Por un fallo de la Corte local, Pérez suspende pagos y obras

La aceptación de la cautelar contra el endeudamiento de la Provincia dispuesta por la sala I de la Suprema Corte es parte de un expediente secreto cuyo contenido -hoy para nada secreto- ocupa las portadas informativas de todos los medios de Mendoza.

Curiosamente la medida todavía no tiene vigencia, pero ya provocó un terremoto en la Casa de Gobierno, donde el gobernador, Francisco Pérez, mantuvo ayer reuniones de emergencia con su gabinete ampliado y con los intendentes del PJ. Y anoche preparaba para hoy encuentros con legisladores nacionales y provinciales.

La medida cautelar que frena la suscripción de nueva deuda fue notificada ayer por la Corte a los legisladores radicales que la solicitaron, pero aún no al Gobierno, ya que para que se pueda formalizar,  la parte demandante (es decir la UCR) debe constituir una contracautela por dos millones de pesos. Se espera que este paso se dé en las próximas horas y -recién entonces- la Corte notificará al Gobierno y a la Fiscalía de Estado.

“Una imposibilidad de endeudarnos afectará el 36 % de la inversión pública”, denunció el ministro de Hacienda, Marcelo Costa. A su lado, el ministro y el subsecretario Legal y Técnico, Francisco García Ibañez y Gustavo Tobares confirmaron que el Ejecutivo no cuenta aún con la notificación de la Corte, trasladaron la “grave preocupación” existente en el Gobierno y consideraron que la falta de acceso al crédito genera “una situación bastante perjudicial para la provincia”.

No obstante, todos prefirieron esperar la llegada de la notificación oficial para hablar de medidas y reducciones concretas. No obstante trascendió que el Gobernador ordenó ayer “paralizar el pago de la pauta publicitaria”.

“La Provincia con financiamiento tiene una situación delicada pero controlada. Pero si no hay financiamiento pasará a vivir una situación muy complicada”, disparó Costa. Previamente, mostró gráficos interanuales que exhibieron una reducción creciente (con relación al PBG) del endeudamiento anual del Estado mendocino.

Y alertó sobre la actual marcha a la baja de los ingresos de la provincia a medida que avanza el año. Buscó así contrarrestar así las manifestaciones en contrario del radicalismo, desde donde se afirma que los mayores ingresos del primer cuatrimestre alcanzan a 1.300 millones de pesos, cifra suficiente para evitar endeudamiento.

El gobierno provincial evitó ayercriticar a la UCR y habló de "retomar el diálogo", aunque destacó que "con un sector del radicalismo" no existe eco.

Pérez ordenó ayer que cada repartición comience a preparar un plan de contingencias (que evitó llamar “de ajuste”) que contemple el pago de los vencimientos al ritmo de la disponibilidad de los recursos. Aunque no habrá definiciones finales antes de la notificación de la Corte.

En Mendoza, las desinteligencias entre el justicialismo y el radicalismo sobre el endeudamiento no sólo impidieron la aprobación del presupuesto anual y obligaron a la Provincia a manejarse con la pauta del año anterior, sino que derivaron en un conflicto que obligó a la intervención de la Suprema Corte.

En Tribunales

La Sala I de la Corte -que integran los doctores Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares- ya el viernes pasado había habilitado la feria para atender no sólo la medida precautoria solicitada por la UCR sino también a la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad o no de la reforma a la ley de contabilidad con la que el oficialismo aspiraba a “reconducir” el presupuesto.

“La Corte va a resolver ambas cosas lo antes posible y va a evitar los tiempos muertos que a veces aparecen en los procesos judiciales”, confesó a Los Andes una fuente de Tribunales cercana al movimiento del -ahora- desdoblado expediente. Los doctores Pérez Hualde y Nanclares (con ausencia de Carlos Bohm, remplazante de Omar Palermo, recusado por la UCR) resolvieron ayer, antes de los tres días hábiles de plazo con los que contaban para disponer una medida precautoria, aunque tenían hasta hoy para hacerlo contando desde el jueves pasado, tras el fracaso de la negociación entre el Gobierno y el radicalismo.

