El viernes último, a 24 horas de haber asumido como Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé firmó su primera resolución, la 392, en la que concretó una parte de sus primeras promesas de gestión como jefe de los fiscales: disolvió las fiscalías de delitos complejos y creó las dos primeras fiscalías “especializadas” en algún tipo de delito.
Así, los tres fiscales de delitos complejos seguirán con las causas que tienen hasta ahora, pero a partir de la resolución se dedicarán a un tipo específico de delito: el robo de automotores por un lado, y los homicidios y la violencia institucional por el otro.
La fenecida Unidad de Delitos Complejos contiene las fiscalías 16, 17 y 18. Juan Manuel Bancalari es el titular de la Fiscalía de Instrucción 16; a partir de ahora será la unidad fiscal que investigará la sustracción de automotores, incluyendo camiones y su carga, es decir que también entenderá en los crímenes vinculados a piratas del asfalto.
La fiscalía 17 está a cargo de Santiago Garay y la 18 es conducida por Claudia Ríos. Ambas conformarán la Unidad Fiscal de homicidios y violencia institucional. “La Unidad Fiscal de Homicidios entenderá en todos los homicidios dolosos y culposos, averiguación de muerte, averiguación de paradero, lesiones dolosas graves y gravísimas y violencia institucional ocurridos en primera circunscripción judicial”, describe el texto.
La unidad de Delitos Complejos fue creada para que se investiguen los crímenes más resonantes, de alto impacto social y mediático, así como los casos de corrupción. Allí estaban el conocido como caso Mátar, dónde está imputado el ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán por pagar sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación (Garay); también está la investigación de una supuesta dádiva al ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas, quien hasta ahora no ha podido explicar cómo compró un lote en Dalvian (Ríos); también se investiga la prórroga de la concesión petrolera a la empresa Chañares Herrados SA por la que está imputado el ex gobernador Francisco Pérez (Bancalari); o la causa por la que está imputado el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, quien supuestamente habría pagado el sueldo de la empleada doméstica de su suegra con un contrato en la comuna (Garay).
Esas causas quedarán en manos de esos fiscales hasta que se resuelvan. Las que vengan de acá en más, aún no se sabe.
