La gestión justicialista llega a su fin y lo hace de la peor manera, ya que a la crisis financiera que atraviesa en estos días, que se traduce en falta de fondos e incumplimientos de pago, tanto a nivel provincial como departamental, se le añaden ahora imputaciones judiciales a funcionarios de primera línea, como las que se conocieron ayer al ministro de Hacienda, Juan Gantús, y al intendente interino de Guaymallén, Luis Lobos.
En realidad, cierta parte de la situación se relaciona con la suerte, ya que “fue una casualidad” que ambas imputaciones se hayan notificado el mismo día. Así lo explicó el fiscal de delitos complejos, Daniel Carniello, que también coincidentemente es quien lleva estos dos casos que sacuden al peronismo en retirada.
Desde lo político, la situación ya logró tintes dramáticos. Es que en la provincia, donde a duras penas el gobierno de Francisco Pérez puede pagar los sueldos -y sólo con los fondos que recauda por la falta del apoyo nacional prometido- se agrega esta noticia que deja desencajadas a sus principales figuras. “Peor no podríamos terminar” lanzó el ministro Legal y Técnico -y ladero fundamental del gobernador- Francisco García Ibáñez.
En algunos departamentos el escenario es similar. De hecho, Guaymallén conforma, junto a Luján y Santa Rosa, el trío de comunas con la peor historia financiera reciente, ya que en los últimos meses es recurrente que llegada la fecha de pago, se generen serios inconvenientes por incumplimientos a trabajadores y proveedores, a raíz de una gran dependencia de la coparticipación provincial, que la gestión de Pérez entrega a cuenta gotas y con demoras.
Por eso, el solo hecho de que Gantús y Lobos hayan sido imputados es visto por propios y extraños del PJ como el peor de los finales. A ello hay que sumar otras consecuencias, además de las penales. En el primero de los casos, de comprobarse delito, el ministro podría enfrentarse a un juicio político para sacarle los fueros que ya adquirió como senador provincial electo. Aunque también su situación judicial es observada por la UCR como un posible motivo para bloquear su asunción en 10 días.
La firma de Gantús
El caso que involucra al titular de Hacienda fue publicado el 13 de octubre por Los Andes. Es una denuncia de la empresa Mendoza Biomédicos SA de principios de ese mes, en la que acusó a Gantús de manejar a discreción fondos para proveedores del Hospital Notti, con un pago de $ 13,5 millones en el que priorizó a unas firmas y relegó a otras.
El 1 de octubre, gente de Mendoza Biomédicos, con una escribana, visitaron el hospital para conocer el estado de imputación y liquidación de la deuda con esa firma.
En la constatación, el gerente administrativo del Notti, Fernando Abbona, dijo: “A veces algunas remesas son destinadas para un proveedor en particular, como por ejemplo en setiembre, que se destinaron específicamente a unos proveedores en desmedro de otros, como el caso de Polyquímica y Biolatina. En caso de no respetar el cronograma, de Hacienda se retacean los fondos”.
Los presuntos beneficiados negaron tal condición (ver aparte), pero la causa sigue con el ministro involucrado en el proceso. De hecho, y a pesar de haber negado la imputación en su visita del miércoles pasado a la Legislatura (para dar cuenta de la crisis financiera), todo hace suponer que sí estaba en conocimiento de la acción legal de Carniello. “Ya tenía nombrados dos abogados defensores”, relató el fiscal al respecto.
El ministro se excusó de hacer declaraciones, pero su par, García Ibáñez, aseguró que el Gobierno “está abierto a cualquier tipo de investigación” que se realice.
Las irregularidades de Lobos
El caso de Lobos ha sido mucho más sonoro y ha sumado varias causas en su contra desde aquella inicial por enriquecimiento ilícito (ver aparte). El concejal del FIT, Federico Telera, hizo varias denuncias públicas durante la corta gestión del intendente interino. Fue precisamente una de ellas las que prosperó. El informe de una auditoría para el ciclo 2014-15 que hizo el Tribunal de Cuentas y que Telera recibió "bajo la puerta" de su despacho días atrás, fue lo que permitió a sus abogados ampliar la denuncia que derivó en la actual imputación.
