Polémica por los aumentos salariales

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el Estado nacional no ha podido cerrar acuerdo de incrementos salariales con la mayoría de los gremios más importantes del país. El ministro Kicillof se había plantado en un porcentaje del 24% y luego de presiones varias, elevó el rango a un nuevo tope del 27%. No obstante, muchos gremios se resisten a este porcentaje, como los metalúrgicos o los camioneros. Otros optaron por adelantos a cuenta a la espera de mayor claridad.

El problema sería más simple si no hubiera inflación, que es el elemento que distorsiona todas las referencias en la economía. En ese supuesto, se podría pautar crecimientos basados en el crecimiento de la economía o en sistemas de medición de la productividad. Así, los aumentos serían genuinos, serían reales para los trabajadores y no implicarían subas de costos excesivos para las empresas.

Hasta 2008, cuando la tasa de crecimiento de precios era baja, no separaba un dígito anual, algunos sindicatos, que pertenecían a ramas de actividad económica que tenían un gran crecimiento, consiguieron montarse en esa bonanza y las empresas convalidaron ajustes salariales porque no comprometía su proceso de crecimiento, como pasó con petroleros, camioneros y otros. Mientras tanto, otros no pudieron subir tanto ya que las actividades, si bien crecían, no lo hacían con tasas de rentabilidad que permitiera mayor reparto, y el rubro de comercio fue uno de los ejemplos.

Pero con la inflación mediante, todo se altera. Además, con mediciones que son confiables todo se complica más. Cada sindicato tiene su propia medición, su propio cálculo de costo de canasta familiar, y todo conduce a un descontrol y a demandas que no tiene justificación alguna.

En el caso del gobierno nacional, se viene verificando un proceso donde aumentan los ingresos por impuestos coparticipables y disminuyen los no coparticipables. Esto significa que las provincias están teniendo, en términos reales, crecimientos superiores que los que registra la Nación. La pauta del 24% del ministro economía está en orden con esta realidad. Al subir al 27% solo se puede pensar que se pagará con mayor emisión monetaria.

Pero subir salarios en base a inflación, con una economía en estanflación desde hace tres, es decir, altas tasas inflacionarias sin crecimiento real, cualquier aumento, por justo que sea, solo consigue acelerar más el deterioro del poder adquisitivo del salario por que no se llega a cubrir el atraso generado el año anterior y no permite cubrirse de las subas del año en que se percibirá el nuevo monto acordado.

En el caso de la Nación se fijó un 24% no solo porque era la previsión de crecimiento de los ingresos, sino para no convalidar demandas basadas en mediciones privadas. Pero la oferta del 27% excede con creces la medición oficial y, no solo eso, sino que supera con mayor holgura la previsión presupuestaria de un 18%.

El extraño caso de Mendoza

En las negociaciones con los gremios estatales, el gobierno fue creciendo en las ofertas que hacía, partiendo que todos demandaban un 50% de aumento. El gobierno local tenía (y sostiene) un grave problema de financiamiento con déficit incluido. Frente a una realidad en la cual ni siquiera puede cerrar el Presupuesto porque no termina de definir sus niveles de ingreso, con un nivel peligroso de estancamiento de la economía.

En este contexto, haber comprometido un 35% de aumentos salariales además de la incorporación de mayor cantidad de personal, sin ponerle un freno serio a los ingresos de contratados, solo puede entenderse en un gobierno que sabe que se va, que no puede quedarse, pero que deja a sus sucesores, aunque sean de su propio partido, una herencia llena de irresponsabilidades que deberá pagar la sociedad mendocina en su conjunto.

El 35% de aumento comprometido por el gobierno es grave porque se ha dejado doblar el brazo por los sindicatos, que cada día están más agrandados y quieren quedarse con el 80% del Presupuesto sin importarles el destino del resto de sus comprovincianos. Estamos frente a un caso grave de irresponsabilidad de los gremialistas y de los políticos. El futuro está comprometido y no es bueno.