El Gobierno nacional propondrá hoy ante la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia el análisis del trasvase de aguas del río Grande al Atuel y del aporte a su financiamiento para resolver el histórico litigio hídrico entre Mendoza y La Pampa.
El anticipo de esa propuesta lo hizo anoche a Los Andes el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, principal representante de la administración nacional que participará de la audiencia convocada a pedido de La Pampa y a la que fue invitado por el máximo tribunal.
“El interés de la Nación al hacer esta propuesta es dejar en claro que si ambas provincias lo aceptan, estamos interesados en analizar el trasvase como una alternativa a que se garantice agua (para La Pampa)”, dijo el funcionario.
Bereciartúa insistió además en dejar en claro que su interés y el de la Nación se fundan en el hecho de haber intentado en agosto de 2016 una solución entre las partes, con la convocatoria a una reunión de la que participó el gobernador peronista pampeano Carlos Verna, pero no así su par mendocino, el radical Alfredo Cornejo, en cuyo lugar asistió la vice Laura Montero. De la ausencia de Cornejo se tomó Verna para sumar un argumento más en su pedido de audiencia pública ante la Corte.
El propósito de esa reunión que se vio frustrada era volver al punto de acuerdo alcanzado en 2008 y poner recursos nacionales para concretarlo. El acuerdo de hace nueve años había sido firmado por el pampeano Oscar Jorge y el mendocino Celso Jaque. Fue ratificado entonces por la Legislatura de La Pampa, pero no así por la de nuestra provincia.
En ese sentido, Bereciartúa dijo que la posibilidad del trasvase del Grande al Atuel “está en el espíritu” de los fundamentos constitutivos del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) que también integran las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, hace 41 años.
Anticipó que además la Nación planteará ante la audiencia su compromiso de “derivar recursos para ir a soluciones más de fondo, sea el trasvase o cualquier otra”, y subrayó que este tema, como el Plan del Agua anunciado por el Gobierno nacional y del que él es su principal conductor, son “una prioridad” para el presidente Mauricio Macri y para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Bereciartúa se abstuvo de opinar respecto de declaraciones que hizo días atrás Verna, cuando aseguró que sólo conciliará prácticamente descartó la opción que hoy planteará el Gobierno nacional.
“Me preguntan si estoy dispuesto a conciliar, yo estoy dispuesto a conciliar sólo si hay agua del Atuel en la provincia, no me vengan con el cuento de que me van a derivar agua del Grande”, sostuvo en declaraciones periodísticas.
La audiencia, que comenzará a las 10 en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales, fue solicitada por La Pampa a fin de que se declare el incumplimiento por parte de Mendoza de diversas obligaciones vinculadas con la regulación de los usos del Atuel, y que se le prohíba efectuar cualquier tipo de acción u obra sobre el referido río y sus afluentes que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que deba llegar a su territorio, entre otras pretensiones acumuladas.
Mendoza, por su parte, planteó la excepción de cosa juzgada, entre otras defensas, por considerar que la pretensión de La Pampa no es más que un replanteo de lo ya resuelto en la sentencia de la Corte del 8 de diciembre de 1987. Sostiene además que ha cumplido con las obligaciones emergentes de ese pronunciamiento y con las asumidas en los acuerdos posteriores.
Asimismo, el Gobierno mendocino afirmó que no le cabe responsabilidad alguna por el estado ambiental actual del territorio pampeano, sino que ese escenario se derivaría de razones naturales y de las omisiones en materia de políticas públicas en las que habrían incurrido La Pampa y el Estado nacional.
A la audiencia asistirán los gobernadores Cornejo y Verna, como también su antecesor Jorge, cada uno acompañado por delegaciones que incluyen a los fiscales de Estado y constitucionalistas contratados para el caso.
“Lo que La Pampa está solicitando es el escurrimiento permanente del río Atuel, ese es el eje de la discusión, más que la cuestión económica”, explicó ayer el secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel.
Por su parte, el ministro de Gobierno mendocino, Dalmiro Garay, adelantó días atrás que buscarán “ilustrarle a la Corte que la Provincia, lejos de mal usar el agua, la usa muy bien y ni siquiera logra regar la cantidad de hectáreas que la propia Corte le dio en la sentencia del '87. No es un problema de desmanejo en el uso del agua, sino por el contrario, los malos años hídricos que hemos tenido en las últimas décadas nos impiden poder regar lo que tenemos derecho a hacer y obviamente pasar agua con un caudal pluriecológico, como está pidiendo La Pampa”.
Cornejo y Verna, cara a cara
Hoy se verán las caras las dos partes de una pelea que parece interminable. A partir de las 10 empezarán a pasar los representantes de cada una de las partes. La Corte ha determinado que cada delegación no puede exceder las 15 personas.
Allí estarán los gobernadores de ambas provincias, Alfredo Cornejo y Carlos Verna; los fiscales de Estado Fernando Simón y José Vanini; los constitucionalistas Alberto Bianchi por nuestra provincia y Andrés Gil Domínguez por La Pampa. Entre todos ellos se consumirán los 40 minutos de cada provincia.
También estarán los “amicus curiae”. En la previa se habían anotado 33 amigos, 18 de Mendoza y 14 de la vecina provincia; el número 33 es la sorpresa, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, que se considera un neutral, que supuestamente ofrecería una perspectiva equidistante de ambas posiciones. Según cuentan, quiere ofrecer una perspectiva para la solución consensuada del problema.
Pero de todos esos anotados, la Corte sólo admitió siete; tres por cada provincia y el centro de estudios de la UBA. Los amigos de La Pampa son el hidrogeólogo Carlos Juan Schulz, la representación de las comunidades indígenas y la Universidad Nacional de La Pampa.
Los de Mendoza son el superintendente del Departamento General de Irrigación Sergio Marinelli, la Universidad de Mendoza y a la Federación Agraria Argentina, filial General Alvear.
Como se ve, los amigos de cada facción son casi un espejo; una universidad, un técnico del agua y representantes de la sociedad civil por lado. Cada uno de estos amigos tendrá 10 minutos para exponer sus argumentos. El resto de los anotados que no pasaron el cedazo de la Corte podrán presentar su argumentos por escrito.
