• Viernes, 21 de abril de 2017
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Ordóñez resiste la intervención del gremio judicial

El Ministerio de Trabajo nombró un “normalizador”, que aún no se hace cargo. La Suprema Corte dispuso que los integrantes de la comisión deben volver a trabajar.

Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

Carlos Ordóñez se resiste a dejar el gremio que conduce desde hace más de una década. La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial está en proceso de intervención, por orden del Ministerio de Trabajo de la Nación. El interventor aún no llega a hacerse cargo y en la sede del gremio, ubicada en Pedro Molina 583 de Ciudad, la comisión directiva que tiene mandato vencido sigue reinando como si nada.

El miércoles hubo asamblea y en ella quedó claro, para los asistentes, que Ordóñez pretende resistir la intervención normalizadora. Al parecer, también pretende resistir la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 11 de abril pasado por la que se ordenaba a toda la comisión directiva volver a sus puestos de trabajo, porque ya no tenían fueros. 

En esa acordada, la 28.004, también se ordenó que deben devolver los salarios cobrados desde el 1 de noviembre del año pasado, cuando culminó el mandato de esa conducción, por entender que desde entonces debían estar en sus puestos de trabajo y no de licencia gremial. El jefe de los judiciales debería volver a su cargo de jefe de Proyectos Técnicos.

Ayer Ordóñez dijo a Los Andes que la intervención era “una burda maniobra de la patronal, que no tiene otro sentido que liquidar el gremio de los judiciales, que ha tenido la virtud de mantenerse independiente de los partidos políticos y por eso ha enfrentado a Iglesias, Cobos, Jaque y Pérez”.

Asimismo, rechazaba que no tenía voluntad de volver a su puesto: “Trabajamos todos los días acá (por el gremio) y no tenemos ninguna dificultad de volver a trabajar donde hemos trabajado toda la vida”.

Ordóñez está en el limbo. En realidad, tiene un cargo en la Federación Judicial Argentina: es co-secretario general de esa organización. Pero en Mendoza la situación es distinta: la comisión directiva tiene mandatos vencidos y la elección en la que se eligieron los sucesores (la lista ganadora era encabezada por la pareja de Ordóñez, Adriana Domínguez) fueron anuladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación en octubre.

Trabajo analizó 17 impugnaciones que presentó la lista Bordó, que había perdido las elecciones del 8 de junio por menos del 2% de los votos. 

Desde el principio Ordóñez pretendió recurrir la decisión. Primero con un recurso administrativo ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; ahora en la Cámara Federal de Apelaciones. Por eso es que el dirigente dice que el ministerio está interviniendo el gremio cuando la Justicia todavía no emite un fallo. 

 

 

Pero mientras tanto, el sindicato está acéfalo. Desde la lista bordó, Sergio Mortarotti aseguró: “Queremos recuperar el gremio para nosotros. Que los intereses sean los del empleado que trabaja todos los días. No nos sirve un tipo instalado en Buenos Aires yendo a marchas políticas mientras nosotros tenemos presos que pegan a los empleados de las oficinas fiscales; y a los empleados de Giol lidiando con toneladas de caca de paloma”. 
Ordóñez respondía del otro lado: “¿Por qué razón el Ministerio no dijo nada de las impugnaciones desde marzo a octubre? ¿Por qué permitió las elecciones? A mi entender hay una lista pro patronal que, si ganaba, no pasaba nada”.

El diálogo a la distancia se mantiene y Mortarotti refutó: “Llevo 12 años en el Poder Judicial, trabajo en las oficinas fiscales. El domingo a la noche me toca la rotación y ahí me pueden encontrar. A las 3 de la mañana me encuentran en la comisaría”. Así, intentó graficar la falta de privilegios que tiene y rechazar la acusación de ser “pro patronal”.

El normalizador nombrado por el Ministerio de Trabajo es Hugo Marcelo Parrino, un abogado del foro local que se desempeña en el derecho laboral. En el artículo 2 de esa resolución se ordena a Parrino presentar en 15 días un informe detallado de la situación económico-financiera del sindicato; luego le dan 120 días para regularizar la situación institucional, es decir, llamar a elecciones y tener una nueva comisión directiva electa.

 

Ingeniero y gremialista

Ordoñez ingresó al Poder Judicial en julio de 1983. En alguna campaña electoral que lo tuvo como candidato no faltó quien mencionara que el dirigente accedió a su cargo antes de la llegada del gobierno democrático de Santiago F.  Llaver. 

Pasó por alguna depedencia antes de llegar al lugar que lo vio crecer en el organigrama del Poder Judicial: Proyectos Técnicos, una oficina dedicada a las refacciones edilicias. Cuentan que mientras trabajaba allí, terminó su carrera de ingeniero electromecánico. Cuando se recibió, se hizo el concurso que lo puso en la jefatura de esa oficina. A ese puesto debería volver ahora.

Sobre el inicio de este siglo Ordóñez empezó a transitar el camino sindical, cuando fue electo secretario adjunto de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. El secretario general era Carlos Pinto, quien no terminó su mandato por razones de salud y fue remplazado por Ordoñez. Ahí, a mediados de la década pasada, empezó su larga gestión.