Finalmente fue lanzada la emisión de los "Títulos provinciales de consolidación y cancelación de deudas”. Se trata de los bonos por 1.000 millones de pesos para pagar a los proveedores del Estado que tienen facturas por cobrar al Estado por servicios recibidos durante la gestión de Francisco Pérez.
Los proveedores que recibirán títulos son aquellos que tengan acreencias contra la provincia por más de un millón de pesos.
Los bonos tendrán una retribución monetaria, pues se amortizan después del año de gracia. La devolución del capital será en cuatro cuotas y un interés equivalente a la tasa Badlar.
Estos bonos fueron autorizados por la Legislatura en el artículo 8 de la ley 8.816, la norma que fue acordada por el entonces gobernador Francisco Pérez y el entonces electo Alfredo Cornejo, ley en la que se intentó cerrar el rojo que dejaba Pérez en las cuentas públicas.
Una de las estrategias para cubrir el abultado déficit era la emisión de un bono de consolidación que se usaría para cancelar todo o parte de las deudas que el Estado mantenía con proveedores. La estrategia fue lanzada por vía del decreto 127/16 que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.
Los acreedores del Estado podrán optar por estos bonos en pesos, los cuales están exentos de impuestos provinciales, podrán ser negociados o usarse para pagar la totalidad de deudas impositivas vencidas al 31 de diciembre de 2014 o el 5% de obligaciones con el fisco posteriores a esa fecha. Los bonos tienen un plazo de 30 meses y un año de gracia.
El Gobierno operará la emisión de estos títulos con Caja de Valores Sociedad Anónima.
La emisión de los bonos implica patear a 2017 obligaciones que quedaron sin pagar en 2015. Así lo dice un párrafo de los considerandos del decreto 127/16: “Se estima conveniente disponer la emisión de Títulos, lo cual implicaría una disminución de la deuda flotante en conjunto con un incremento en la deuda consolidada de la Provincia, en donde el consecuente diferimiento de los pagos, dará tiempo a que decanten las medidas tendientes a nivelar las finanzas del Estado generando así la disponibilidad de recursos necesarios para afrontar los pagos de intereses y amortización de los títulos a emitirse”.
Sobre el final del párrafo queda claro un hecho del que no se había hablado hasta la publicación de ese decreto: el pago de capital e intereses que reportarán los “Títulos provinciales de consolidación y cancelación de deudas”: la devolución de capital se hará en cuatro cuotas semestrales al año de la emisión del bono y además habrá una ganancia equivalente a la tasa Badlar, que ayer cotizaba levemente por encima del 26%.
¿Es una buena inversión? Eso dependerá del cristal con que se mire y de la evolución de la inflación y las tasas de interés. La Badlar la calcula el Banco Central de la República Argentina y es un promedio de lo que pagan los bancos de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires a los depósitos a plazo fijo.
No faltarán quienes indiquen que el pago de las obligaciones a los proveedores del Estado es un tema que se viene arrastrando hace mucho y que esas empresas que ya ofrecieron un servicio o un bien empezarán a cobrar plata dentro de un año y con un interés que probablemente no cubrirá el impacto de la inflación.
Tampoco faltarán quienes afirmen que un 26% de interés, sumado al sobreprecio que muchos empresarios cobran al Estado justamente por las demoras en los pagos, puede ser una buena alternativa.
El BID monitoreará inversiones
Hoy llega una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para monitorear el avance de inversiones en Seguridad, financiadas por la entidad y también darán inicio a dos consultorías: una por 730 mil dólares para potenciar el uso máximo de la traza del Metrotranvía, por vía del desarrollo de actividades complementarias; la segunda, por 110 mil dólares, para el fortalecimiento del transporte público.
En el caso de las inversiones en Seguridad, se trata de la compra de 560 cámaras nuevas, de las cuales 360 ya fueron instaladas, así como fortalecer los centros de visualización de lo que las cámaras registran en las calles ubicadas en Capital, Maipú, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.
También se invirtieron fondos del BID en el CEO móvil que es un camión con conexión al sistema Tetra que permite centralizar logística de operativos policiales en territorio. El CEO móvil fue usado en el corredor bioceánico cuando se produjeron los aludes en alta montaña.
Todas estas tareas se desarrollan con fondos del BID tomados por el Gobierno nacional, quien será el encargado de pagar las cuotas por el 90% de la inversión; el otro 10% es la contraparte que debe cubrir la provincia. Todas las inversiones están dentro del programa nacional de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI).
