México amaneció ayer sábado horrorizado por la posible masacre de los 43 estudiantes desaparecidos confesada por narcotraficantes detenidos, una atroz revelación que los padres se niegan a creer hasta que haya pruebas.
Tras casi un mes y medio sin noticias claras sobre los jóvenes, la Fiscalía General difundió la escalofriante declaración de tres sicarios del cártel Guerreros Unidos que declararon haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos en un fuego de 14 horas para luego arrojar sus restos calcinados a un río.
Hasta ahora, la Fiscalía solo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la violenta noche del 26 de setiembre en Iguala (Guerrero), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de la cercana comunidad de Ayotzinapa por orden del alcalde, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa, hermana de narcotraficantes.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que fueron entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, calificado por Human Rights Watch como uno de los más graves de la historia reciente de América Latina, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012, con masivas protestas por todo el país.
Para el historiador Lorenzo Meyer, ahora "lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue? ¿Tan acostumbrada a que así son las cosas?"
"El estado de 'shock' espero que no sea solo mío, sino que sea compartido por mis conciudadanos. Si esto no produce un 'shock' entre nosotros, ya nada lo puede producir", dijo Meyer.
Incluso el diario deportivo Récord se hizo eco del macabro anuncio. "#Indignación", tituló ayer el rotativo en una portada negra en la que clama que "México ya no aguanta".
Tras el anuncio de Murillo Karam, unas 300 personas se concentraron con velas en el emblemático monumento capitalino del Ángel de la Independencia.
"Siento impotencia, coraje, incredulidad a lo que dice el gobierno que pasó, hartazgo", dijo Judit Ureña, triste por el país que cree que heredará su niña de siete años.
Más de 80.000 personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006. La gran mayoría de esos crímenes están impunes.
En la escuela de Ayotzinapa, los agotados padres de los estudiantes son los primeros en prometer no "bajar la guardia" ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.
"Parece que al gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero (...). Seguiremos incrementando el nivel de movilizaciones", dijo Melitón Ortega, tío de un desaparecido.
Con base en la confesión de los tres sicarios mostrada parcialmente en videos, el fiscal general Jesús Murillo Karam explicó el viernes que los jóvenes fueron trasladados la fatídica noche a un apartado basurero de la localidad de Cocula (vecina a Iguala), a donde algunos ya llegaron muertos por asfixia y donde mataron al resto.
Allí, también quemaron los cuerpos y colocaron los calcinados y machacados restos en bolsas de basura que vaciaron en un río cercano.
El fiscal dijo que una de las bolsas fue encontrada cerrada y que tenía restos humanos que, por su estado de incineración, podrían no llegar a ser nunca identificados, aunque se solicitó ayuda a expertos de la universidad de Innsbruck (Austria). Inmediatamente después Peña
Nieto prometió a los padres que aplicará justicia por el crimen.
Los familiares, que solo creerán este relato si los restos son verificados por peritajes independientes, tienen el apoyo de decenas de organizaciones sociales del conflictivo Guerrero, como el aguerrido sindicato de maestros, que amenaza con radicalizar sus acciones, que han incluido desde bloqueos de carreteras hasta la quema de varias importantes alcaldías.
"Esto es un simulacro por parte del gobierno de que ya quiere darle carpetazo al asunto", recalcó Arturo Martínez, representante de los docentes, en el campamento que mantienen en el centro de Chilpancingo, capital de Guerrero.
Y, mientras tanto, sigue levantando polémica el mantenido pero recortado viaje que el presidente emprenderá hoy China y Australia para las cumbres de APEC y G20.
Protagonistas de la tragedia
Estudiantes, policías y narcotraficantes
La masacre de los 43 estudiantes puso en evidencia la gravedad de la infiltración del narcotráfico en autoridades mexicanas. La fiscalía general anunció que tres presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos habían confesado que asesinaron e incineraron a los estudiantes, que les habían sido entregados por policías corruptos de la convulsa región de Guerrero (sur). Los jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales en esa empobrecida región, habían viajado a la ciudad de Iguala el 26 de setiembre para recaudar fondos para su escuela, utilizando varios autobuses de los que se habían apoderado por la fuerza, una práctica común en sus movilizaciones. La fiscalía acusa al alcalde de Iguala y su esposa de ordenar a sus policías que atacaran a los estudiantes.
¿Quiénes son los 43 jóvenes?
Todos ellos son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de Iguala. Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres.
Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela en agosto porque quería dedicarse a la enseñanza del español y la lengua indígena mixteca. "Quería ser alguien en la vida", explicó a un familiar de Abel que pidió el anonimato.
La escuela de Ayotzinapa es conocida por su ideología socialista y su activismo radical. En el patio central lucen murales de algunos de sus intelectuales reverenciados como Karl Marx, Mao Tse-Tung y Ernesto 'Che' Guevara. Dentro de esa paredes se formaron algunos líderes de las guerrillas mexicanas de la década de los 70, como Lucio Cabañas.
¿Quiénes son los Guerreros Unidos?
Son una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que fue uno de los más poderosos y con mayor capacidad de corrupción en México hasta que militares abatieron en 2009 a su líder, Arturo Beltrán Leyva, alias 'El jefe de jefes'.
Ahora, Guerreros Unidos está entre la media docena de bandas criminales que operan en Guerrero y sostienen brutales pugnas con sus principales enemigos, Los Rojos. El gobierno los acusa de estar entre los principales traficantes de amapola y marihuana a la ciudad estadounidense de Chicago. Su presunto líder, Sidronio Casarrubias, fue capturado el 17 de octubre.
¿Quiénes son el alcalde de Iguala y su esposa?
Apodados "La pareja imperial" por su riqueza y poder, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, huyeron de la ciudad varios días después de las desapariciones.
Pineda, hermana de tres narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva, es acusada de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos en Iguala.
Abarca, ya revocado del cargo de alcalde, fue acusado por miembros de su propio Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) de asesinar a un líder agrícola, Arturo Hernández Cardona, el año pasado.
La pareja fue detenida el martes en una casa abandonada de un populoso barrio de Ciudad de México.
¿Por qué ocurrió el ataque?
La fiscalía sostiene que Abarca ordenó el ataque porque temía que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, que era presidenta local de una institución pública de protección a la infancia. Los jóvenes habían participado en fuertes protestas contra el alcalde por el asesinato de Hernández Cardona.
El detenido Sidronio Casarrubias ha declarado que la noche de las desapariciones fue informado por su lugarteniente en Iguala que los estudiantes eran parte de un grupo criminal rival. Por ello, Casarrubias dijo que avaló acciones armadas "en defensa del territorio". La fiscalía recalca que no hay evidencias de que los estudiantes formaran parte de algún grupo criminal.
