Cerca de un millón y medio de brasileños protestaron ayer pacíficamente en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras.
La mayor protesta tuvo lugar en San Pablo, que convocó a un millón de personas, según la policía, vestidas en su mayoría con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña.
Las manifestaciones congregaron a otro medio millón de personas en unas 83 ciudades, en protestas que igualaron el tamaño de las celebradas en junio de 2013, cuando los brasileños salieron espontáneamente a las calles para pedir el fin de la corrupción y más gastos en transporte, salud y educación, en vez de en la Copa del Mundo.
Gran parte de los manifestantes reclamaron ayer el “impeachment” (destitución) de la presidenta, que comenzó su segundo mandato hace menos de tres meses tras ser reelecta en octubre por un margen de apenas 3%.
Y muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en este día en que se cumplen justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar que comenzó en 1964 y terminó en 1985.
Era prácticamente imposible caminar entre la multitud que llenaba los 4 km de la Avenida Paulista de San Pablo, la capital económica del país, con 20 millones de habitantes en su área metropolitana.
“Hoy somos miles y miles de personas que pedimos el 'impeachment' (destitución) de Dilma Rousseff. El gobierno está en una situación lamentable”, dijo Rubens Nunes (26), asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales, desde lo alto de uno de los grandes camiones con equipos de sonido que lideraban la marcha en San Pablo.
Las protestas son también bastante mayores que las convocadas el viernes en apoyo de Rousseff y Petrobras por sindicatos y movimientos sociales afines al PT, que reunieron a 175.000 personas según organizadores y 33.000 según la policía.
Hartos de la corrupción
Entre 45.000 y 50.000 personas marcharon hacia el Congreso en Brasilia, según cálculos de la policía.
Entre ellos se encontraba el empresario de la construcción Alessandro Braga, de 37 años, acompañado de su esposa y de su hijo en un carrito. “Apoyo la salida de Dilma. Los mayores escándalos de corrupción ocurrieron durante su gobierno y no dijo nada”, sostuvo.
El hartazgo de la corrupción parece ser la amalgama de muchos manifestantes que reclaman desde un golpe militar hasta la protección del Acuífero Guaraní, mientras marchan en familia, se sacan selfies sin parar con sus teléfonos inteligentes y compran agua de coco o gafas de sol a vendedores ambulantes.
"Que se vayan a Cuba"
La avenida frente a la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro fue colmada durante varias cuadras en un domingo soleado por unas 15.000 personas -según la policía- que coreaban "¡Fuera Dilma, fuera PT!" y juntaban firmas para destituir a la presidenta.
Rita Souza, una productora televisiva de 50 años, lleva una pancarta que decía "Intervención militar ya". "No estoy pidiendo un golpe [de Estado], sino una intervención constitucional para llamar a nuevas elecciones limpias, sin urna electrónica, sin la manipulación del PT. ¡Que se vayan todos para Cuba!", dijo.
Varios politólogos brasileños se vieron obligados a explicar en los últimos días en la prensa local que es imposible tener una “intervención militar constitucional”.
La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes.
La economía ha crecido muy poco en los últimos cuatro años y está estancada, hay déficit de cuentas públicas e inflación elevada (7,7% en 12 meses), y el real se ha devaluado casi 30% en un año. El gobierno impulsa un ajuste fiscal, pero esto disgusta a su vez a parte de la izquierda.
A esto se suma la tensión política por el inmenso esquema de corrupción develado en la estatal Petrobras, el mayor en la historia de Brasil. Decenas de políticos -incluidos 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores en funciones- son investigados por su supuesto envolvimiento en la trama. La mayoría pertenece al PT o a partidos que integran la coalición de gobierno.
“El Gobierno debe descender del pedestal, llamar a la sociedad civil, a sus aliados, convocar al país para intentar una suerte de pacto porque podría estar en juego la propia sobrevivencia de este gobierno”, dijo el analista político de Brasilia, André César, quien destacó la fuerza de las protestas.
