La agresión sufrida por una docente de la escuela Rawson de Godoy Cruz, en manos de un padre, hizo reaccionar al gobierno de Alfredo Cornejo, que promueve prisión “de hasta diez días” para quienes ataquen a los maestros.
Así lo indica el proyecto que elaboran los asesores legales de la Dirección General de Escuelas (DGE) y que el Poder Ejecutivo enviará la semana que viene a la Legislatura.
El anuncio lo hizo el Gobernador, que informó que se creará la figura del “defensor del docente”. La idea es que los responsables del aula cuenten con un abogado gratuito a disposición cuando sufran alguna situación violenta.
“Los docentes contarán con un abogado gratuito de la DGE, que los asista en la denuncia, aplicando el Código Penal”, dijo Cornejo.
“Esta defensoría se hace con el mismo personal, no se crean cargos. Es como hicimos con el defensor del policía. Funcionará en la propia oficina jurídica, donde se destinarán tres personas a asistir a los docentes”, añadió el mandatario.
“El problema existe y si bien no tiene niveles alarmantes, sí tiene niveles prevenibles”, consideró Cornejo. “Para que sea prevenible debe haber sanciones y, antes, denuncias”, agregó.
Según información a la que accedió Los Andes, la iniciativa busca reglamentar "la creación del defensor del docente, el agravamiento de las sanciones correccionales para ofensas a docentes y un nuevo sistema de denuncias en escuelas en caso de detectar situaciones de violencia en contra de menores", tal su título.
En el articulado se destaca la modificación del artículo 43 del Código de Faltas, que hasta ahora prevé “multas o arrestos” por mofarse o agredir a un funcionario público.
Y le agrega: “Si el ofendido fuere un docente, de cualquier nivel jerárquico de un establecimiento educativo, la pena será de hasta 10 días de arresto”.
Otro artículo incita a las autoridades escolares a “comunicar la situación de presunta violencia, maltrato o abuso” y no sólo plantea el de los docentes, sino que también podrán avisar hechos intrafamiliares que detecten. “Se lo comunicarán al asesor de Menores e Incapaces”, indica.
Ese asesor será quien haga la denuncia respectiva. El motivo, según se informó, es evitar cualquier represalia que el docente pueda sufrir.
Otro artículo asegura al docente agredido la asistencia y representación “gratuita” de un abogado provisto por la DGE. Es cierto que ahora existe, pero en la mayoría de los casos los letrados han actuado “de oficio”. “Ahora en cada caso estará el abogado”, dicen.
En principio, el proyecto no ha sido consultado con el Consejo Asesor de la DGE ni con el SUTE.
Sebastián Henríquez, su titular, coincidió con Cornejo en que la función ya existe. “La DGE tiene un cuerpo jurídico, un abogado que asesora a los docentes en estos casos. Nosotros también lo hacemos”, contó, aunque no se mostró satisfecho con la medida.
“La respuesta es la prevención, que se logra con más recursos y personal, y con que los organismos del Estado no estén saturados. Necesitamos que las escuelas primarias tengan el suficiente personal profesional, y no una sola persona para toda una sección”, recomendó el titular del gremio docente.
