Nisman: una nueva pulseada a la impunidad

El fiscal federal Eduardo Taiano recibió en estos días el estudio que sostiene que el fiscal Alberto Nisman podría haber sido asesinado en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero en enero de 2015. Se trató de un deceso que conmocionó al país y que siempre estuvo sospechado de connotaciones políticas en virtud de la denuncia efectuada por el extinto contra el poder político de turno en ese momento, como consecuencia de su investigación del atentado a la AMIA.

El estudio que sostiene que el fiscal Nisman habría sido víctima de un homicidio fue piloteado por peritos de Gendarmería Nacional. Debería generar confianza la calidad del trabajo, puesto que fue llevado a cabo por expertos en dilucidar escenarios complejos como el que surgió con dicha muerte.

A partir de esa posibilidad la investigación toma un giro muy fuerte, puesto que estudios anteriores que había ordenado la Justicia se habían volcado a favor de la hipótesis de suicidio, ya que consideraban que no se habían recolectado pruebas suficientes para poder sostener que a Nisman le habían quitado la vida.

Las pericias ahora en poder de la Justicia Federal también determinan, según versiones que surgen del trabajo entregado por Gendarmería, que Alberto Nisman habría sido drogado con un potente anestésico y golpeado para ser reducido previo a su ejecución por parte de dos personas en su propio baño.

Transcurridos más de dos años y medio desde la muerte violenta del fiscal de la causa de la AMIA sin ningún avance que permitiese alentar su esclarecimiento, resulta auspiciosa esta nueva presentación de pericias.

Desde un primer momento, las hipótesis de suicidio inducido y de asesinato sobrevolaban el caso, pero con el tiempo se fueron olvidando en virtud de la poca eficiencia investigativa y los vicios intolerables que la fiscal actuante en primera instancia toleró, como la clara invasión del lugar del hecho hasta por parte de funcionarios políticos del gobierno de entonces, pasando por encima de la autoridad de la magistrada.

La sola confirmación de que Alberto Nisman puede haber sido asesinado tiende sobre el kirchnerismo un robusto manto de sospecha en su vinculación con lo sucedido, ya que  la denuncia que el fiscal del caso AMIA debía presentar ante el Congreso de la Nación denunciaba y acusaba a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y colaboradores de encubrimiento para favorecer a los acusados de la voladura de la mutual judía, en julio de 1994.

Todavía cuesta creer que en respuesta a lo que el poder político de entonces consideraba una total falsedad se pueda haber llegado a generar una reacción criminal de tal envergadura, que incluye el armado de una escena como si se hubiese tratado de su suicidio. A ello se suman  otras irregularidades que se fueron comprobando con el tiempo, y que también merecen ser esclarecidas, como el accionar de la custodia que tenía el fiscal muerto, el funcionamiento de los sistemas de seguridad del edificio de la víctima y de las inmediaciones y otras tantas situaciones.

Este reverdecer del accionar judicial que parecen crear los peritajes entregados el viernes a la Justicia debería lograr que la ciudadanía renueve su apuesta por la calidad institucional que deseamos para nuestro país, ante la necesidad de funcionamiento de un Poder Judicial independiente y debidamente capacitado para casos de tremenda envergadura, como el que nos ocupa.

La salud de la República necesita de jueces idóneos y eficientes y sobre todo dispuestos a estar a resguardo de presiones políticas.