A pesar de las múltiples observaciones en contrario que se han escuchado estas semanas y se escucharán en las próximas, el Parlamento del Mercosur -o Parlasur- tiene múltiples e importantes funciones.
La primera de ellas es, precisamente, la de deschavar a innumerables analistas y dirigentes políticos que se llenaron por años la boca hablando de integración suramericana y que, a la primera oportunidad, han demostrado su ignorancia del más elemental de sus principios: sin instituciones regionales no hay integración regional.
Para decirlo en términos mercosureños: sin Parlasur, no hay Mercosur. Quien no lo tenga claro puede darle una leída a los objetivos declarados en el Tratado de Asunción (1991) que creó el bloque “libre circulación de bienes, servicios y factores productivos... establecimiento de un arancel externo común... libre circulación de personas... adopción de una política comercial común... coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes... armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
La cuenta es simple: después de casi un cuarto de siglo de la fundación son seis objetivos no alcanzados sobre seis. Todo un récord. Significativamente, el Parlamento del Mercosur no es un parlamento sino una asamblea limitada a hacer recomendaciones al Consejo, sin representantes directamente elegidos por los ciudadanos ni poder legislativo.
Sostener que sin Parlasur no hay Mercosur quiere decir exactamente esto: la integración regional ha quedado exclusivamente en manos de los poderes ejecutivos, los menos interesados en todo tipo de delegación de competencias, con resultados que no hace falta volver a mencionar.
Por lo menos nos salvamos de pagar dietas y viajes y asesores, se ha escuchado decir también, ignorando el segundo principio de la integración regional: es cara, pero la falta de integración regional lo es mucho más.
¿Cuántos miles de millones pierden los países del Mercosur por no tener un mercado común ni una unión aduanera ni un arancel externo común que proteja sus economías en momentos de crisis ni capacidad para defender conjuntamente sus intereses ni integración de sus cadenas productivas, ni... ni... ni..? ¿Cuántas fueron las pérdidas causadas por el absurdo conflicto entre Argentina y Uruguay por las pasteras, el costo de los camiones dando la vuelta al mundo para cruzar al Uruguay, de los turistas cambiando Punta del Este por Miami, de los intercambios comerciales en caída vertical, para no hablar de los riesgos de guerra en el Río de la Plata? ¿Exageración? Díganselo a Tabaré Vázquez, entonces presidente uruguayo, que llegó a consultar a los Estados Unidos para saber a qué país apoyarían en una eventual batalla por la isla de Martín García, y piensen, por un momento, cómo hubiera funcionado la misma situación con un Parlasur digno de ese nombre, capaz de deliberar una legislación ambiental común que evitase el dumping ecológico entre las naciones del bloque, estableciese parámetros de funcionamiento para todas las pasteras de la zona y no solo de Botnia, obligase a los gobiernos nacionales a limpiar sus riachuelos contaminados y el aire de sus ciudades, preservase los mares de la región de la depredación y las forestas de... etc.
Pero el Parlasur es muy caro, ya se sabe, de manera que es mejor seguir así, sin legislación ambiental regional ni integración de las cadenas productivas ni nada. No vaya a ser que pase en Suramérica lo mismo que en Europa, que pasó de ser el peor lugar del mundo donde vivir y el escenario de las peores tragedias de la Humanidad en la era de sus naciones soberanas, durante la primera mitad del siglo XX, a ser el mejor lugar del mundo donde vivir desde 1951, comienzo de su proceso de integración regional.
Una integración regional no basada en caprichos e ideologías sino en instituciones: de la Asamblea del Consejo de Europa y la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero al Parlamento Europeo, que hoy posee poderes de codecisión con el Consejo, capacidad de aprobar o rechazar el presupuesto de la Unión y de crear comisiones investigadoras y controlar el desempeño de sus instituciones, y se prepara a adquirir iniciativa legislativa. Todo ello, gracias a las elecciones directas obtenidas en 1979, el Acta Única de 1986 y los tratados de Maastricht (1992) y Lisboa (2007).
