Diputados aprobó ayer en forma unánime (aunque con cambios) el proyecto que busca reglamentar el uso medicinal del cannabis en Mendoza. Si el próximo martes el Senado ratifica las modificaciones (todos los bloques lo garantizan), la provincia se convertirá en la quinta del país en autorizar este producto, después de Chubut, Neuquén, Santa Fe y Salta.
La novedad fue recibida con alegría por la senadora Patricia Fadel (FpV), autora del proyecto: “Esto se logró gracias a la ayuda de varios diputados y a los propios padres que dieron sus testimonios”.
Además de destacar que los cambios realizados por la Cámara baja han “mejorado” el proyecto original, la legisladora se mostró optimista respecto del tratamiento en el Senado. “Tengo el compromiso de (Juan Carlos) Jaliff de que el martes podremos pedir el tratamiento sobre tablas y que el radicalismo acompañará para poder aprobarla”, señaló Fadel.
Por su parte, el radical aclaró que sus expresiones fueron “a título personal”, pero que tendrán una reunión del bloque que preside en la que van “a charlar el tema, aunque supongo que no va a haber problemas. Inclusive, el Gobierno tuvo alguna participación en el proyecto”.
El proyecto
La iniciativa había sido presentada por la senadora en noviembre de 2016 y fue a fines de diciembre cuando recibió media sanción de la Cámara alta. Desde entonces, Diputados viene analizándola.
“Necesitábamos una respuesta científica por lo que consultamos a profesionales del Hospital Central y del Notti, hablamos con Aldo Sergio Saracco (titular de Toxicología de la provincia), con especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo y con neurólogos de Mendoza. También revisamos mucho material que nos hicieron llegar desde el Congreso”, explicó Liliana Pérez (UCR), presidenta de la Comisión de Salud de Diputados.
El objetivo de la norma es establecer un marco regulatorio “garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. En definitiva, terminar con el cultivo particular y la confección de aceite “casero”, en pos de los alaborados bajo un control de calidad.
En el texto que se aprobaría el martes se establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la normativa, teniendo a cargo “la implementación, vigilancia y control de investigaciones médicas y científicas, incluidos experimentos clínicos con aceite de cannabis y sus derivados de grado farmacéutico de pureza requerida por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”.
Al respecto, Pérez aclaró que, a su entender, “lo importante es que ahora lo vamos a tener controlado y reglamentado, porque el Ministerio se los daría en forma gratuita a quienes no puedan pagarlo”. Dicha cartera deberá crear una Unidad de Vigilancia Tutelada que “deberá ser conformada por profesionales especialistas” del Central, el Notti y otros de la provincia. Quienes estén registrados en ella recibirán la provisión gratis.
Teniendo en cuenta las limitaciones legales y orgánicas, la norma “invita” a las universidades públicas y privadas, al Conicet, al INTA y otros organismos “a colaborar con la investigación científica del cannabis y sus derivados en la utilización medicinal y/o paliativa”.
Respecto de la OSEP, precisa que tendrá la obligación de “garantizar el acceso a sus afiliados”. En tanto que a “las demás obras sociales provinciales y nacionales, entidades de medicina prepaga y demás, que brinden atención en la provincia” se las invita “a adherir”.
Algunos cuestionamientos
El artículo 3 del proyecto establece en su parte final que la Unidad de Vigilancia Tutelada funcionará en el marco de la norma “para el uso medicinal de cannabis y sus derivados en epilepsia refractaria y demás patologías que determine la autoridad de aplicación”.
O sea, en la ley sólo se deja incluida una patología y las demás deberán ser agregadas por el Ministerio de Salud. El diputado Héctor Fresina (FIT) se abstuvo de votar ese artículo en particular, por considerar que “establece una limitación, cuando hay estudios de primer nivel que establecen que sirve como paliativo” para una serie de enfermedades (ver aparte). Puntualmente, lo que reclama el legislador es que “se deja afuera a un montón de gente, ya que puede tomar un año determinar cuáles patologías se van a incluir”.
Por su parte, la diputada Pérez consideró que la situación no va a ser así y que “ninguna de las personas que se incorporen a la Unidad van a quedar afuera”, porque el sistema para agregar las patologías “no va a ser burocrático”.
Finalmente, la legisladora se mostró optimista en cuanto a la aprobación de la ley nacional. “La esperanza es que salga así. Los organismos nacionales podrán abocarse a la investigación. Por ejemplo, el INTA podría cultivar”, explicó.
Hoy, reclamo de las familias
Hoy, a las 11.30, las familias y personas que han promovido la aprobación de la ley realizarán una audiencia pública en el edificio de la Cámara de Diputados (Espejo 252), donde darán a conocer cada uno de los casos particulares.
Leonardo es uno de los padres que trabajaron codo a codo con los legisladores que se mostraron comprometidos con la idea de que el proyecto saliera. Sin embargo, siente que el texto que se aprobaría el martes no es justo con todos los que estuvieron luchando en pos de ese objetivo.
“La cantidad de patologías que incluía nuestro proyecto eran muchas más, como autismo, convulsiones y otro tipo de epilepsia, no sólo la refractaria”, precisa el hombre.
Inclusive, remarca que esta última enfermedad, que es la única incluida, “es resistente a fármacos, por lo que a quien la consuma le va a pasar lo mismo que con cualquier otro tratamiento: se va a acostumbrar. Esto, porque la ley sólo prevé que se provean dos tipos de aceites”, sin abrir la posibilidad de poder producir a nivel local y conseguir “variedades vegetales con distinto genotipo, así no se terminan de acostumbrar nunca”.
