El enojo oficial por el fallo de la Suprema Corte, que pone límites a las detenciones, crece día a día, a tal punto que el gobernador, Alfredo Cornejo, suspendió ayer su descanso navideño para debatir por teleconferencia las consecuencias de esa decisión judicial con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La conclusión a la que llegaron es que intentarán que no se aplique.
Los gobiernos nacional y provincial decidieron coordinar acciones con el objetivo de que la resolución no se ejecute por ahora. La salida que ven es que el mismo tribunal dicte una acordada de suspensión o prórroga, hasta tanto se convoque a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia para consensuar acciones.
El miércoles, la Suprema Corte mendocina avaló un hábeas corpus presentado por la asociación de protección de los derechos humanos Xumek, a fin de hacer respetar los plazos que deben cumplir fiscales y jueces de garantías ante cada detención y también circunscribir el uso de la prisión preventiva a una medida de última instancia.
El fallo en cuestión, adelantado por este diario en su edición del jueves, fija que ante cada detención los fiscales deberán informar a los jueces de garantías dentro de las 24 horas de producida y estos, a su vez, tendrán también 24 horas para resolver si corresponde o no mantener en prisión a esa persona.
Sobre la prisión preventiva, definió que “debe ser ordenada en el término de diez días contados a partir de la imputación o, en su caso, de seis días desde la detención o, a falta de ella, desde la indagatoria”. Aunque previamente se debe evaluar “aplicar medidas alternativas” o la “modalidad domiciliaria”.
Pero el Gobierno apuntó sobre todo al punto 3.2 de la parte resolutiva, que dispone “regularizar en el plazo de 60 días la situación procesal de las personas detenidas sin orden del juez competente”.
Esos casos, que en octubre cuando se presentó el hábeas corpus eran 874, son los que motivaron inicialmente el planteo, que hace hincapié también en el hacinamiento de los penales mendocinos, en parte por los miles de procesados sin condena allí alojados.
La fundamentación de la resolución judicial (que tiene 81 páginas) estuvo a cargo del ministro de la Suprema Corte, Omar Palermo, ubicado en el sector garantista de la Justicia y designado por el ex gobernador Francisco Pérez, pero fue avalada por sus colegas Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Julio Gómez.
El lunes pasado hubo una reunión entre miembros de la Suprema Corte y el ministro de Seguridad, Gianni Venier, precisamente para abordar la problemática penitenciaria. Hay dos versiones de lo que allí se dijo sobre el hábeas corpus.
Desde la Justicia dejaron trascender, a los organismos de derechos humanos, que informaron al funcionario sobre la inminente definición. En el Gobierno aseguraron todo lo contrario: dicen que uno de los jueces les garantizó que no avalarían el planteo. De allí la sorpresa y enojo cuando dos días después se enteraron del fallo, a apenas dos semanas de haber asumido y una antes del inicio de la feria judicial.
La sospecha de una razón “política” detrás de la decisión, para marcar la cancha el nuevo gobierno, la blanqueó ayer el diputado nacional Luis Petri a este diario: “Durante ocho años (de gobiernos justicialistas) no se invirtió en infraestructura carcelaria y no hubo fallo ni presentación de las ONG´s de derechos humanos”.
Frente común
La decisión cayó en el Poder Ejecutivo como una "bomba neutrónica", según definieron muy cerca de Cornejo. El jueves mismo comenzó una embestida política, con declaraciones de funcionarios de primera línea, incluida la vicegobernadora Laura Montero, que siguió ayer (ver aparte) y llegó a su clímax ayer con la charla entre el Gobernador y Bullrich.
La teleconferencia navideña sentó a una misma mesa virtual a la ministra nacional, Cornejo, Venier, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané.
Según un comunicado de prensa difundido ayer a la tarde, la decisión posee diversos efectos, entre los cuales destacaron: “crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de 'gravedad institucional' al provocar una situación de emergencia de seguridad”.
En el mismo texto se dice que los funcionarios nacionales y provinciales evaluaron que “fue una decisión de la Suprema Corte para adentro del Poder Judicial” y pusieron en duda que las disposiciones del Máximo Tribunal sean factibles de ser aplicadas: “Mendoza está lejos del esquema ideal en procesos penales, por lo que es una incógnita saber si el Poder Judicial estará a la altura de aplicar estas nuevas disposiciones”.
Al término de la teleconferencia, Bullrich fue contundente a través de Twitter: “Este fallo crea un ambiente de indefensión en la población de la provincia de Mendoza”.
Defienden la decisión y niegan liberaciones
Desde la asociación Xumek, impulsora del hábeas corpus que derivó en el fallo de la Suprema Corte, se mostraron sorprendidos por la reacción oficial y creen que se debió a un desconocimiento del contenido exacto de la resolución.
El abogado Lucas Lecour, presidente de la ONG, aseguró a Los Andes que el fallo no hace otra cosa que "dar vigencia a normas que contempla el Código Procesal Penal que se aplica en Mendoza desde hace más de una década y que la práctica judicial cotidiana había dejado de tener en cuenta".
Por eso, rechazó de plano que sea un fallo ‘sacapresos’ y que habilite la ‘puerta giratoria’.
El abogado explicó que cuando se puso como plazo 24 horas para informar al juez de garantías y otras 24 para que éste resuelva, fue “para evitar abusos y un posterior daño” a quien sea detenido sin razón.
En este sentido, negó que vencido ese plazo “los detenidos vayan a quedar libres si el fiscal no informó o si el juez no resolvió. En todo caso, se hará cargo otro magistrado del caso. La libertad la van a obtener sólo si un juez así lo considera”.
Sobre la intencionalidad política que pudo tener la presentación de Xumek, Lecour dijo que lo hicieron sólo porque “la situación de hacinamiento ha empeorado en los últimos años” y no por otros motivos. Así como dijo desconocer si hubo algún otro fin que el estrictamente jurídico en la Suprema Corte.
“El fallo no puede ser contra Cornejo porque no afecta al Ejecutivo, sino que ordena al Poder Judicial a trabajar más. Fue la desidia de jueces y fiscales lo que llevó a esta decisión”, argumentó el abogado.
