Violencia de género: 2 detenidos piden igual trato que a Giacchi

Los abogados que los representan reclaman que se aplique el criterio de igualdad ante la ley que prevé el art. 16 de la Constitución. Están imputados por lesiones leves a mujeres.

Hay 270 detenidos por violencia de género en el pabellón 5 de Boulogne Sur Mer. Hay presos por casos de todo tipo, todos denunciados por mujeres que acusaron haber sido víctimas de la violencia machista.

La ola de detenciones en expedientes referidos a este tipo de delitos se cortó con el caso del ex ministro Rubén Giacchi, quien quedó libre, ante la sorpresa de varios abogados que defienden a quienes están presos por el mismo delito.

Durante la semana pasada hubo dos presentaciones para reclamar la libertad de dos detenidos, fundados en "el artículo 16 de la Constitución Nacional, esto es igualdad ante la ley en el tratamiento de los imputados por delitos de la índole de violencia de género".

Uno de ellos ya trascendió públicamente; se trata del detenido Sergio Attaguile, protagonista del expediente P-102.276 de 2016, radicado en la Unidad Fiscal de Godoy Cruz. El otro es Sergio Narváez, investigado en el expediente P-5.748 de este año.

Ambos casos son por lo mismo, lesiones leves agravadas por violencia de género; ambos, Attaguile y Narváez, están detenidos en el ya célebre pabellón 5 del viejo penal de Boulogne Sur Mer.

En el caso de Narváez hay otra causa conexa que lo complicaría algo más, el expediente 5.782, también de este año, por tenencia ilegal de arma de fuego, aunque su defensor, el abogado Martín Sevilla, indica que esa arma fue encontrada en un procedimiento en el que la denunciante ingresó sola a la casa que ambos compartían y la entregó en la puerta a los policías que realizaban el operativo diciendo que era del acusado.

Así pues, ambos detenidos habrían cometido el mismo delito que el ex ministro de Salud, pero Giacchi está libre y Attaguile y Narváez están presos.

Por eso es que ambas presentaciones se fundan en el artículo 16 de la Constitución nacional:  “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

En recientes publicaciones periodísticas ser reflejaron explicaciones de la situación de funcionarios judiciales, entre ellas las del propio procurador general de la Corte Alejandro Gullé.

Se indicó que el ex ministro no está detenido porque no tiene antecedentes, porque se presentó espontáneamente y porque no hay riesgo de fuga.

Las presentaciones de los abogados -Sevilla el de Narváez y Carlos Moyano y Rubén Arbayi los de Attaguile- hacen mención a estas declaraciones y argumentan que sus defendidos están en las mismas condiciones.

Es más, Moyano y Arbayi agregan que en el caso de Attaguile, a diferencia que en el caso Giacchi, “no existen testigos presenciales del supuesto hecho de lesiones que la víctima denuncia en estos autos, lo que hace mucho menor el riesgo procesal de nuestro imputado”.

En la solicitud de libertad de Narváez, se indica que la denunciante ya no vive en la casa que compartían, pero en caso de que eso no sea suficiente, se ofrece que el denunciado resida en la casa de sus padres.

Además se argumenta el pedido de libertad en el hecho de que el acusado tiene suficientes niveles de arraigo: es sostén de cuatro hijos menores de edad que dependen económicamente del detenido y tiene trabajo estable con el que cubre esas necesidades.

El caso que marcó una excepción en detenciones

Después del caso de supuesta violencia de género protagonizado por Rubén Giacchi y de que el ex ministro se mantuviera en libertad, se ha desatado una ola de críticas que arrancó la semana pasada con el presidente del Partido Justicialista de Mendoza Omar Félix, quien dijo a Los Andes: "Otra vez la Justicia tiene el desafío de demostrar que hay ley pareja para todos".

Ahora se vienen los reclamos por igualdad ante la ley. ¿Habrá una avalancha de pedidos de libertad?

La detención inmediata de los acusados por violencia de género no es una tradición en la Justicia provincial; nació con la denuncia del Gobierno provincial ante el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Fabricio Sidoti, hoy suspendido de sus funciones.

Sidoti fue el fiscal en la denuncia de Ayelén Arroyo contra su padre Roque Arroyo. Sidoti dispuso la prohibición de acercamiento, pero no detuvo al supuesto agresor, quien terminó asesinando a su hija.

Después de esa denuncia los fiscales detuvieron a todo denunciado. Así es como se llenó el pabellón 5 de Boulogne Sur Mer. 
Más aún, el defensor de Sergio Attaguile, el abogado Carlos Moyano, amenaza con presentar un "per saltum", para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación; está casi seguro de que no hallará igualdad ante la ley que solicita.

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