Los organismos públicos, como municipios, las vialidades y reparticiones del Gobierno provincial, tienen la posibilidad de hacer algo más por los ejemplares del arbolado público, al estar debidamente establecida la forma de construir los espacios que los forestales necesitan para recibir el preciado líquido que les permite vivir.
Es una gestión en que se empeña el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público (Cpdap). Este grupo de profesionales, que desde hace años asesora al Estado en materia de recursos forestales, está observando distintas obras públicas que se realizan en Capital y los departamentos vecinos, velando por el cumplimiento de la ley 7874 y sus decretos reglamentarios.
Son muchos los aspectos sobre los cuales el Consejo se preocupa, con la meta de recuperar la antigua y tradicional "cultura del árbol", aún no perdida definitivamente en Mendoza pero bastante olvidada por muchos coterráneos y no pocos funcionarios.
Son diversas las recomendaciones que propone el Cpdap para desterrar el deterioro, pausado pero continuo, del arbolado ciudadano. En uno de los ítems señalan que las reparticiones ejecutoras de las realizaciones (municipios, Vialidad, Irrigación) disponen de áreas específicas dedicadas al patrimonio forestal, pero lamentablemente -y desde su punto de vista- están reducidas a la mínima expresión, resultando inoperantes.
"En la práctica, para estas instituciones, el arbolado y los espacios verdes aparentan ser una molestia y un problema, antes que un motivo de preocupación ambiental", señala un informe del Consejo. Plantea que se siguen construyendo acequias de riego impermeabilizadas con cemento, que fomentan la "isla de calor", en clara oposición a lo que prescribe el artículo 20 del decreto reglamentario 1099, de la ley del Arbolado Público 7874. Esa forma de proceder causa estrés hídrico o muerte de los ejemplares, u obliga a las raíces a explorar, a través de cloacas, jardines o pérdidas de cañerías, causando daños en veredas, casas y servicios.
Para los agrónomos, muchas de las oficinas municipales o provinciales saben de esta normativa pero no la aplican cabalmente. Las licitaciones de calzada -cordón-cuneta siguen, en ocasiones, sin considerar, en los pliegos de condiciones, el fondo de acequia semipermeable en toda su extensión y específicamente en el "nicho" de implantación o espacio donde está ubicado el ejemplar. La preocupación tiene como fundamento que actualmente se están llevando diversas obras en el Gran Mendoza, y en especial dentro del ámbito de la Capital, como las remodelaciones del Parque San Martín, la avenida Arístides Villanueva y la plaza San Martín. En lo que concierne al municipio de la Ciudad de Mendoza, sus técnicos prometen dar cumplimiento a todo lo que prevé la ley 7874, no sólo en la etapa de construcción de las obras, sino también en el riego posterior de los forestales, la poda correctiva, la plantación de nuevos ejemplares y la sanidad de los árboles en general. Por otra parte, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) ha comprometido su aptitud de controlar y hacer retroceder trabajos cuando se hayan comprobado incumplimientos flagrantes.
Como se observa, en este aspecto planteado -ejecución de acequias- se han activado alarmas. Es de esperar que se lleve a cabo el sencillo cumplimiento de disposiciones muy estudiadas. No podemos transcribir todos los ítems sobre los que advierten los ecologistas, pero uno relevante es la frecuente omisión de la evaluación de impacto ambiental (IA) en importantes ejecuciones, acompañada de tala de forestales, situación que, en ocasiones, no llega a la ciudadanía y de esa manera no puede expresarse sobre la afectación de su calidad de vida.
