Pérez debe revocar nombramientos

Tres nombramientos de funcionarios políticos del Ministerio de Transporte en planta permanente fueron declarados nulos por la Fiscalía de Estado. Algunos argumentarían que la declaración del órgano de control se basa en un tecnicismo legal; los más audaces dirían que fue una torpeza de carácter monumental.

Los procesos administrativos siempre terminan en una norma legal, nunca al revés pero, en estos tres casos, la imputación preventiva (es decir la certeza de que había vacantes para nombrar a esas tres personas) fue emitida el 2 de julio pasado, con posterioridad al decreto de nombramiento, el 928/15, que fue firmado por Francisco Pérez el 11 de junio.

Las tres incorporaciones al Estado declaradas nulas son las de la asesora de prensa, Karina Paula Jaureguiberry; el ex secretario privado del ex ministro Diego Martínez Palau, Américo Segundo Gil, y el asesor Fernando Rodríguez.

Los tres ingresaron en la clase inicial para profesionales, la 009 del escalafón estatal, y los tres fueron consignados por Los Andes el 4 de setiembre pasado, dado que el día anterior el decreto fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Cómo llegó al gobernador Pérez un expediente, el 11873-D-2014-18006, que no tenía cumplimentados todos los requisitos previos para que se firmara el decreto? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, incluyendo la inocencia del olvido.

Todo esto, además, ocurrió en un contexto político desfavorable para el oficialismo: el 21 de junio perdió la elección provincial ante el frente Cambia Mendoza.

La pregunta que estimula la imaginación es por qué se introduce en el expediente una foja sin numerar con una fecha posterior al decreto que firmó Pérez y más cuando esa fecha viola el plazo impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta norma prohíbe el incremento de la planta de personal del Estado en el último semestre de los años electorales, o sea desde el 1 de julio.

Esa torpeza puede tener hasta consecuencias en la Justicia penal, porque se adulteró un documento público y, para colmo, hasta abona la hipótesis de que los números de decreto fueron reservados y firmados por el gobernador Pérez después del plazo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Más aún, en el dictamen firmado por el fiscal de Estado, Fernando Simón, hay otro problema señalado que tampoco es menor: esa imputación preventiva tampoco fue visada por la Contaduría General de la Provincia, tal como lo establece la Constitución provincial, organismo que tiene el deber de observar la legalidad de todos los pagos que se emitan (artículos 139 y 140).

Lo que se conoce como el “volante de imputación preventiva” no es un documento menor. Es el que indica que hay crédito para cubrir un gasto, o sea que hay partida presupuestaria autorizada por la Legislatura para hacer el asiento contable.

En este caso, el volante de imputación preventiva debía determinar que había cargos vacantes en la estructura del Ministerio de Transporte en los que se podía nombrar a tres personas.

Ese volante es la autorización a hacer la contratación en planta permanente: “El acto administrativo emitido y su necesario respaldo que acredite la existencia temporánea de crédito legal ha quedado alcanzado por las prescripciones del artículo 46 de la ley 7.314”, dice el dictamen de Fiscalía de Estado.

Valga como aclaración: la 7.314 es la ley de Responsabilidad Fiscal mendocina y el artículo 46 es el que prohíbe aumentar la planta de personal en el segundo semestre de los años en los que hay cambio de gobierno.

Torpeza y hasta presunción de delito encontró la Fiscalía de Estado. Es por eso que en el dictamen dice que “el decreto 928/15 se encuentra groseramente viciado en su objeto” y más adelante en el mismo párrafo dice que es “procedente su revocación en sede administrativa por la autoridad competente"”, es decir que el dictamen fue remitido al gobernador Pérez para que firme otro decreto que anule al 928.

Otros dos casos en la mira

La caída del decreto 928 fue impulsada por una denuncia de ATE, que apuntaba a cinco nombramientos irregulares. Los otros dos cuestionados fueron parte de otros decretos, el 1064 publicado el 17 de setiembre y el 1066 del 18 de setiembre.

El primero fue informado por Los Andes en su edición del 18 de setiembre y corresponde al pase a planta del asesor de gabinete del Ministerio de Transporte, Santiago Gascón; el segundo pasó desapercibido, es el del director de Administración del Ministerio de Transporte, Rodrigo Martínez. 
Gascón y Martínez pasaron a la tentadora planta permanente del Ministerio de Salud.

Ambos entraron en clase 013 y cobrarán el jugoso riesgo psicofísico que incrementa considerablemente el salario. Curiosamente los dos decretos en los que se los nombra, 1064 y 1066, tienen números correlativos con el 1065 que pasaba a planta permanente de Salud al jefe de ambos funcionarios: el actual ministro de Transporte, Pablo Rousseau. Cuando se ventiló el pase a planta, Rousseau renunció a su nombramiento en planta permanente.

Gascón y Martínez son funcionarios de Transporte nombrados en el escalafón fuera de nivel de la Administración Pública; el primero con clase 071 desde el 2 de abril de 2012; el segundo fue nombrado el 29 de agosto de 2012 director de Administración con clase 076.

Ambos trabajaban también con el ministro Martínez Palau, que renunció para hacer campaña como candidato a vicegobernador del oficialismo y a los dos días de perder fue contratado como asesor.

En el dictamen de Fiscalía de Estado se solicita además que se remitan los expedientes en los que se tramitaron esos nombramientos, puesto que aún no los tienen en su poder para hacer el análisis y responder a la denuncia de ATE.

Los expedientes que espera la Fiscalía de Estado son el 3223-D-15-77770 (de Gascón) y el 1463-D-15-77770 (que tramita el de Martínez).