Reclaman modificaciones en hogares

Desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad aseguran que el gobierno no ha cumplido con lo solicitado en febrero. Desde Desarrollo Social sostienen que se han hecho cambios, que es un proceso que lleva tiempo y se busca afianzar un nuevo paradigm

Reclaman modificaciones en hogares
Reclaman modificaciones en hogares

La Defensoría de las Personas con Discapacidad hizo un nuevo reclamo sobre las condiciones de alojamiento en algunos hogares privados y el público, en el que señala que se vulneran derechos de los albergados. Pidió que se cierren dos institutos del Este mendocino y que se realicen mejoras solicitadas en febrero al Ministerio de Desarrollo  Social ya que, si bien observan avances, los consideran insuficientes y fuera de los plazos establecidos.

En aquel entonces ya se había solicitado intervención ante las reiteradas denuncias, que luego pudieron ser constatadas sobre falencias en el sistema de atención a estas personas como malos tratos, abandono, desnutrición, fallas edilicias y falta de habilitación para la actividad. Además se refirió a la corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, cuando en julio la Defensoría inició nuevamente inspecciones, encontró que los cambios -en los casos donde ocurrieron- no eran los esperados. Ante esto emitió la resolución Nº 11 a través de la cual pide nuevamente al Ministerio acciones concretas y da intervención a otros organismos. “El gobierno pidió 30 días, pero se le dieron muchos más ya que las inspecciones comenzaron en julio”, dijo el defensor Juan Carlos González.

Ante este nuevo reclamo, funcionarios de la cartera interpelada aseguraron que los cambios necesarios se están realizando, que se está invirtiendo en mejoras en el del Estado y se ha rescindido el convenio con el hogar de San Martín cuestionado.

Explicaron que, sin embargo, se ha encarado una tarea mucho más amplia que la mencionada en la resolución y que se vincula con una nueva concepción de la discapacidad. Se trata de lograr que recuperen su vínculo con la comunidad en lugar de estar alojados y escondidos de las miradas en lugares cerrados y aislados. Por ello, quizá una de las intervenciones más importantes es la creación de microhogares, que se ubicarán en los diferentes departamentos, con menor cantidad de personas que tendrán un vínculo más dinámico con el entorno. Además podrán agruparse por sus características de manera de facilitar la interacción y compatibilidad.

“La idea es apuntar a lugares abiertos con contención y realizar cambios de fondo”, detalló Celso Cerda, encargado de Promoción Social de la Dirección.

La intención es habilitar primero uno que estaría en Godoy Cruz. El traslado requiere una intervención amplia con el resto de los actores de la comunidad y la lenta adaptación de los albergados.

Así lo explicó Adrián Cuello, director de Discapacidad, quien agregó: “No negamos que haya que hacer cambios pero la gestión es muy reciente y es un proceso”.

La provincia cuenta con un lugar propio: el Instituto Jorba de Funes, mientras que al mismo tiempo firma convenios con instituciones privadas a las cuales paga un monto mensual para la asistencia de quienes no cuentan con obra social. En total se hace cargo de 210 individuos más los 45 alojados en el hogar estatal.

González señaló que “en muchos lugares persisten malas condiciones, cuidados de rehabilitación casi nulos, no tienen actividades de recreación, las personas están como aletargadas y quizá si se les dieran mejores condiciones tendrían mejor calidad de vida”.

Casos

Los cuestionamientos se concentran particularmente en cuatro lugares: dos que son propiedad de Laber SA ubicados en San  Martín y Junín respectivamente; la Asociación “Vivir y Crecer” de Guaymallén y el Instituto Jorba de Funes, el único estatal.

Uno de los hogares de la sociedad anónima mencionada es Laber Unión; el otro es La Tebaida de los cuales la Defensoría solicitó su cierre mientras que ha pedido que el Estado evite hacer convenios con esta razón social o cualquier otra del mismo propietario.

Cuello explicó que aunque desconoce si los hogares han sido cerrados porque no es su competencia, sí se ha rescindido el convenio. “No tenemos poder de policía para cerrar hogares. Eso compete al Ministerio de Salud o a las municipalidades”, indicó Cerda.

Respecto de Vivir y Crecer, el director explicó que los problemas que allí se presentaron fueron de calefacción ya que Ecogás había demorado las habilitaciones, pero que entre tanto ha sido resuelto con otro tipo de artefactos.

Cuello explicó que la oferta de hogares no es mucha por lo que han puesto a disposición herramientas de diversa índole para adecuar o mejorar las instalaciones de los ya existentes.

Entre los reclamos de la Defensoría se encuentra la concreción de un aumento de lo que el gobierno entrega a estos lugares por cada paciente. Este valor, según se indica, era de 3.500 pesos, pero Cuello mostró que desde junio ha sido modificado y pasó a ser de $ 5.000 y seguirá incrementándose. Desde diciembre será de $ 5.500 y a partir de junio de 2015 alcanzará los $ 6.300. Se detalló que la intención es que todos trabajen por convenio para poder ejercer un mayor control.

"El Jorba"

El instituto instalado en el predio del hospital El Sauce en Bermejo merece un capítulo aparte. Suele quedar en el ojo de la tormenta. Como pasa en otros ámbitos particularmente en el de la salud, el edificio delata que el dinero para mantenimiento es escaso o insuficiente.

Los Andes pudo visitar el lugar que ofrece instalaciones muy austeras. Se ven paredes deterioradas y algunas grietas dibujadas en ellas, pero aseguran que no revisten riesgos. Al mismo tiempo, se observa que con lo poco que hay se hace lo que se puede. “Hace poco se hizo esta nueva ropería”, destaca Silvia Rodríguez, coordinadora de Hogares, quien manifestó  que “nadie niega que haya falencias, pero también hay avances”, muchos hechos a pulmón por los mismos empleados.

