones.

También es interesante mirar si las provincias favorecidas con generosa abundancia del poder central han mejorado significativamente las condiciones económicas y sociales de sus habitantes.

La respuesta es que, con excepción de San Juan, esos recursos han sido dilapidados en gasto para la clientela de empleados públicos y en la conformación de una obscena oligarquía que detenta los gobiernos desde hace décadas.

Pero esta no es la única vía por la que Mendoza ha perdido. Un reciente trabajo del Ieral ha calculado que por la reducción de los recursos coparticipados, que pasó del 31,3% en 1995 al 26,4% (incluyendo el Fondo Sojero) en 2013, eso implicó una pérdida de 1.700 millones de pesos para el año pasado, equivalente a una nómina salarial mensual.

Por la reducción de coparticipación del impuesto al cheque, desde 2001 se han perdido unos 1.000 millones de dólares. Atribuir estas pérdidas a la falta de capacidad de negociar (o rapiñar) de los gobiernos puede que en parte lo sea, pero el fondo del problema es la destrucción de las instituciones constitucionales y republicanas.