El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un recurso de hábeas corpus para garantizarle a los presos sueldo y aguinaldo por realizar labores, equiparándolos con el resto de los trabajadores, provocó una inmediata reacción y polémica en ámbitos políticos y sociales.
Uno de los más críticos con la decisión de Casación fue el aspirante a la Presidencia Sergio Massa, al afirmar: “Mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo, se le quita un ingreso a la gente con (el Impuesto a las) Ganancias”.
Fue el único político que salió abiertamente a cuestionar el fallo ligándolo al reclamo abierto hacia el Gobierno para que exima del pago de Ganancias al inminente medio aguinaldo.
En tanto, Gerardo Milman, presidente del Partido GEN en la provincia de Buenos Aires, ironizó diciendo que “esta idea puede significar que se busque garantizarle a los presos vacaciones pagas en los hoteles que administra Hotesur”, empresa denunciada por la diputada (Margarita) Stolbizer.
Y agregó: “Así caeríamos en la locura de que el Servicio Penitenciario Federal contrate a las empresas de la familia Kirchner como ya lo hicieron Aerolíneas Argentinas y las empresas de Lázaro Báez”.
Del otro lado, Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario e impulsor de la solicitud ante la Justicia, sostuvo que “el preso que trabaja debe tener todas las garantías de un trabajador en blanco y también realizar los aportes y las retenciones”.
“Aquí el empleador es el Estado y debe cumplir con las obligaciones que le demanda el derecho laboral -afirmó en dialogo con Cadena 3-. Es una paradoja, pero por lo menos el Estado intenta cumplir con una responsabilidad que tiene”. Según precisó, actualmente un detenido que trabaja ocho horas cobra unos 4.400 pesos.
Días atrás el diario La Nación había publicado una nota sobre los 25.000 presos de todo el país que trabajan en las cárceles en talleres industriales, fabricación de productos y tareas de limpieza. Es decir un 40 por ciento de la población carcelaria total, fijada en 64.109 personas.
Ayer, la Sala II de la Casación hizo lugar con el voto de los jueces Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Pedro R. David dictó un fallo donde se remarcó el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” para las personas privadas de su libertad, y se afirmó que “enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social”.
El jurista Leandro Halperín, especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, sostuvo que “no promover la educación y la capacitación para el trabajo en la cárcel es contrario a la ley y perjudicial para la paz en el medio libre”.
“Los presos que trabajan ganan dinero por trabajar, no por estar presos. Se les debe pagar lo que la ley dice, lo contrario sería violar le ley”, advirtió.