En la cocina, dos mujeres trabajan arduamente para alimentar a los 45 albergados mientras que en las habitaciones las camas lucen prolijas. La mujer reconoció que están algo hacinados ya que uno de los dos pabellones con que contaban tuvo que ser demolido por lo que ahora todos se encuentran en el mismo lugar. Así, en habitaciones grandes se ubican alrededor de diez personas.

Los baños están bastante deteriorados y, según detallan, necesitan más que nada trabajo en las cloacas. En el patio se acumulan ladrillos y arena esperando mejor destino. Asimismo, Cuello ofreció un detalle de inversiones en el lugar con sus respectivos expedientes. Este año hubo erogaciones en sábanas y almohadas por 38 mil pesos; 9 mil en un tanque de agua; 60 mil en reparaciones varias; 75 mil en mano de obra de albañilería entre otros gastos por servicios y de mantenimiento que totalizan más de 509 mil pesos.

La mayoría de los que allí se encuentran son casos judicializados, es decir que el Juzgado interviniente consideró que era mejor que estuvieran allí que en el entorno de su familia, quizá por las dificultades de éstas para cuidarlos.

Pero la verdadera intención es refuncionalizar el lugar luego de la paulatina creación de microhogares. Desde allí serán trasladados los habitantes, luego de un prolongado proceso de adaptación para -de acuerdo a lo  que se ha pensado- transformarlo en un ámbito de esparcimiento y rehabilitación.

Nelly de Díaz y Silvia Sjoberg, presidenta y vice de la Cooperadora del instituto, aseguraron que trabajan hace décadas allí y no han visto nada de lo que se denuncia.

Otro de los puntos señalados en la resolución es la accesibilidad de los medicamentos para esas personas. Silvia aclaró: “Nunca han faltado, pero no teníamos un lugar para hacer acopio por lo que no había gran cantidad”. Pero ahora, se ha atribuido este rol a la farmacia del hospital El Sauce que también se encarga de distribuir las dosis de acuerdo a la prescripción médica. De esta manera, se puede actuar de manera más prolija, hacer licitaciones para la compra de más cantidad y, por ende, conseguir mejores precios.

Sistema de contención socio-comunitaria

“Que no es ajena la situación actual del pretendido sistema de promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad que mantiene la Provincia de Mendoza a la que históricamente ha existido; siendo que, por carecer de adecuada financiación, organización administrativa, profesionalización, recursos humanos, voluntad política y humanismo, se ha transformado en una trama excesivamente burocrática, útil sólo a los efectos de invisibilizar la grave problemática que debe solucionar. Esto se observa con más evidencia en el caso del efector público de albergue de personas con discapacidad, Instituto Jorba de Funes”, dice la Resolución.

Por el contrario, los funcionarios del área de Discapacidad de la provincia aseguran que se trabaja en afianzar un nuevo paradigma sobre el tema que apunta a la inclusión. Se trata del sistema de contención socio-comunitaria. “Antes se priorizaba una mirada asilar, de reclusión.  Ahora se apunta a una mayor participación social”, dijo Adrián Cuello. En esto es muy importante la territorialidad, dar más oportunidades, un paradigma más social y menos asistencialista en el que el albergue es la última opción.

“Pesa un gran estigma sobre ellos que durante mucho tiempo fueron dejados en estos lugares, pero hay que preguntar a la sociedad si no hay otro lugar para ellos”, destaca Silvia Rodríguez, coordinadora de Hogares.

Institutos del Este

Alejandra Puebla es coordinadora del hogar para discapacitados que funciona en calle Unión de Los Barriales, en el límite con Palmira, y asegura que esa entidad no ha sido notificada de ningún pedido de clausura. “Nosotros somos Lopsal SA y no tenemos nada que ver con la gente que manejaba antes este hogar que es Laber SA y contra la que hay una serie de denuncias. En abril hemos presentado al municipio toda la documentación necesaria y estamos esperando la habilitación definitiva”, dijo la mujer.

-¿Pero el dueño de la razón social Laber SA y Lopsal SA no es la misma persona?

-Le repito que son cosas distintas. Acá hemos cambiado la forma de trabajo que existía aunque sabemos que va a ser difícil cambiar la imagen que dejó la otra firma. La verdad es que Profe (ahora Programa Federal Incluir Salud) nos debe dinero desde hace un año y medio por los chicos que atendemos, y la provincia no nos paga desde enero. Con ese panorama, nosotros trabajamos con mucho esfuerzo tanto del personal como de los padres.

Puebla asegura que hace más de un mes deshabitaron la casa que también ocupaban en Alem 357, de San Martín: “Hace tiempo hubo un incendio y el dueño no se hizo responsable de los arreglos. No se podía trabajar y nos fuimos. Algunos chicos vinieron acá”.

En el hogar de calle Unión, hay entre 11 y 16 pacientes (la cifra varía según sea Puebla o una de las auxiliares a cargo, la que responda) y el lugar cuenta con seis dormitorios, una cocina, un salón para comer, la recepción y una enfermería: “También hay cuatro baños habilitados”, explicó Puebla y se observa algún sector de la casa todavía en construcción.

La  coordinadora agregó que el lugar cuenta con tres auxiliares por turno, un enfermero y una cocinera. "Acá tenemos pacientes con problemas psiquiátricos y mentales desde los 16 a los 35 años", cerró. / J. Hernández

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