Leyes que contradicen otras leyes vigentes

Cuando se promulgó la nueva ley de medios audiovisuales, la misma se hizo no a favor de todos sino en contra de algunos en particular. Lo que se quería, bajo la excusa de darle más voces a sectores de la sociedad civil supuestamente imposibilitados de tenerlas, era aumentar la participación del Estado con fines proselitistas e ideológicos y partidarios sobre el espectro de medios, que es lo que efectivamente ocurrió.

De nada sirve ofrecer frecuencias a quienes no tienen la posibilidad económica ni la experiencia profesional para ocuparlas con idoneidad. Allí es donde precisamente el Estado debe intervenir para colaborar en la formación de nuevos actores brindándoles todo el asesoramiento posible.

Pero el kirchnerismo no quería eso sino subordinar a la mayor cantidad de comunicadores y medios para que le sirvieran de ejército en su guerra contra la prensa libre que se resistía a ponerse a sus órdenes.

Con el tiempo se verificaría que ni un solo medio independiente surgió de la ley y en cambio sí aumentaron hasta el hartazgo los complacientes con el Gobierno, además de constituir un sistema de comunicación estatal gigantesco de los más mediocres y oficialistas que se tenga memoria en el país.

A la postre, felizmente, no se logró acabar con la comunicación independiente del poder, porque la sociedad civil quiere escuchar las voces críticas y no las complacientes, ya que para eso existe el periodismo. Y en todos los demás aspectos de su articulado la ley casi no sirvió para nada.

Durante el debate para su promulgación, las ONG y las pymes de la comunicación lograron que los que se encargaban de los servicios públicos no pudieran disponer de medios de comunicación, incluyendo en dichos servicios a las prestaciones telefónicas a fin de evitar así los verdaderos monopolios en telecomunicaciones, lo que se suponía estaba dentro del espíritu de la ley de Medios.

Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández no permitió esa limitación con convencimiento, sino para conseguir algunos votos necesarios.

Fracasada en sus objetivos la ley de Medios, ahora se pretende dar marcha atrás con esa limitación y permitir que las empresas que prestan servicios públicos telefónicos también puedan prestar servicios audiovisuales, borrando con el codo lo que se escribió con la mano, como era de suponer.

La razón de esta marcha atrás y de esta verdadera negación de lo que se supone es la filosofía de la ley no es debido a ningún requerimiento tecnológico, sino a proseguir la lucha contra los medios independientes, a los que si no se los pudo destruir mediante el desguace sí se los buscará eliminar mediante la incorporación de monopolios u oligopolios extranjeros.

Porque es bien sabido que al “gobierno nacional y popular” sólo le interesan aquellas cosas nacionales que comulgan con su ideología política y sus intereses partidarios, mientras que el resto de los argentinos son vistos como enemigos, tanto como para ser capaces de convocar a grandes empresas multinaciones a fin de que colaboren en su exterminio.

En síntesis, la ley de Medios y la ley de Telecomunicaciones se contradicen absolutamente, incluso en sus fundamentos formales. Una dice querer aumentar la pluralidad de voces dividiendo los multimedios existentes o poniéndole un límite a su crecimiento.

La otra convoca a las empresas extranjeras de servicios públicos telefónicos a que compitan en los contenidos que legisla la ley de Medios, lo que esta ley prohíbe expresamente. Pero acá lo importante es acabar con la libertad de expresión, ya sea con la excusa de la pluralidad de voces como con la de las necesidades tecnológicas de unificar contenidos.

Nunca en mucho tiempo un gobierno había hecho tanto en contra de la independencia de los medios de comunicación. Pero tampoco nunca antes la sociedad había respondido con tanta fuerza apoyando a todos los que aún creen que es posible y necesario criticar al poder, si queremos en serio vivir en una democracia auténtica.