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El Gobierno nacional publicó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que estaba prevista para el próximo 1 de marzo, al considerar que su implementación "en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia".
El decreto 257/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de dicha norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".
La norma modifica el cronograma establecido por la Ley 27.150, aprobada el 10 de junio pasado, que indicaba que el nuevo Código entraría en vigencia en la Justicia Nacional el primer día de marzo de 2016.
Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia".
Además, agrega que la suspensión tiene "la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada".
En ese sentido, el DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
"El presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público", agrega el decreto.
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", señaló ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano.
