Es un párrafo casi perdido entre los tantos que componen el Convenio de “Convergencia Tarifaria y Reafirmación del Federalismo Eléctrico”, que firmó Mendoza con la Nación para congelar los valores al usuario hasta diciembre a cambio de $ 370 millones para sostener el sistema. Pero no resulta un dato menor: planteado como una de las “acciones necesarias” para avanzar hacia una tarifa regional única, la Provincia y la Secretaría de Energía prevén retomar la quita de subsidios suspendida en 2013.
“La Provincia continuará en forma conjunta con la Secretaría de Energía, los estudios de identificación de usuarios, los que por su capacidad económica, puedan afrontar costos de los tres segmentos en que está dividido el precio de la energía (energía, transporte y valor agregado de distribución en facturación)”, señala la letra escrita.
Si bien no será en el corto plazo, se sabe que el próximo paso consiste en definir el criterio para avanzar en la nueva facturación, luego de que en 2012 se eliminara la ayuda a 102 barrios privados y countries de toda la provincia. Por lo pronto, los que están en la mira son usuarios por encima de 300 kw, que gozan, comparativamente, de “precios sensiblemente menores” que los que compran la energía directamente al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Los parámetros también contemplan a usuarios de más de 10 kw de potencia, y a las “restantes categorías que tengan capacidad de pago”, en base a la experiencia del ENRE (Ente Nacional Regulador Eléctrico) con las distribuidoras porteñas de Edenor y Edesur. Aunque la Secretaría de Energía le reconoce potestad al EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) mendocino, por sus antecedentes en la primera etapa de racionalización de subsidios nacionales, para proponer un proceso de normalización de la facturación” y el cronograma para aplicarla.
“Resta avanzar en la identificación de áreas, edificios, torres y otros lugares que potencialmente son susceptibles de la quita de subsidios. El tema está abierto, hay muchas ideas”, admitieron en off de récord representantes del EPRE que participaron de reuniones en la Secretaría de Energía y esperan instrucciones de Buenos Aires.
El menú de opciones
Para las empresas es un hecho que se volverá al recorte de subsidios. Según el gerente general de la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Julio Gallego, “difícilmente se de en simultáneo con la revisión de las tarifas porque subirían demasiado, y lo que se quiere es minimizar el impacto. Un aumento de la tarifa eléctrica es mucho más sensible que la del agua o el gas, por eso son conscientes de que tiene que hacerse gradualmente”.
Cabe recordar que la metodología utilizada entre 2011 y 2012, cuando se aplicó la primera etapa de la poda de subsidios al sector, fue una combinación que desembocó en la eliminación de la ayuda a 102 barrios. Luján, con 51 complejos habitacionales de alto nivel, Maipú (15) y Guaymallén (14), son los departamentos más alcanzados por la medida.
Pero muchas otras zonas y barrios “zafaron”, como las tradicionales y cotizadas avenidas Emilio Civit y Boulogne Sur Mer, en el corazón de la 5ta Sección capitalina, o el barrio Arizu, de Godoy Cruz, por mencionar algunos a los que les llegaría la hora. Las opciones son recorrer el camino conocido, aunque hay otros: por caso, considerar sólo rango de consumo, o directamente la identificación individual por nivel socioeconómico.
Una posibilidad, como se trabaja en Buenos Aires, es encararlo a la inversa, desde la exención por imposibilidad económica.”Se hizo en el conurbano, empezando con villas que quedaron excluidas por ser áreas emblemáticas de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), con lo que para el resto la quita es del 20%, por ejemplo”, explicaron desde el EPRE, donde evalúan la experiencia de Córdoba, con un esquema propio de identificación de usuarios carenciados.
Admiten casi $1.600 millones anuales por atraso tarifario
El convenio que terminaron de refrendar las distribuidoras también incluye un reconocimiento por parte del Gobierno del denominado “diferencial de VAD Propio por ingresos no percibidos” entre el 1 de agosto del año 2013 y el 31 de diciembre de 2015. La definición toma como base de cálculo más de $ 1.598 millones por año en conjunto a todos los operadores del servicio domiciliario en Mendoza, llegado el momento de la revisión tarifaria prometida a partir de enero de 2016.
Edemsa, con $ 973,89 millones (aunque supeditado a que suscriba un plan de pagos por la deuda que mantiene con Cammesa por alrededor de $ 800 millones), Edeste, con $ 207,03 millones, la Cooperativa Godoy Cruz, con $ 165,16 millones, y Alto Verde ($ 83,85) son los más favorecidos por la decisión. Sin embargo, los directivos de las empresas están poco confiados.
“Es lo que dice un decreto que nos deben, pero no sabemos cuándo lo vamos a cobrar. Transitoriamente sirve para cerrar los balances”, señaló José Alvarez, de Alto Verde.
Por su parte, Gallego se aferra a la actualidad. A su juicio “hoy se recauda la mitad de ese monto. Eso es algo que cuando se haga la readecuación tarifaria tendrá que tenerse en cuenta”.
Las urgencias por parte de las distribuidoras pasan en buena medida por el impacto de los salarios. De hecho, FACE, la organización que agrupa a las cooperativas eléctricas del país, acaba de cerrar la paritaria del sector en torno al 33%, en dos partes: 18% retroactivo a marzo, y el restante 15% desde setiembre.
