Podrán cobrar multas a mendocinos que no voten

"En 2015, si hubiéramos cobrado la multa a los que no fueron a votar, hubiéramos financiado la mitad de las elecciones", lanzó el secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, en medio del debate por la reforma de las PASO.

El funcionario aseguró que por no haberse generado un código fiscal desde el Ministerio de Hacienda en el gobierno anterior, la Provincia no pudo cobrar los 50 pesos a quienes no fueron a votar. Y sin esta posibilidad, se perdió la oportunidad de recaudar cerca de 36 millones de pesos.

Los datos se conocen en la discusión por la reforma de las PASO, la ley 8.619. Más allá del debate político que se concentra en un puñado de temas (colectoras, cupo femenino, y fechas electorales), hay otras modificaciones que intentarán mejorar la experiencia de 2015. En aquel año hubo nueve votaciones (seis fueron organizadas por la provincia) y se gastaron cerca de 70 millones de pesos en el proceso electoral.

Dos años después, y frente a una nueva elección, tanto en el Gobierno como en la oposición toman nota de los cambios que pueden mejorar la práctica de ir a votar, tanto para los electores como para el Estado. De allí surgió la idea de cumplir con lo que ya se debería haber hecho.

A esto también se suman otras ideas. Una de ellas es que las autoridades de mesa sean docentes y empleados del Poder Judicial, quienes deberán capacitarse y podrán obtener puntos.

La Policía también deberá tomar un curso para poder trabajar en una elección. “Nos pasó que había policías que no sabían qué hacer. Algunos hasta estaban en las cocinas de las escuelas tomando mate”, contó Puebla.

La multa que no se cobró.

Según explicaron, tanto en  2015 como en cada elección, se suele mantener la constante de casi un 30 por ciento de mendocinos que no van a votar. Traducido en números, son 360 mil habitantes aproximadamente que no asisten al cuarto oscuro, de un total de 1,2 millón de habitantes habilitados para votar.

Esta inasistencia es considerada como una infracción, ya que el voto para los mayores de 18 y hasta los 70 años, es obligatorio. La multa por no ir a votar es de 50 pesos por elección, además de la inhabilitación durante tres años para desempeñarse en cargos públicos (para consultar el registro de infractores, se puede acceder a la dirección electrónica infractores.padron.gov.ar).

A partir de ese dato comienzan las cuentas. De haberse pagado esta infracción hace dos años, se habría recaudado 18 millones de pesos, cifra que se tiene que multiplicar por dos si se cuentan las PASO y las generales.

“La Junta gastó un poco más de 40 millones, a los que se suman los 30 millones en gastos de impresión de boletas, que es lo que entregó el Gobierno provincial a los partidos políticos. Nunca supe lo  que se gastó en propaganda audiovisual. Pero podemos decir que la elección en general tuvo un costo cercano a los 70 millones”, señaló Puebla y de ahí concluyó que el cobro de la multa hubiera cubierto la mitad del gasto que afrontó la Provincia.

Un dato aparte es lo que puede pasar esta vez. “Sin la aplicación del voto electrónico, el costo, si se separa del calendario nacional, es de 80 millones de pesos. En cambio, si la elección es simultánea, a Mendoza le saldrá 8 millones de pesos, porque la mayoría de los gastos los absorbe la Nación”, comentó Puebla en la reunión con los legisladores el lunes pasado.

Según el secretario de la Junta Electoral, desde 2015 hasta ahora se han acercado los infractores a querer regularizar su situación y darse de baja del registro. “Al no tener el código, la gente no puede pagar la multa”, señaló en referencia al incumplimiento del Ministerio Hacienda del anterior gobierno justicialista.

La modificación de la ley  de las PASO propone que, a partir de ahora, todas las multas que se establecen en el conjunto de las leyes electorales, “sean ingresadas a Rentas Generales, por lo que el Ministerio de Hacienda deberá crear el código o nomenclador fiscal correspondiente a fin de la cancelación de las multas”.

Estas infracciones son varias: ausentarse de la votación o de la convocatoria para ser autoridad de mesa, expender bebidas alcohólicas durante el comicio, realizar algún tipo de reunión pública, entre otras. También hay  penas para los partidos políticos y candidatos que no cumplen con determinadas disposiciones, contempladas en las leyes de Partidos Políticos y Electoral.

La idea para que no falten autoridades de mesa

Una de las preocupaciones hace dos años fueron las numerosas deserciones de las autoridades de mesa convocadas. En aquel momento, la noticia fue el “faltazo” de los convocados para ser presidentes y vicepresidentes a las PASO, y la proliferación de certificados médicos que diagnosticaban gastroenteritis.

“Nos quedamos casi con la mitad de las autoridades y algunas mesas arrancaron a las 10 de la mañana”, recordó Puebla y dijo que para las generales de aquel año, designó a maestras y empleados del Poder Judicial.

En este punto, Puebla reflexionó: “La gente por $ 500 no va, y si ve que el panorama es muy complicado, directamente abandona la función”. De allí, que el desafío fue buscar otro “atractivo”.

“Podríamos proponer a los educadores y empleados del Poder Judicial, amén de pagarles, reconocerles también un puntaje que aporte al crecimiento de su carrera. Hay una capacitación que aprobó la Dirección General de Escuelas y que es un curso al que se le asignó un puntaje”, explicó el funcionario. La misma materia se ofrecerá a la Policía.