Una resolución reciente de Irrigación, que permite abrir una perforación para riego en reemplazo de otra en desuso que haya sido cegada en el mismo acuífero, ha desatado un negociado de aristas inesperadas, sobre todo en regiones donde hasta el momento pesaba una total restricción. Mientras que los técnicos de las delegaciones zonales aún no saben a ciencia cierta cómo se implementará esta norma, ya hay productores que están ofreciendo hasta 60 mil dólares por el título de un pozo cegado.
Apenas fue publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, la resolución 164 (dictada el 11/03/2013) corrió como reguero de pólvora entre los empresarios agrícolas del Valle de Uco, generando, en algunos casos, una frenética búsqueda de títulos. Incluso, hay quienes -anticipándose a los tiempos que se tome Irrigación para implementarla- ya han firmado, ante escribano público y junto al titular del pozo, el acuerdo de 'compra' de permisos a cambio de miles de dólares.
Las expectativas eran grandes. Sucede que sobre la región del Valle de Uco rige desde 2010 -y debido a la fuerte crisis hídrica que comenzó a transitar la provincia- un estricto 'cepo' para la apertura de nuevas perforaciones. También en otras dos áreas de Mendoza (la subcuenca del Carrizal y la zona de Montecaseros, en San Martín), pero ellas están excluidas en esta iniciativa.
Desde entonces, en las oficinas de la subdelegación de aguas del Tunuyán Superior, esperan cajoneados más de 200 pedidos con trámites iniciados. La mayoría han sido presentados por grandes y nuevos inversores del Valle de Uco que se quejan por no poder hacer trabajar las tierras debido a esta restricción oficial.
¿Cuál es el cambio que instaló la 164? Hasta el momento, en estas regiones con veda la única posibilidad de abrir una nueva perforación para riego agrícola era cegando otra en la misma propiedad. La actual normativa permite remplazar el pozo dado de baja por otro dentro de la misma cuenca, subcuenca o acuífero, por ejemplo la que pertenece al Tunuyán Superior. Es decir que habilita al titular a transferir su permiso de concesión.
Esta medida, con la que las autoridades de Irrigación dicen promover el correcto cegado de perforaciones viejas y en desuso que hoy contaminan y ponen en riesgo las napas subterráneas de la provincia, ha generado un mercado de permisos.
"Ya me llamaron dos personas interesadas en comprarme el título del pozo viejo. Me ofrecen hasta treinta mil dólares. Yo estuve averiguando para trasladarlo a otras tierras que tengo en San Carlos, pero -aunque me dicen que es viable- no hay mucha información al respecto", comentó Pedro C., un viñatero tupungatino.
Santiago Ruiz Freite, secretario del Tribunal Administrativo del DGI, informó que la resolución ya está vigente, pero dijo que todavía no hay ningún expediente iniciado. Tal realidad parece responder más bien a una situación de desinformación que a la falta de interés de los productores. En la Subdelegación de Aguas del Tunuyán Superior, reconocieron haber recibido consultas al respecto, pero expusieron que no "tienen precisiones de cómo se implementará esta modificación".
"Estamos muy preocupados", manifestó Mario Leiva. El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco expuso que saben de casos en que ya han realizado depósito de dinero frente a escribano, para asegurarse el permiso cuando el organismo lo permita: 60 mil dólares ahora y 40 mil más, título en mano.
"La gente de antes hacía dos pozos en su finca por previsión. Quizá ahora venda uno por necesidad. Pero ¿quién nos asegura que están dadas las condiciones de la cuenca para estos manejos, si aún no tenemos el balance hídrico? Este mercadeo destruye las pequeñas economías", lanzó Leiva.
Desde la firma Sesto Perforaciones, reconocieron que desde que se habla de esta medida se ha reactivado la demanda. Sin embargo, allí y en otras empresas del sector, señalan el beneficio que esto implica para los gestores, quienes consiguen los pozos a cegar. "Están ofreciendo hasta 50 mil dólares", apuntó otro empresario y agregó que a ello se debe sumar los altos costos que implica tramitar y abrir la perforación: entre 80 mil y 320 mil pesos, dependiendo el lugar y las condiciones técnicas.
Ruiz Freite argumentó que los negociados que surjan a partir de esta decisión del organismo son una cuestión entre privados. "Al Departamento lo que le interesa es comenzar a cegar los 8.000 pozos en desuso que hoy tiene la provincia y que generan contaminación", expuso.
Agregó -también- que es el solicitante el que debe encargarse de los costos que demanda esta tarea y que parte de los aranceles que se cobran en estos trámites son destinados al Fondo de Cegado que tiene el DGI.
Respecto de la protección de los acuíferos, el abogado expuso que el remplazo se hará bajo ciertas condiciones y la movilidad del pozo no podrá ser hacia cualquier sector de la cuenca sino que estará sujeta a estudios. "Por ejemplo, no se puede trasladar una perforación de una zona de surgencias de San Carlos a Tupungato, donde las restricciones son mayores", apuntó.
La resolución 164 exige que la nueva perforación responda a las mismas condiciones de uso (para riego agrícola) y técnicas de la cegada (igual diámetro de salida, igual profundidad). También se requiere que el solicitante asegure un uso eficiente del agua a futuro, a través -por ejemplo- de modernas herramientas tecnológicas de riego.
Por último, Ruiz Freites señaló que esta iniciativa se encuadra en el marco de la resolución 548 que el Honorable Tribunal Administrativo dictaminó el año pasado. Cabe recordar que con esta medida Irrigación modificó la manera de acceder a los permisos. Antes sólo alcanzaba con cumplir un trámite administrativo y ahora se otorgan a través de convocatorias públicas, siempre y cuando los estudios científicos de universidades sobre los acuíferos indiquen que existe disponibilidad y que el nuevo pozo no afectará la calidad ni cantidad de agua disponible.
