La “acción autónoma de nulidad por sentencia írrita” ya fue presentada por Fiscalía de Estado en la Justicia Civil mendocina. Los demandados son Dalvian S.A. y Daniel Vila.
El objetivo de la presentación es recuperar el excedente pagado por el Estado al empresario y al barrio privado del Grupo Vila-Manzano en la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo.
De acuerdo a los cálculos realizados por Fiscalía de Estado, el precio de esas tierras rondaba los 400 mil pesos. El juicio de expropiación de 2007 determinó 3,5 millones de pesos. Por lo tanto, en caso de que la Justicia le diera la razón a la Provincia, Vila y Dalvian deberían devolver 3,1 millones de pesos.
El abogado del grupo empresario, Eduardo Vila, prometió contraataque: demandarían a la Provincia por “pérdida de chance”, es decir por el dinero que supuestamente habrían perdido sus clientes por no poder vender esa tierra parcelada en lotes del barrio Dalvian. El letrado dijo que esa “pérdida de chance” representaría unos 200 millones de pesos.
La historia del reclamo de nulidad por sentencia írrita nació en los juicios de expropiación de tierras para crear la reserva natural ubicada en el pedemonte mendocino.
Fueron seis propietarios los expropiados. Los que tuvieron el juicio más rápido fueron Vila y Dalvian. El precio que obtuvieron rondó entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado, según se tratara de terreno llano o demasiado accidentado como para desarrollos inmobiliarios.
En marzo de 2012 la Suprema Corte decidió sobre el segundo juicio de expropiación, correspondiente a las tierras de la familia Tohmé, quienes pretendían cobrar lo mismo que Vila.
En ese fallo, el máximo tribunal dijo que el precio para los Tohmé era de $ 2,76 por metro cuadrado y que lo pagado a Vila y Dalvian era excesivo, por lo que ordenaba una investigación penal.
Ese fallo fue el origen de todos los males para el entonces fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, porque él fue quien llevó adelante el expediente de la familia Vila.
Fiscalía de Estado es la que representa al Estado en los juicios de expropiación y su titular en ese momento era Pedro Sin, quien se excusó de participar en esa expropiación. Entonces el caso cayó en De Rosas, quien era el segundo en el organismo de control.
El jury entendió que el accionar de De Rosas permitió el pago desmedido a Vila y Dalvian y por eso lo destituyó en abril de 2014.
A partir de la sentencia de la Suprema Corte y la decisión del Jury de Enjuiciamiento, estaba al caer la decisión de reclamar el excedente pagado. El tiempo para hacer el reclamo expiraba el 1 de agosto pasado.
La acción autónoma de nulidad por sentencia írrita fue presentada el viernes 29 de julio pasado con el impulso del actual fiscal de Estado, Fernando Simón y el Gobierno de Mendoza. El expediente está en el Segundo Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil.
El abogado de Dalvian prometió a Los Andes que harán el reclamo del dinero que supuestamente perdieron por la expropiación, que les impidió comercializar esas tierras como lotes del barrio privado.
Después dijo que “Vila está en medio de una pelea entre el Poder Ejecutivo y el Fiscal de Estado, pelea fogoneada por profesionales inescrupulosos y medios de la competencia”.