“La Corte no quiere que la usen aprovechando a favor de una parte, las demoras de un proceso judicial en un tema de resolución política”, afirmaron en Tribunales. Esto confirma que la resolución final-aún la de la cuestión de fondo- se producirá “lo antes posible”. El proceso, no obstante, demandará entre dos y seis meses como mínimo y -precisamente- el tema devendrá en abstracto dentro de seis meses, cuando se termine el año, ya que la discusión sobre el endeudamiento se refiere a 2014.

Los tiempos procesales

Todos los plazos se comienzan a contar a partir del viernes pasado, tras el fracaso de la reunión política del jueves. El Gobierno y la Fiscalía de Estado fueron notificados ayer de la demanda por el pedido de inconstitucionalidad de la UCR y los legisladores radicales y el Gobierno recibieron la notificación del pedido de resolución en plenario de la Corte que el viernes presentó la Fiscalía de Estado.

Ambas partes tienen veinte días hábiles para contestar. Luego se dará vista a la Procuración de la Corte que deberá formular un dictamen en cinco días hábiles. Este plazo se puede estirar, si el procurador Rodolfo González ordena “producir prueba”, todo lo que demore producirla. Caso contrario, la Corte estará en condiciones de expedirse.

En resumen, el gobierno y la Fiscalía de Estado tienen hasta el 28 de julio para contestar la demanda. El Procurador hasta el 4 de agosto para dictaminar (si no ordena producir prueba). Y la Corte deberá expedirse antes del 26 de agosto, en caso de que termine resolviendo la Sala I. En caso de que el tema se termine resolviendo por plenario de Corte, los plazos se estirarán 90 días hábiles más.

Es que cada ministro del máximo tribunal tendrá 15 días hábiles para expedirse. Y esto significaría que la resolución final del tema de fondo podría estirarse hasta los comienzos de la próxima feria de enero.

Aunque por la predisposición existente en la Corte, es posible que los ministros acorten los tiempos de un eventual plenario, al expedirse antes del plazo de 15 días hábiles del que dispone cada uno de ellos. Pero así y todo, la decisión final se conocerá recién entre los dos últimos meses del año.

Historia del desencuentro

Noviembre 2013. Pérez envía un proyecto de presupuesto con 1.700 millones de endeudamiento.

Diciembre 2013. Diputados aprueba el presupuesto, pero rechaza el endeudamiento. Ambos temas se estancan.

Febrero 2014. Radicales y peronistas se vuelven a reunir. El oficialismo negocia con un sector de la UCR, pero no hay acuerdo. El presupuesto nunca se trata en el Senado. El Gobierno comienza a aplicar el presupuesto 2013 prorrogado automáticamente.

Abril 2014. El Gobernador envía un proyecto de ley de "reconducción presupuestaria" que modifica la ley de Contabilidad y habilita al Ejecutivo -por prórroga automática- a tomar los 1.300 millones de deuda previstos para el año anterior. Se aprueba por mayoría simple.

Mayo 2014. La UCR se presenta en la Corte y reclama la inconstitucionalidad de la ley aprobada sin los dos tercios de los legisladores presentes, al tiempo que pide una medida cautelar. El Ejecutivo inicia gestiones tendientes a tomar créditos.

Junio 2014. La Suprema Corte llama a audiencia de conciliación al Gobierno y la UCR y suspende los plazos de pronunciamiento. Las negociaciones fracasan.

Fines de Junio 2014. La Corte se hace cargo de resolver el tema y comienzan a correr los plazos. Ayer la Sala I resuelve admitir el pedido de cautelar de la UCR. Cuando se materialice mediante una contracautela del radicalismo, estará suspendida la posibilidad de que el Gobierno tome deuda, hasta que exista un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.