A Lobos y sus funcionarios -que están hoy llamados a declarar en la causa- se los imputa por “fraude a la administración pública”, tal como informó Carniello, a raíz de irregularidades en contrataciones y licitaciones, por un monto de $ 5,5 millones durante el período que se auditó.
Por el hecho, están ahora imputados junto a Lobos, el secretario de Obras, Federico Sampieri; la contadora general, Matilde Musotto; el director de Servicios, Rubén Carrera; el de Espacios Verdes, Carlos González; el de Obras Municipales, Daniel Adove, y su subdirector, Daniel Magallanes.
Lobos, que fue candidato a intendente por el FpV en junio, no volvió a aparecer ante los medios desde que perdió y ayer no fue la excepción, al igual que sus funcionarios.
En la campaña, su adversario y actual intendente electo, Marcelino Iglesias, hizo reiteradas denuncias sobre el mal funcionamiento financiero de la comuna, acusando al concejal, a cargo de la intendencia, de corrupción.
Iglesias asegura que cuando asuma, el próximo 11 de diciembre, “se va a auditar todo”, para conocer en detalle lo que a su entender es “una vergonzante gestión que malversó fondos”.
Empresas que cobraron defendieron al ministro
Biolatina y Poliquímica, empresas proveedoras de medicamentos y material descartable presuntamente beneficiadas por los pagos de Hacienda, consideraron que la imputación a Gantús no corresponde.
“A nosotros no nos benefició nadie”, aseguraron sus representantes, que, planilla en mano (del sistema contable Sidico) informaron que al 11 de noviembre, la Provincia sólo les ha completado 89,9% y 82,5% de lo que le debe en total, mientras que a otras, como la denunciante Biomédicos, se le ha pagado el 89,5%, es decir, casi sin diferencias. Incluso hay otras, como Distrifar, que percibió más aún: 93,4%.
Polyquímica es una empresa que provee medicamentos, monodrogas, tratamientos de diálisis y material hospitalario y Biolatina, material descartable, de esterilización, entre otros productos. Según sus dueños, “entre ambas ocupan más del 50% del mercado” y ésa es la razón por la que reciben pagos de mayores montos.
Pero desde su visión se sienten aún perjudicados. “En realidad somos a los que más se nos adeuda”, dijeron y justificaron el pago que cuestiona la imputación de Carniello, en que se hizo para ayudarlos porque pagan “entre 240 mil y 300 mil pesos en el banco, por giro en descubierto. “Nosotros nunca dejamos de entregar los productos”, enfatizaron.
Se suman las acusaciones contra el intendente
Las denuncias contra la mala administración y las supuestas acciones fraudulentas de Luis Lobos, son varias.
De hecho, los abogados del FIT han realizado una en la que Carniello sigue trabajando -y cuya demora fue criticada por esos representantes legales- que se mantiene como una causa paralela. En este caso, la acusación es por “malversación de fondos”.
También hay otra por “enriquecimiento ilícito” que sigue su recorrido en el despacho del juez federal Walter Bento y que incluye una larga lista de bienes adjudicados al dirigente peronista y su entorno. Es en esta acusación en donde también está involucrada la esposa de Lobos, Claudia Sgró; el secretario de Gobierno, Juan Kohn, y el jefe de compras, Enrique Giordano.
Finalmente trascendió que una nueva causa también ha sido presentada. En este caso, los nombrados son solamente Lobos y su secretario de Obras Públicas, Federico Sampieri, y se presenta “sobre averiguación fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito”, en la que también se busca conocer qué grado de involucramiento tiene una empresa de asfalto con la que la Municipalidad de Guaymallén firmó un contrato por $ 21 millones.
