Los mendocinos nos sentimos heridos y agobiados; la inseguridad afecta la paz familiar y social; altera la tranquilidad.
La paz es la tranquilidad en el orden, pero no en cualquier orden; hubo algunos que trajeron tranquilidad y no orden, creemos que éste sólo es viable en un marco de verdad, justicia y conciliación.
Exigimos una rápida solución al problema de la inseguridad desde hace años y seguimos con expectativa cómo nuestra dirigencia, en la que me incluyo, nos guía en ese rumbo.
Distintos gobiernos de buena fe, con nuestras propias limitaciones, hemos ensayado diferentes respuestas. Nuestras actuales autoridades se han propuesto, con grande y legítimo consenso, atacar el problema en forma primordial e integral. Compartimos el objetivo; aquí vivimos, también nuestros hijos y seres queridos, todos expuestos.
Se están tomando medidas ejecutivas, en prevención del delito; legislativas, en la definición de procesos; y judiciales, en el tratamiento del hecho y del autor cuando, fracasada la prevención, éste ya ocurrió.
La necesidad de pronta respuesta a las expectativas aumenta considerablemente el riesgo de repartir en forma injusta el costo de la política de seguridad.
Desde la Suprema Corte hemos intervenido, instada por entidades públicas no estatales, en los problemas del sistema carcelario que no recupera ni reinserta en la sociedad a los internos que un día -tarde o temprano- tendrán su libertad. A fin de paliar ese peligro se dictó un fallo que estableció criterios precisos y la revisión judicial inmediata de las detenciones y prisiones preventivas.
Esa sentencia -recurrida por el jefe de los fiscales- fue premiada entre más de cien de toda América por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y hoy es -lamentablemente- reclamada su aplicación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de inspeccionarnos en el marco de la condena al país por causa de nuestra cárcel.
Estamos revisando las detenciones pero no todas. Desde el Ministerio de Seguridad se informa haber detenido a 760 personas en setiembre, pero sólo se presentaron ante nuestros jueces 217 detenidos y de ellos en el 80% se confirmó la privación de libertad de acuerdo a la nueva legislación que ha sancionado nuestra Legislatura ¿y los otros más de 500 detenidos?
La inexplicable afirmación, entendible desde la barricada política -pero no en un profesor universitario de trayectoria o en abogados-, de que todo “delincuente” debe esperar su sentencia “en prisión”, o la de que “la ley se aplica, no se interpreta”, nos lleva años atrás en la doctrina jurídica más básica.
Jueces y abogados -funcionarios o no- estamos obligados a racionalizar, a distinguir, a establecer grados y diferencias. ¿Quién es “delincuente”? ¿El que una somera comprobación de la autoridad policial -o del ayudante de fiscal- decidió detener? ¿El que permanece detenido mientras el fiscal se toma “su” tiempo para investigar o mientras se calman las repercusiones mediáticas del hecho?
El detenido no es un “delincuente”. Lo será cuando sea condenado. Por ello es necesario que haya certeza para privarlo de su libertad. La detención en nuestro sistema penitenciario -aunque fuera por días- marcará su vida para siempre; insisto: para siempre.
¿Estamos tan nerviosos como para bajar los estándares internacionales requeridos para detener personas, meterlas en prisión por semanas o meses, asumiendo conscientemente la posibilidad de que se trate de un inocente? Estamos obligados a respetar parámetros de seguridad en la decisión. Un preso injustamente (por inocencia o por desproporción) no es un precio admisible a pagar en aras de la seguridad.
Estamos obligados a urgir los procesos; en eso estamos -y todavía nos falta mucho-. Hoy funcionan tres salas de audiencia oral -esperamos dos más- para revisar de inmediato las detenciones y hacernos responsables de ellas. Porque nuestra decisión lleva nuestro nombre y apellido, y nuestra responsabilidad personal; como tiene nombre y apellido el destinatario de nuestra decisión, acertada o no.
Se manejan desde el poder político conceptos técnico jurídicos como “abolicionismo”, “anarquismo”, “garantismo”, sin aportar sustento serio y sostenible. La coyuntura política exhibe un léxico que se apoya en la falta de conocimiento preciso del Derecho que, si bien no es exigible a la cultura popular, si le es exigida a cada uno de nuestros jueces, fiscales y funcionarios que han pasado por exámenes técnicos para acceder a la magistratura.
Urge que los jueces nos pongamos la responsabilidad “al hombro” y, cada uno desde su lugar, extrememos nuestra capacitación y apertura de comprensión sobre lo que sufre nuestra comunidad, porque somos parte de ella, porque también sufrimos la inseguridad. Eso impone multiplicar nuestro compromiso pero sin desatender los derechos que reconoce nuestra Constitución.
La tarea encomendada es la de garantizar a todos, de todos los niveles sociales, económicos y culturales, la seguridad de sus bienes; y de ellos, el más importante, la libertad. Y, sobre todo, a los más vulnerables, a los que no tienen el abogado ya contratado, a los que no saben dónde buscarlo, a los que tienen que sacar turno para que los defienda el sistema público, a los que son detenidos por el solo hecho de estar cerca del lugar o de los posibles autores.
Cuando se trata de derechos fundamentales, no podemos ponernos a tono, o en “frecuencia”, con la urgencia política del gobierno de turno; debemos aportar serenidad y equilibrio.
Uno de los hitos que marcan al mundo jurídico actual es la aparición y el reinado del principio de razonabilidad; que implica proporción, relación de sentido; pensar sin ofuscación, ni desde el dolor lógico de la víctima, ni desde el victimario, ni desde la policía, ni desde la política que opina y exige “dureza” demasiado cerca del límite del respeto a la independencia constitucional de los jueces.
La razonabilidad es lo que debemos y lo que nos deben exigir, y lo que nos exigirán cuando las aguas se calmen y vuelvan los niveles de racionalidad y equilibrio que han comenzado a escasear; y ahí revisen nuestros actos.
