Después de 5 horas y media de exposición de los senadores, se decidió, con 20 votos afirmativos y 15 negativos, archivar el proyecto de adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. De esta manera, recién se podrá presentar un nuevo proyecto cuando comience el período de sesiones ordinarias, es decir en mayo del año que viene.
Aborto y aborto no punible
Un punto que señalaron varios senadores fue que la discusión se había llevado a un a favor o en contra del aborto, cuando en realidad se debía decidir sobre un protocolo de atención para los casos en los que el Código Penal fija que la interrupción del embarazo no es considerado delito.
"Me resisto a que se discuta sobre aborto sí o aborto no", planteó Juan Carlos Jaliff (Unión Cívica Radical). "Me ofende que estemos catalogados como abortistas los que estamos a favor de la adopción de la guía", añadió. El senador resaltó que los legisladores no tienen facultad para no cumplir con un fallo de la Corte Suprema, que determinó que no es punible el aborto que se practica cuando el embarazo es producto de una violación.
De todos modos, algunos legisladores, como Claudia Segovia (Frente para la Victoria), se siguieron refiriendo a la legalización o despenalización del aborto. Y Guillermo Amstutz (Partido Unidad Popular) fue interrumpido por la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, para solicitarle que sólo presentara estadísticas en referencia a los abortos no punibles y no a cualquier tipo de interrupción del embarazo.
Gallardo tuvo que presidir la sesión en reemplazo de Carlos Ciurca, quien viajó ayer por la mañana a Buenos Aires y regresaba por la noche. De todos modos, la senadora manifestó su voto a favor de la adopción de la guía, para que quedara asentado en la versión taquigráfica.
Constitución, Código y Corte
Otro de los ejes de la discusión en el recinto fue qué rango debía dársele al fallo de la Corte Suprema. Claudia Segovia indicó que los casos de aborto no punible que establece el Código Penal fueron fijados en 1921, pero después la Constitución Nacional adhirió a tratados internacionales que establecen el derecho fundamental de la vida a partir del momento de la concepción. En este sentido, consideró que la decisión de los magistrados es inconstitucional, que fallaron sobre un caso concreto y que la exhortación a que las provincias adopten un protocolo de atención es una opinión.
En cambio, Fernando Simón (FPV) señaló que la Constitución marca que corresponde a la Corte Suprema y los tribunales provinciales interpretar la Carta Magna. Por eso, instó a que, más allá de que compartieran o no lo que implica el fallo, debían aprobar la implementación de un protocolo para que efectivamente se pueda aplicar esa decisión. Además, señaló que de esta manera se terminaría con prácticas (la judicialización de los pedidos) que obstaculizan la aplicación efectiva de la ley.
Denuncia o declaración jurada
Uno de los puntos más cuestionados del fallo de la Corte Suprema es que sólo exige como prueba de la violación una declaración jurada por parte de la mujer. Varios senadores explicitaron que esto es insuficiente, ya que es esperable que ocurran falsas denuncias.
Germán Gómez (Eje Peronista) opinó que debería ser obligatoria una interconsulta, tal vez con un psicólogo, para determinar si realmente hubo una violación. Amstutz fue un paso más allá y manifestó que el universo de mujeres que quedan embarazadas luego de un abuso es muy reducido. "Ante la posibilidad de que alguien utilice el protocolo sin ser víctima de una violación, prefiero salvar la vida de ese niño inocente", resumió.
Jaliff coincidió en que desde que se implementó el protocolo para la atención de víctimas de violación, a las mujeres que acuden a los hospitales se les administra un kit, que incluye la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, subrayó que quedan excluidas de esto las que son abusadas en el entorno familiar, lo que suele no denunciarse. "Por qué no nos ponemos en el lugar de la que se ve obligada a ser madre de su hermano, su sobrino o su primo", lanzó.
Guillermo Simón, en tanto, indicó que el Código Penal establece que no es obligatoria la denuncia en caso de violación, por tratarse de un delito de instancia privada, y que por eso sería inconstitucional exigir una acusación a la mujer.
Protocolo o parar al violador
En algún momento, el debate se alejó hacia el antes y el después de la violación, con una crítica a que la guía no contempla un acompañamiento posterior al aborto, en particular cuando el abuso se produce en el entorno familiar. El senador Abel José (UCR) llegó a plantear que la guía, al no requerir la denuncia del hecho, ?desincentiva' que se atrape al violador.
Varios otros, como Sergio Montes (Unidad Popular), señalaron que en lugar de ofrecer la posibilidad de terminar con el embarazo se debería contener a la mujer que quedó embarazada por una violación y que si no quiere quedarse con el bebé, lo dé en adopción. Matías Stevanatto (FPV) ha elaborado un proyecto en este sentido, para que se le ofrezca una vivienda a la madre y pueda alejarse del entorno de violencia.
Sobre esto, Armando Camerucci (UCR), habló sobre un caso que ocurrió hace 4 años, de una chica de 14 que quedó embarazada y pidió autorización para abortar. Luego de un largo proceso, la Justicia resolvió negarle este permiso, pero recomendó que profesionales de la salud la acompañaran, que se asegurara la terminación de sus estudios a la joven y que se le diera un lugar para vivir. Nada de esto ocurrió.
No rotundo o modificaciones
La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles fue adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010. El objetivo de este protocolo es asegurar la rápida interrupción del embarazo encuadrado en los casos que fija el art. 86 del Código Penal: que esté en riesgo la vida o salud de la mujer, que tenga una discapacidad mental, que la gestación sea fruto de una violación.
Como varios legisladores habían manifestado que no estaban en contra de que se adoptara una guía de procedimiento para los abortos no punibles, sino que se adhiriera a la nacional, Alejandra Naman (Nuevo Encuentro) propuso que se hicieran modificaciones al protocolo y a lo que fijó la Corte Suprema. Estos aportes eran tres: que el máximo tiempo de gestación para interrumpir el embarazo fueran 12 semanas, que hubiera un acompañamiento interdisciplinario a la mujer en todo el proceso y que se tomara una muestra de ADN para poder avanzar en la investigación posterior.
Pero cuando se llegó a la votación, 20 legisladores dieron su apoyo a que se archive el proyecto de adhesión -que tenía media sanción de Diputados- por lo que no se pudo llegar a la instancia de incluir modificaciones.
"Aunque estamos convencidos de que la guía es buena tal cual está, vamos a presentar un nuevo proyecto. Pero se podrá tratar recién a partir del próximo año legislativo, que empieza en mayo de 2013. Mientras, si el ministro de Salud (Carlos Díaz Russo) se decide, puede hacer un protocolo, pero no creemos que suceda si hasta el momento no pasó", manifestó visiblemente afectada la diputada Liliana Vietti, autora del proyecto. "Lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es desamparar a las mujeres", agregó.
