Ley petrolera: hubo acuerdo con Cristina

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores de las provincias petroleras anunciaron formalmente anoche un acuerdo para reformar la ley de hidrocarburos, al término de una jornada de tensas negociaciones, sobre todo por las exigencias de Neuquén.

Los gobernadores, entre ellos el mendocino Francisco Pérez, y en algunos casos funcionarios de las diez provincias que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, (Ofephi) se trasladaron anoche a la residencia de Olivos, donde aguardaron el regreso de la jefa de Estado de una visita a Formosa para firmar luego el acuerdo que será un proyecto de ley que el Gobierno prevé enviar cuanto antes al Congreso.

El acuerdo se alcanzó luego de intensas deliberaciones sobre la base del cuarto borrador, en poco más de tres meses desde que empezó la discusión, que les acercó el jueves pasado el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, a los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi (presidente de la Ofephi), y de Neuquén, Jorge Sapag. Las negociaciones involucraron por parte del Gobierno nacional al propio Zannini; al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al presidente de YPF, Miguel Galuccio.

La primera conclusión que se desprende del acuerdo es que las provincias consiguieron algunos de sus reclamos, en tanto la Nación no accedió a otras. En el primer caso, los Estados petroleros lograron llevar las regalías a un máximo de 18 por ciento (sumando de a 3 puntos tras cada extensión de concesión), cuando YPF pretendía que se mantuvieran en 12 por ciento, como también que corra por su cuenta, aunque con posterior aprobación de la Nación, la definición de un marco impositivo común (en referncia a la alícuota de Ingresos Brutos) y de los pliegos modelo para las licitaciones, que deberán estar listos en seis meses.

La Nación, en cambio, no accedió a incorporar el pago de un canon inicial por parte de los futuros inversores, como tampoco el esquema de “carry” o acarreo que permite a las provincias, a través de sus empresas de energía, acceder a un porcentaje de la renta sin hacer aportes de capital en la etapa inicial de la inversión, que fue el detonante del conflicto. A cambio, las provincias lograron que se fije un piso de 2,5% del monto inicial de inversión que las empresas deberán volcar en mejoras  de infraestructura.

Otro punto que impuso fue la prolongación de las concesiones a 35 y 30 años para áreas de petróleo no convencional y convencional, respectivamente.

Las negociaciones se extendieron a lo largo del día por la dureza del gobernador de Neuquén. Sapag pretendía mantener el cobro de un canon inicial, pero la posición  de YPF fue de rechazo por considerar que una suerte de “peaje” conspiraría contra la necesidad de atraer multimillonarias inversiones en dólares requeridas para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. También exigía mantener el cobro de un bono por prórroga de las concesiones en un 3 por ciento, que finalmente quedó fijado en 1,5 por ciento del total de las regalías remanentes, tomando como base el precio promedio de la cuenca hicrocarburífera en cuestión.

La jornada comenzó con una sui generis reunión de la Ofephi en la Casa de Mendoza. Hasta allí sólo llegaron el anfitrión Pérez y los gobernadores de La Pampa (Oscar Jorge), Tierra del Fuego (Fabiana Ríos) y Río Negro (Alberto Weretilnek), como también funcionarios de Salta y Santa Cruz. Con una demora de dos horas, comenzó la reunión para debatir la propuesta, vía videoconferencia, con la sede de YPF en Puerto Madero, donde se encontraban Galuccio, Sapag y Buzzi. “Restan ajustar detalles menores del proyecto, pero es inminente el acuerdo final”, dijo pasadas cuatro horas el mendocino Pérez.

Junto a los demás participantes de la reunión en la Casa de Mendoza, se aprestaba a partir hacia Olivos, donde la agenda preveía el encuentro con la Presidenta a las 16, cuando una llamada de Buzzi les anunció la postergación de la cita para después del regreso de Cristina de Formosa. Pero hasta tanto, Sapag volvió a plantear sus reclamos a Galuccio en la sede de YPF, cuando al momento en que estaba retirándose apareció el resto de los gobernadores, a los que el neuquino se sumó. Siguieron dos horas largas de intensa negociación hasta alcanzar el acuerdo final que llevaron a Olivos para la foto con Cristina.

Cuáles fueron las razones que llevaron a Sapag a poner su firma se desconocen. Las conjeturas indican que el Gobierno nacional habría accedido a alguna concesión en otro aspecto, todo en función no sólo de allanar el camino hacia el acuerdo sino también ante la necesidad de contar hoy con los tres diputados del Movimiento Popular Neuquino para lograr el quórum que le permita votar del proyecto de ley de abastecimiento.

Los puntos destacados

Los Andes accedió a los puntos del acuerdo firmado ayer:

Se establecen reglas claras y transparentes para las nuevas inversiones a través de licitaciones competitivas para nuevos permisos y concesiones.

Se establecen condiciones homogéneas favorables a la inversión exploratoria a través de un pliego uniforme para todo el país a acordar entre Nación y Provincias.

Se promueve la plena competencia entre los actores mediante la supresión de las reservas de áreas para el futuro y de los esquemas de ingreso a las áreas con la finalidad de privilegiar la inversión.

Se incentiva la inversión en proyectos de alto riesgo como pueden ser el no convencional o el off shore, ampliando y diferenciando los plazos de concesión: 35 años para no convencionales y 30 años para offshore.

Para acelerar los plazos de exploración, desincentivar la inversión especulativa y acelerar los tiempos de desarrollo, se establecen plazos más cortos para la exploración.

Se establece un horizonte de previsibilidad para maximizar las inversiones en las áreas productivas permitiendo las prórrogas por 10 años para concesiones existentes y el operador haya cumplido con las inversiones comprometidas. En cada prórroga el concesionario deberá pagar una regalía adicional del 3% en cada extensión, con un tope del 18%.

Se otorga previsibilidad al bono que actualmente cobran las provincias en la extensión de las concesiones, fijando por ley el esquema de percepción sobre las reservas probadas remanentes. No debe confundirse este bono con un canon o pago por ingreso a un área.

Para incentivar la inversión real extranjera, se le otorga rango de ley a los beneficios contemplados en el decreto 929/13 ampliando su alcance a proyectos de inversión superiores a U$S 250 millones, otorgando libre disponibilidad de las divisas, del 20% para proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore (sólo en el caso que haya exportación de hidrocarburos).

Las empresas aportarán como RSE a las provincias productoras el 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado Nacional aportará fondos para financiar obras de infraestructura.