Por problemas ambientales, frenan concesión petrolera de Cristóbal López

A través de la Resolución 27 de 2016, la Secretaría de Ambiente definitivamente frenó en seco el trámite que desde hacía tiempo llevaba la empresa Oil M&S, del empresario kirchnerista Cristóbal López, para poder operar el área petrolera Río Diamante. Entre los fundamentos de la medida, que ordena suspender y archivar el expediente respectivo, la autoridad observó defectos en la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), paso ineludible para la explotación hidrocarburífera.

Así las cosas, cerrado el expediente 1111-D-2009-03834 caratulado “MGIA del área Anexo VII Río Diamante- OIL M&S S.A.”, si pretende seguir adelante para explotar el área que se adjudicó en 2008 por U$S 66 millones, la firma de López deberá volver a fojas 0. Es decir, presentar una nueva Manifestación, más específica y rigurosa que la de hace 7 años.

“Se sustancia un procedimiento de evaluación ambiental, mediante MGIA (Manifestación General de Impacto Ambiental), con un contenido somero y genérico que no cumple con los recaudos mínimos de la legislación”, señala en sus considerandos la Resolución firmada por la titular de la Dirección de Protección Ambiental (DPA), Miriam Skalany.

Pero además, hace hincapié en el riesgo futuro que hubiera implicado aprobar el trámite tal y como se había llevado adelante. “De continuar el procedimiento en las condiciones obrantes, se generaría un acto viciado grave”.

No obstante, la decisión de la DPA deja la puerta abierta para que Oil “en la medida de su interés, dé inicio a un nuevo procedimiento que se adecue a las exigencias legales”.

Como en su momento el caso había llegado a judicializar se, Ambiente puso en conocimiento de la resolución a la titular del 4to Juzgado Civil de San Rafael, Mónica Cubillos, quien había admitido un amparo para frenar la audiencia pública de una ONG ambientalista de San Carlos ante la declaración de uso del fracking, que para la empresa fue “errónea”.

Además, notificó a Fiscalía de Estado, cuya área de Derecho Ambiental sugirió a la DPA dar marcha atrás con las actuaciones el 3 de diciembre, y suspender el proceso por “falencias de contenido”, al evaluarlo inconsistente.

Pese a lo “somero y genérico” y las “limitaciones” de la presentación que impulsaba desde 2009 en busca de la Declaración de Impacto Ambiental que le permitiera explotar Río Diamante, la petrolera superó distintos dictámenes técnicos sectoriales (de la UTN y UNC), que para la autoridad ambiental se emitieron en consecuencia, o sea, ajustados a los datos declarados por Oil.

El voluminoso expediente de dos cuerpos acredita el transcurso de casi 1 año y medio entre dos audiencias públicas fallidas, habida cuenta que, en la segunda, la jueza Cubillos consideró que la empresa no respondió observaciones de la UNC ni del Departamento General de Irrigación sobre cómo podía afectar humedales en el área.

Ahora, con la suspensión ordenada por la Dirección de Protección Ambiental resta definir qué plazo tendrá López para volver a la carga si mantiene su interés por Río Diamante y si la falta de inversión deviene en caducidad de la concesión.

Al respecto, Skalany subrayó que se contemplará un “tiempo prudencial, teniendo en cuenta que las inversiones están supeditadas a la obtención de la DIA, que hasta el momento no se dio”.

Sobre lo que viene, la funcionaria aseguró que solicitará a Oil la presentación de otra MIA, habida cuenta que el expediente ahora archivado había incorporado en octubre una nueva presentación, más acotada.

Dicha presentación, según trascendió, en función de lo exigido por Irrigación para proteger al humedal de Río Diamante, recortaría 30% la superficie original del área y, en igual proporción, la inversión comprometida de U$S 66 millones.

Lo dicho: al quedar sin efecto el trámite, Oil deberá reformularlo para llegar a la explotación. “Que contenga un grado de detalle mayor en cuanto a la distribución de pozos, para avanzar nuevamente con los dictámenes y la audiencia, todo lo cual llevará un mínimo de 6 meses de evaluación”, consignó Skalany.

Por su parte, desde Fiscalía de Estado advierten que precisamente sobre esos aspectos estará puesta la lupa en la próxima etapa. “Corresponde tener en cuenta, si se presenta otra Manifestación, en qué condiciones y, entre otras cuestiones, el plazo a contemplar, incluido el cumplimiento real de la inversión necesaria, antes de declarar caduca la concesión”, explicó el abogado Nicolás García Bistué, del área ambiental.