Nada de esto sucede por aquí. Mientras el Gobierno propone, con cinco años de retraso, elecciones directas al Parlamento del Mercosur, aquí te sale un diputado con un master en Mercosur, digamos, y se pregunta para qué queremos elección directa al Parlasur si el Parlasur no tiene poderes. Que es lo mismo que proponer que el Parlasur tenga poderes legislativos, primero, para que luego haya elecciones directas.
O que los caballos marchen detrás de los carros, y empujen. Cosas jamás vistas en el mundo, lugar donde los parlamentos nacieron como asambleas con miembros no elegidos directamente para luego pasar a la elección directa y democrática de sus miembros y sólo entonces a tener poderes legislativos.
No es todo. Abundaron también, en estos días, los que sostuvieron que no veían razones para “adelantar” elecciones “previstas para 2020”. Lástima grande es que el tratado que estableció el Mercosur en 1991 haya previsto la entrada en funcionamiento de un Parlasur con miembros directamente elegidos para 2011, es decir: con veinte años de anticipación, que en manos de ciertas clases políticas no han sido suficientes.
Peor aún fue el coro de “opositores” que al mismo tiempo que promueven tácticas electorales divisionistas que llevan directamente al triunfo del peronismo y de la impunidad se oponen a la elección directa de representantes al Parlasur para evitar que Cristina Kirchner tenga inmunidad de arresto, aunque pueda ser juzgada y condenada.
Como si a la esposa de Néstor Kirchner le costara demasiado hacer lo mismo que su marido y hacerse elegir diputada nacional para obtener esos fueros. Como si una cuestión estratégica en la que se juega el futuro institucional de la región pudiera supeditarse a una cuestión nacional solucionable con la quita de fueros por decisión de los diputados.
O como si, contra toda la evidencia acumulada en décadas, la justicia nacional argentina constituyera alguna garantía. Y es que en el fondo es eso: la mayoría de los dirigentes argentinos que declaman el verbo de la unidad regional no creen en ella, ni en el poder de sus instituciones, ni son capaces de proponer una agenda regional democrática, republicana y de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Ya que empezamos esta nota prometiendo explicar para qué puede servir el Parlasur probemos imaginarla, esperando que la astucia de la razón se imponga y terminemos desarrollando un verdadero Parlasur gracias a las pésimas razones de quienes quieren usarlo como aguantadero. Inventemos una agenda regional republicana de lucha contra la corrupción y el crimen organizado de la que forme parte un manual de instrucciones para el Parlasur.
La cosa podría empezar precisamente por la elección directa de parlamentarios argentinos al Parlasur, seguida de la exigencia a los demás gobiernos de la zona de avanzar en el mismo proceso. Elegidos democráticamente sus miembros la agenda podría seguir con el otorgamiento progresivo de poderes legislativos al Parlasur y, luego de ello, con la incorporación a la Cláusula Democrática del Mercosur de los parámetros fijados por el Pacto de San José de Costa Rica (o Convención Americana sobre Derechos Humanos), que todos los países del Mercosur han firmado.
Sobre esta base, una comisión de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos del Parlasur podría realizar inspecciones a los países del bloque con el objeto de garantizar su vigencia, so pena de expulsión del bloque.
El Parlamento del Mercosur podría también desempeñar un rol decisivo en la creación de una Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado que persiga el narcotráfico, la trata de personas y el blanqueo de capitales, promoviendo la transparencia de la política y rompiendo sus vínculos con el narco.
Sobre esta agenda republicana y democrática extendida a nivel regional sería posible desarrollar una estrategia socioeconómica que incluya el desarrollo de una economía de escala regional con integración de mercados y cadenas productivas, redes comunes de transporte, infraestructura y energía, protección del medio ambiente, políticas de empleo y ampliación de las capacidades productivas; entre muchos otros temas que no pueden ya ser enfrentados mediante políticas públicas reducidas a los límites nacionales fijados en el siglo XIX. Como la mentalidad de buena parte de nuestras clases políticas regionales, lamentablemente.
