La Nación envío al Congreso 6 proyectos en materia de seguridad y justicia

El Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso nacional de 6 proyectos de ley en materia de seguridad y justicia, que fueron analizados en la reunión de gabinete que encabezó esta mañana el presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno.

En rueda de prensa, tras la reunión de gabinete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que desde su cartera se envió un proyecto sobre delitos cometidos en flagrancia, otro que incorpora técnicas de investigación y regula la figura del agente informante, y un tercero que prevé la penalización del desvío de los precursores químicos.

"Hemos hecho un trabajo de recopilación de los proyectos presentados en el Congreso a lo largo de los últimos 20 años. Es un trabajo colectivo y todas esas iniciativas figuran como antecedentes", indicó Bullrich.

A su vez, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, habló sobre tres proyectos de ley que buscan lograr un "abordaje integral" de la criminalidad organizada y delitos comunes, con el objetivo de dar "agilidad" a los procedimientos judiciales y que la Justicia no funcione como "una puerta giratoria".

"El gobierno está articulando una política integral frente al crimen, tanto de los delitos complejos como de los delitos menores, que son los que nos golpean todos los días, para agilizar los procesos judiciales, algo que reclaman jueces y fiscales", dijo el ministro de Justicia durante la conferencia de prensa que compartió con la ministro de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña, en Casa de Gobierno.

El ministro precisó que el primero de estos tres proyectos de ley “unifica el fuero de instrucción y correccional” de la Justicia nacional, una medida que tiene un impacto importante en la flagrancia (algo que se está ejecutando en el momento o que resulta tan evidente que no necesita pruebas) porque -dijo- “rompe la dinámica de la puerta giratoria", y permite "utilizar de mejor manera los recursos que hoy tiene la Justicia nacional".

Según admitió, gran parte de los casos presentan “cuestiones de competencia” que impiden que la Justicia avance, y otros, vinculados con delitos menores, tienen tanta “desorganización” que “la Justicia no llega a reaccionar a tiempo”.

El segundo proyecto, explicó, tiene que ver con transformar los tribunales orales criminales en federales, lo que permitiría “avanzar con juicios unipersonales”.

“Hoy tres jueces se ocupan de firmar juicios abreviados o probations, y esto permitiría que en delitos de penas de hasta seis años, se puedan abordar indivudualmente, lo que multiplica por tres los recursos”, dijo, y recordó que ese sistema se utiliza en provincias como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

El tercer proyecto fue calificado por el funcionario como "clave" y tiene que ver con "objetivos estratégicos", como el "fortalecimiento de la Justicia", y en este punto mencionó el "traspaso de algunas competencias y tribunales a la Ciudad de Buenos Aires”, y la “implementación del Código Procesal Penal".

Respecto del Código Procesal Penal, remarcó la necesidad de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, un punto que también incluye este paquete de proyectos.

Según explicó, “por tendencia del gobierno anterior, el Ministerio Público Fiscal acumulaba poder”, algo que “no es compatible con el sistema acusatorio, que trata de dividir poder y roles entre los diferentes actores, es decir los fiscales y los jueces, los fiscales investigando, y los jueces como garantía".

Por eso, agregó, “se sumará la figura de subprocuradores (proyecto de Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto), para concentrar los esfuerzos de fiscales en materia de combate de narcotráfico”, y “se le dará un rol central al Consejo de Fiscales, un organismo democrático que había quedado como figura decorativa".